Varios aspectos laborales de la ley universitaria “se flexibilizarán” para poder aplicarla

Madrid, 2 feb (EFE).- La aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) «se flexibilizará de modo temporal» en aspectos de carácter laboral y habrá un calendario de financiación para pasar del actual 0,7 al 1% del PIB la inversión del sistema en 2030.

Son dos de las cuestiones debatidas hoy viernes en la primera reunión de la comisión de trabajo creada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para facilitar la puesta en marcha de la última reforma universitaria, cuyas disposiciones -según afirman los rectores- no se pueden poner en marcha por falta de dinero.

Las comunidades autónomas, con la competencias transferidas en este ámbito, aportan ocho de cada diez euros de la financiación universitaria.

Tanto sindicatos como los rectores (CRUE Universidades Españolas) presentes en la reunión han urgido al Gobierno a materializar el presupuesto este mismo curso académico y han pedido máxima ambición, según han explicado a EFE algunos de los asistentes.

Al encuentro, presidido por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, han acudido representantes de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares -en representación de las 17 autonomías-; UGT, CCOO y CSIF, y los rectores de Castilla-La Mancha, Murcia, Alicante, Barcelona y Cantabria.

Para agilizar el funcionamiento del grupo de trabajo, se pidió a los once territorios gobernados por el PP una representación y, ante la falta de acuerdo entre ellos, se decidió la presencia de las mencionadas cinco comunidades del PP y una del PSOE.

Durante la reunión, según fuentes de CSIF, se ha propuesto fijar un calendario de nuevas plazas de Ayudante Doctor (2.100 para este curso y unas 4.200 en cuatro años a repartir entre todas las universidades públicas), que financiaría el Gobierno en dos terceras partes y el tercio restante las comunidades, una cifra «insuficiente y que llegará tarde, no solucionando el problema al inicio del curso 2024-25».

Además se ha planteado flexibilizar las disposiciones de la ley referentes al proceso de estabilización de plazas de profesores asociados, que «podría beneficiar» a muchos de estos profesionales que actualmente tienen más de 120 horas y podrían renovar sus contratos con esa dedicación -la ley prevé la limitación de horas docentes para distintas figuras-.

También se ha debatido acerca de retrasar la adaptación del régimen de dedicación del personal docente e investigador permanente, que la LOSU establece para el curso 2024-2025.

Crue, por su parte, ha explicado que «en caso de plantearse, como se desprende del contenido de la reunión, una propuesta de flexibilización temporal de algunas de sus disposiciones, así como de calendarización de la financiación, ello debe materializarse lo más pronto posible» y la mayor parte de la financiación hacerse efectiva este mismo curso.

En una nota, el Ministerio de Universidades explica que la comisión de trabajo -cuya constitución prevé la propia ley- está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1% del PIB en 2030, fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo.

El grupo de trabajo pretende ofrecer una respuesta conjunta entre el Estado y las comunidades, bajo el principio de corresponsabilidad, sobre la necesidad de las universidades de incorporar talento, rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorado.

Cigudosa ha manifestado la intención de que “las universidades dispongan de un profesorado estable, con una carrera profesional bien definida y con plena capacidad de desarrollar sus actividades docentes, de investigación y de transferencia para garantizar así el progreso de nuestro país”.

La Comisión de Trabajo tiene como objeto elaborar propuestas que posteriormente, se debatirán y aprobarán en la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las próxima reunión de la comisión se celebrará el 15 de febrero. EFE

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