
@MinjisticiaCo
En medio de una escalada preocupante de violencia dentro del sistema penitenciario, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dirigido una petición urgente al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), instando a la declaración inmediata de una emergencia carcelaria. Esta medida surge como respuesta a una serie de atentados y asesinatos dirigidos contra los guardianes del INPEC, que han puesto en grave riesgo la seguridad y la estabilidad dentro de las prisiones del país.
Los recientes eventos han generado una profunda alarma tanto a nivel gubernamental como en la opinión pública, destacando la urgente necesidad de abordar las crecientes amenazas que enfrentan los funcionarios encargados de velar por el orden y la seguridad en las cárceles. Se han registrado múltiples incidentes en los que los guardianes del INPEC han sido blanco de ataques directos, lo que ha generado un clima de temor e inseguridad entre el personal penitenciario y los internos por igual.
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El llamado del Ministro de Justicia para la declaración de una emergencia carcelaria busca desencadenar una respuesta coordinada y eficaz para hacer frente a esta crisis, garantizando la protección de la vida y la integridad de todos los involucrados en el sistema penitenciario. Esta medida permitirá la implementación de estrategias y recursos adicionales destinados a fortalecer la seguridad dentro de las cárceles, así como a investigar a fondo los incidentes ocurridos y tomar medidas contundentes contra los responsables.
En última instancia, la solicitud del Ministro Osuna refleja el compromiso del gobierno con la seguridad pública y el estado de derecho, reafirmando la determinación de enfrentar de manera decisiva cualquier amenaza que ponga en peligro la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de justicia penal. Es un llamado a la acción urgente y concertada, destinado a proteger los derechos fundamentales de todos los involucrados en el sistema penitenciario y a restaurar la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en sus instituciones.
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