Comienzan las tractoradas: por qué Planas no puede contener a los agricultores

Escasos avances en la reunión entre el Ministerio de Agricultura y las tres principales organizaciones agrarias españolas, conocidas como las OPA. El encuentro de este viernes entre el ministro Luis Planas y COAG, Asaja y UPA terminó con la garantía de que las tractoradas comenzarán la semana que viene en diferentes ciudades españolas, ya que las reivindicaciones del sector no tienen solución a corto plazo. Planas reiteró que está de parte del campo español y cree que las peticiones de los profesionales están justificadas, pero dio a entender que el problema está en Bruselas, y no en Madrid. «No estaríamos aquí si la Comisión Europea hubiera tenido este diálogo hace cuatro años», llegó a decir el titular de Agricultura.

La posición defendida por las OPA fue en realidad parecida a la del ministro. Hay que agilizar burocracia, suavizar las exigencias de los ecorregímenes, garantizar que los supermercados pagan una cantidad justa al campo y endurecer los controles a las importaciones extranjeras. El sector reconoció este viernes que poco puede hacer el ministerio a corto plazo. «De esa reunión no íbamos a salir con un acuerdo que frenase las manifestaciones. No se trata de una petición concreta, el malestar es general«, describe un portavoz agrícola.

Estos son los puntos que se discutieron en la reunión del viernes y la respuesta que dio el ministro a cada uno de ellos.

Una de las principales exigencias del sector este viernes fue agilizar el papeleo que tienen que afrontar las explotaciones, y señalan que las cargas administrativas son cada vez mayores con las nuevas leyes nacionales y la renovación de la PAC. La gran crítica del sector va para el Cuaderno Digital de Explotación, impulsado por el Gobierno español —no está relacionado con la PAC— y que supone registrar en una aplicación móvil las siembras, las recolectas y cualquier producto químico que se eche al cultivo en la explotación. En realidad, hasta el 1 de septiembre de 2024 no será obligatorio para las grandes explotaciones, y las medianas y pequeñas, en septiembre de 2025, mientras que las muy pequeñas estarán exentas.

Planas reconoció que en los últimos años la carga administrativa es mayor, y que se sentará con las comunidades y Bruselas para hablarlo, pero que al tratarse de dinero público hay que garantizar que el dinero se destina a su uso. «Simplificación no puede significar no cumplir con las obligaciones, pero sí hacerlo más sencillo», dijo el ministro. También está demostrado que el seguimiento electrónico del uso de pesticidas y antibióticos en ganado, reduce su consumo.

El rechazo a posibles acuerdos comerciales con Mercosur y Nueva Zelanda, y a los que ya están vigentes con países como Marruecos o Nueva Zelanda, levantan ampollas en el sector porque los alimentos importados no cumplen con las exigencias internas europeas. Los agricultores españoles no son tan duros como los franceses en este punto —que podrían perder su dominio del mercado de la carne de vaca por la ternera argentina y brasileña—, pero quieren garantías de que podrán competir con estos productos.

El titular de Agricultura dijo que pedirá a Bruselas mejorar el control aduanero. «Hay contingentes de arancel cero o arancel reducido, y hemos instado a la Comisión a cumplir con las cantidades pactadas«, afirmó. También destacó que en los últimos doce meses la balanza comercial agrícola española ha tenido un superávit de 14.000 millones.

Sobre comercio con países externos a la UE, Luis Planas habló de las cláusulas espejo, una propuesta que quiere incorporar a futuros acuerdos comerciales de los 27 con terceros. Supone garantizar que los productos importados también tengan estándares medioambientales y laborales a la europea, aunque reconoció que no tiene todavía el apoyo de la mayoría de países del bloque.

Las transferencias de la PAC 2023-2027 incluyen una partida de ayudas directas a España de 6.420 millones a lo largo del lustro. En el periodo anterior, el cobro del complemento llamado «pago verde» se daba a todos los agricultores sin prácticamente condiciones, pero esa partida se ha sustituido ahora por los ecorregímenes, unas transferencias que a cambio exige medidas agroecológicas en las explotaciones. Basta con elegir una de las siete que hay, entre ellas, plantar coberturas vegetales, realizar siembras directas (sin arado) o fomentar la biodiversidad.

El campo critica que suponen un trabajo añadido para agricultores y ganaderos por un dinero que antes recibían sin contrapartes, y que en algunos casos suponen perder tamaño para el cultivo, aunque algunas prácticas también mejoran la calidad de la tierra y su eficiencia. Además, el Gobierno español suavizó las exigencias de los ecorregímenes el año pasado por la situación de sequía.

Planas contestó en este punto que el 75% de los profesionales cumplieron con estas prácticas en 2023 y que está «satisfecho», pero que estudiará suavizar de nuevo los ecorregímenes en el sur de España debido a la sequía.

El sector agrícola coincide en que la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021 es una buena normativa que protege al campo, pero cree que se sigue incumpliendo en muchos casos su principal medida: que todos los eslabones de la cadena alimentaria tengan sus costes cubiertos al vender un producto. También, que las multas son bajas y animan a grandes comercios a incumplir la ley.

Agricultura transmitió que en febrero habrá dos reuniones de alto nivel para mejorar su aplicación, aunque dijo que ya han mejorado el cuerpo de inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y han puesto en marcha el registro electrónico de contratos.

Una de las principales reclamaciones de la ganadería es rebajar las exigencias de bienestar animal, endurecidas con la ley que entró en vigor en 2023. Incluye una reducción drástica del número de animales que se pueden tener por metro cuadrado, aumenta las exigencias en su transporte y establece plazos de crecimiento para no cebarlos en las granjas. El año pasado también se aprobó la creación de la figura del Veterinario de Explotación, una persona que vista regularmente las explotaciones para garantizar que los animales viven en buenas condiciones, una figura que genera desconfianza en el sector.

El ministro señaló a gobiernos autonómicos que han usado la sanidad animal para jalear al electorado, especialmente Vox en Castilla y León, aunque no propuso soluciones para las demandas de los ganaderos. «Hay que dejar fuera el debate partidario y sectario. Nuestros ganaderos hacen un esfuerzo formidable para que seamos uno de los líderes del mundo en sanidad animal», dijo

La reunión también abordó la situación complicada por la que pasa el sistema de seguros agrarios, ya que cada año las indemnizaciones agrarias alcanzan una cifra récord por el impacto del cambio climático, y el Gobierno propondrá medidas para impulsar la adaptación de cultivos a las nuevas condiciones de escasez de agua y de tormentas y granizos más agresivos.

Se habló, además, de las dificultades del sector para atraer gente joven a trabajar, y las organizaciones agrarias señalan a la llegada de grandes fondos de inversión extranjeros, que compran tierras a gran escala las mejores tierras que tienen permisos de riego, e impiden a las nuevas generaciones hacerse con terrenos. Planas se comprometió a tener lista este año la Ley de Agricultura Familiar y aprobarla en 2025.

Por último, Planas hizo una breve referencia al conflicto entre la agricultura y la instalación de energías renovables, pero comentó que salvo casos excepcionales, las competencias son de las comunidades autónomas.