La Fiscalía carga contra García-Castellón por la “falta de argumentos” para atribuir terrorismo a Puigdemont

La Fiscalía carga contra las maniobras del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el llamado caso Tsunami. En un nuevo escrito, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, señala que es «significativa» la «falta de argumentos» para imputar hechos de matiz terrorista a los investigados en la causa, en la que se investigan las protestas y disturbios surgidos tras la sentencia del procés. Un caso que, como Volhov, ha abierto una vía de agua alrededor de la ley de amnistía que se está cocinando en el Parlamento.

El fiscal responde a los recursos interpuestos por dos de los investigados en la causa. En su escrito, critica el hecho de que García-Castellón decidiese elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. «No se practicó, entre el auto de inculpación que justificaba no remitir la exposición razonada y el momento de efectuarlo, ninguna diligencia en relación con los dos aforados –el expresident Carles Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg– que permitiese dar el paso finalmente dado», apunta el Ministerio Público.

En este sentido, sostiene que «las escasas diligencias practicadas en tan pocos días» se refieren a las consecuencias que tuvieron los «disturbios» en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés, pero no a «nuevos indicios de imputación» contra los aforados «que precipitasen, en contra de lo motivado, la remisión de la exposición al Tribunal Supremo». «Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y sin esperar a su resultado precipitar la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo», desliza el fiscal.

En su escrito, la Fiscalía señala también que el instructor, en algunas de sus resoluciones, «llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democràtic con los CDR», cuando se trata de «entidades o actuaciones absolutamente diferentes». También insiste en que, hasta la fecha, el instructor ha llevado a cabo diligencias que «no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los dos aforados». Y recuerda que ni siquiera la Guardia Civil atribuyó responsabilidad alguna en los hechos objeto de la investigación al expresident.

«Es más, ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación«, apunta el fiscal. «Al día de hoy, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo se presenta totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación en tal sentido», completa el Ministerio Público.