Rui Pinto, el informante de ‘Football Leaks’, entrega sus discos duros a fiscales franceses, alemanes y belgas

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. […] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.