Amazonia colombiana amenazada por grupos armados ilegales

Los grupos armados ilegales están presentes en 33 de los 35 municipios dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz). Estos incluyen los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas, dijo Indepaz a Diálogo el 29 de enero.

Los grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, entre otros, amenazan a los miembros de esas comunidades, los reclutan en sus filas e incluso les proporcionan identificaciones para “permitirles” viajar por la región y regresar a sus hogares, dijo Indepaz.

También fueron registradas extorsiones y asesinatos de líderes, al mismo tiempo que instalaron artefactos explosivos y destruyeron infraestructura de telecomunicaciones.

Los grupos criminales también niegan la entrada a los guardaparques, declarándolos “objetivos militares”, en otras palabras, si entran en estas áreas, serán asesinados.

En medio de las acciones de “paz total”, el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció, el 26 de enero, que un grupo de delincuentes retuvo de forma violenta e ilegal a seis adultos y dos menores, que habitaban en el resguardo indígena de Paniquita, municipio de Tororó. Ante la presión de las autoridades locales liberaron a los secuestrados, pero aún se desconoce el motivo del rapto y qué grupo armado lo realizó, detalló el 28 de enero el periódico Publimetro Colombia.

“En el departamento del Cauca, el ELN y grupos disidentes de las FARC reclutaron a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021”, denunció Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023 sobre Colombia. “Miembros de comunidades indígenas nasa que se oponen a los abusos por parte de los grupos armados son amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre delincuentes rivales, principalmente en el municipio de Argelia, dejaron un saldo de más de 2600 personas desplazadas y confinadas”.

La violencia en el Cauca es mayormente producto de la confrontación entre las disidencias de las FARC y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, desde 2023, busca controlar municipios como Totoró, Jambaló, Caldono, Santander de Quilichao y otros, detalló el periódico El Colombiano.

Aunque los homicidios han disminuido desde el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, la violencia en algunas zonas se ha disparado, ya que los grupos disidentes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros, luchan por el control, informó AP. El plan de “Paz Total” del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha incluido conversaciones de paz y alto el fuego con los grupos armados. A mediados de enero, por ejemplo, el Gobierno colombiano prorrogó el alto el fuego con el grupo FARC-EMC, que expiraba, hasta el 15 de julio.

Sin embargo, la ubicación estratégica que tiene el Pacífico colombiano para las economías ilícitas de estos grupos impide terminar con la violencia. “Lo que vemos es una disputa por la relevancia que tomaron las rutas de drogas”, dijo Andrés Preciado, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, al diario El País de España. “Además, crecieron los cultivos ilícitos. Es el escenario perfecto de consolidación de la economía criminal del narcotráfico”.

Por lo anterior, proteger a los defensores ambientales, combatir las economías criminales y controlar las zonas donde imperan los grupos armados ilegales, son algunos de los desafíos urgente para la paz en Colombia, indicó Mongabay Latam. Los datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia publicados el 9 de enero indicaban que 181 líderes y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2023.

“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro”, aseguró el colombiano Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo. “Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención, y garantías para quienes defienden los derechos humanos”.