Para optar a ser un profesor público no podrían estar afiliado a un movimiento que vaya en detrimento del «sistema democrático».
El Gobierno de Perú presentó el miércoles ante el Congreso de la República un proyecto de ley que plantea como requisito o posible causa de destitución de profesores tener «ideologías contrarias» a la Constitución.
El documento, de 34 páginas, contempla como condición para postular a la carrera pública magisterial «no ser a título personal o integrante, miembro, afiliado, representante, o pertenecer a una organización, movimiento o cualquier forma de agrupación cuya ideología o actos sean contrarios al orden constitucional, al sistema democrático y/o al respeto a los derechos humanos».
Por los mismos motivos podrían ser cesados. Igualmente, el reglamento respeta el «principio de legalidad y el debido proceso» para cada caso.
Actualmente el pleno del Parlamento está en receso y la legislación está prevista que comience en marzo próximo. No obstante, la mandataria peruana Dina Boluarte le pidió al presidente del órgano legislativo, Alejandro Soto Reyes, «disponer su trámite con el carácter de urgente».
«Los docentes están obligados a cumplir con los objetivos de la currícula escolar, y también a enseñar sobre la base de los valores cívicos y la defensa de la Constitución. Solo así nuestras niñas, niños y adolescentes podrán acceder a la ciudadanía plena«, afirmó a inicios de mes el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Reacciones
El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga fue consultado este jueves por la prensa local al respecto y se mostró favorable. «Los que han purgado prisión por terrorismo o han estado metidos en actos terroristas, claramente demostrado, no pueden egresar a la administración pública, eso es una barbaridad«, exclamó.
Sin embargo, otros parlamentarios se han manifestado en contra, como el izquierdista Guido Bellido, quien puntualizó que «la ignorancia sobre los preceptos constitucionales parece no tener límites».
«Sería mejor considerar no aptos para ocupar cargos públicos a aquellos que proponen leyes contrarias a los derechos fundamentales de las personas», añadió en la red social X.
La legisladora Silvana Robles, quien fue brevemente ministra de Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), aseveró que «en el estado de ‘democracia’ que pregona el régimen de Boluarte-Otárola, hoy se busca censurar al profesor que vaya en contra de la ideología de una Constitución ultraneoliberal aliada del fujimontesinismo».
actualidad.rt.com
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