El Gobierno da pasos para salir de Bankia y se resigna a recuperar al menos el 30% del dinero público inyectado

Mientras el Gobierno avanza para volver a Telefónica tras el desembarco del grupo saudí de telecomunicaciones STC y en el seno del Ejecutivo se debate sobre la participación pública que debería haber en empresas estratégicas, también se dan pasos para salir de Bankia, ahora Caixbank. La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contratado un servicio de asesoramiento en la estrategia de desinversión de la participación que dicho ente ostenta en Caixabank. Se lo ha adjudicado por 80.000 euros a la empresa británica STJ Advisors Group Limited, aunque el valor estimado del contrato es de 540.000, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El FROB requiere de la asesoría financiera externa especializada “con el objetivo de maximizar el retorno de los fondos públicos inyectados” en el rescate a la banca que se produjo tras la crisis económica de 2008 y la orientación comprenderá tanto “la ejecución de la estrategia de desinversión adoptada, en el caso de que ésta se lleve a cabo», como «el análisis y seguimiento de las alternativas posibles y de aquellas decisiones que puedan influir significativamente» en el descuelgue, de acuerdo a lo reflejado en la memoria justificativa de la contratación. En la misma línea, el candidato a presidir el FROB, Álvaro López Barceló, ha aseverado durante su comparecencia este martes en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso que el plan del Estado respecto a Caixabank aúna el mandato de desinversión y la maximización de la recuperación de los fondos públicos. «Cada decisión que se toma en este ámbito se opta por aquello que incremente el valor de la participación y así se deberá hacer cuando se escoja el momento, el instrumento y el tipo de operación para llevar a cabo esa desinversión y teniendo en cuenta no sólo el valor de la acción», sino además «sus perspectivas de evolución futura, su valor relativo y la capacidad de absorción de la demanda que haya en cada momento», ha resumido.

En concreto los fondos inoculados por el FROB en Bankia para evitar su hundimiento ascendieron a 22.424 millones de euros. Desde junio de 2012, como consecuencia de esas ayudas públicas que fueron necesarias para no dejar caer la entidad financiera, el FROB se convirtió en el accionista único de BFA, que, a su vez, era accionista mayoritario de Bankia, con el 68,69%. Tras la fusión por absorción con Caixabank en 2021, el FROB obtuvo una participación de 16,12% en el capital de la última, que se elevó al 17,3% tras un programa de compra de acciones y una reducción de capital aprobada por la entidad. Cuánto logre recuperar el Estado de aquella inversión es todavía una incógnita. La cifra dependerá del valor de las acciones de Caixabank cuando se lleve a cabo su venta. La mejor estimación de lo que el FROB considera «valor recuperable» de su participación en BFA parte del patrimonio neto de dicha entidad, que al terminar 2022, el último ejercicio cerrado, era de 4.959 millones de euros. Esa cifra incluye los 2.122 millones cosechados en las desinversiones realizadas por el FROB, la última en 2017, así como los dividendos cobrados por BFA hasta 2022, que sumaban otros 1.407 millones. A los mencionados 4.959 millones hay que agregar otros 1.385 en plusvalías de la participación no reconocidas en el patrimonio de BFA a esa fecha. En total, el «valor recuperable» sería de 6.344 millones, según se recoge en las cuentas del FROB a 31 de diciembre de 2022 -las de 2023 aún no están cerradas-.

Los 6.344 millones de euros que el FROB estimaba “recuperables» a finales de 2022 se sitúan en el entorno del 29% de los 22.424 millones insuflados por el Estado para esquivar la quiebra de Bankia. Con todo, dicha cuantía se actualizará previsiblemente al alza, cuando BFA y FROB sellen sus cuentas del ejercicio 2023. Pero ese valor no es el que el FROB recuperará. El montante final dependerá no del valor en libros de la participación en BFA, sino del del patrimonio que tenga BFA cuando se liquide y que se verá impactado por el precio al que se traspasen las acciones de CaixaBank. En principio, dicha operación ha de producirse antes de que se escurra 2025, según acordó el Consejo de Ministros en 2022, si bien esa fue la cuarta ampliación del plazo inicial de venta que se realizaba, tras una primera en diciembre de 2016, la segunda en 2018 y la última en febrero de 2021, con lo que un nuevo acuerdo podría prorrogar otra vez el tiempo restante. La decisión sobre el momento óptimo para la desinversión la adoptará la comisión rectora reducida del FROB, tratando de maximizar el dinero recuperado, como ha apuntado López Barceló.

En 2022 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria consiguió unos beneficios contables de 2.217 millones de euros, derivados principalmente de la positiva evolución del valor de mercado de la participación de BFA en Caixabank, que ocasionó un ingreso contable de 1.851 millones. La acción de dicha entidad financiera acumulaba una revalorización de un 142,8%, desde el anuncio de la operación de fusión con Bankia hasta el final de aquel ejercicio y un 146,6% hasta diciembre de 2023. Si bien, aunque 2024 se prevé que será positivo para la banca, el complejo contexto geopolítico internacional implica ciertas dosis de incertidumbre.

Lo que ya es una realidad es que Caixabank consiguió en 2023 un beneficio neto atribuido de 4.816 millones, frente a los 3.129 que atesoró en 2022, lo que supuso un alza del 53,9% y posibilitará la distribución de un dividendo de 2.890 millones. El grupo, que presta servicio a 20,1 millones de clientes a través de una red de alrededor de 4.200 oficinas en España y Portugal, supera los 600.000 millones de euros en activos.

Sobre el desembolso de dinero público para sacar a flote a la banca tras la crisis financiera de 2008 sobrevuelan muchos números. Entre ellos varios sobre lo que será posible o no retornar a las arcas del Estado. El Banco de España cifró en 2019 en 5.225 millones lo recuperado de “las ayudas en forma de apoyo de capital” que alcanzaron los 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), esta última cuantía es capital privado, al salir de las facturas de los propios bancos. Una parte de esos recursos “ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades”, de los que el FROB ha recobrado 4.477 millones y el FGDEC unos 748, a la luz de lo reflejado por el ente regulador en aquella actualización de datos. En 2022, los cálculos se elevaron hasta el entorno de los 6.000 millones y Bankia, cuyo agujero, perforado a golpe de excesos, detonó el rescate, se ha convertido en una esperanza para mejorar el balance.

A la espera del resultado de la operación de desinversión, López Barceló ha querido dejar claro en el Congreso que el FROB no interviene en la gestión ordinaria del día a día de Caixabank, al entender que «corresponde a los gestores de la entidad, incluido cualquier asunto relativo a la sede», después de que el diputado de Vox Pablo Sáez Alonso-Muñumer, preguntara sobre la petición de Junts de que se incentive el traslado de sedes empresariales a Cataluña.