Luciana Torchiaro: “Bolivia tiene problemas estructurales de corrupción”

Luciana Torchiaro es Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI). La experta ve que en la región no hubo avances en la lucha contra la corrupción y dijo que en Bolivia hay problemas “estructurales” para que exista buenos niveles de transparencia. Recomienda fortalecer las instituciones para erradicar la corrupción. 

¿Cómo ve el estado actual de América Latina en materia de lucha contra la corrupción?

La región se encuentra en un momento crítico y de estancamiento total. Desde hace cinco años las Américas obtienen un promedio de 43 puntos sobre 100 posibles en nuestro Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual mide la percepción de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, en donde 100 es considerado muy limpio y cero muy corrupto. Esta puntuación nos ubica a 22 puntos de distancia con respecto a la Unión Europea, la región considerada menos corrupta con 65 puntos. 

¿Hay avances en los países de América en la lucha contra la corrupción?

Tanto a nivel mundial como regional observamos muy pocos avances. En las Américas, por ejemplo, sólo Guyana y República Dominicana muestran avances significativos. Todos los demás países se han estancado o empeorado. Uno de los factores que explica esto es el debilitamiento de la democracia en nuestra región. Nuestro índice muestra claramente que los países más democráticos, son percibidos como menos corruptos y viceversa. Cuanto más autoritario es un país la percepción de corrupción aumenta porque hay menos controles, más opacidad y discrecionalidad y la prensa y la ciudadanía tienen menos oportunidades para exigir la rendición de cuentas sin ser víctimas de represalias.

¿Cómo revertir la corrupción en los países americanos?

En la región es fundamental fortalecer a los órganos de control y a los sistemas de pesos y contrapesos. Esto es vital para que haya equilibrio entre los Poderes del Estado. Sin duda también es importante transparentar las áreas clave en donde se instala la corrupción en mayor medida. Esto es, las compras y contrataciones y el financiamiento de la política. Por último, los Estados deben garantizar el derecho al acceso a la información, las libertades de expresión, asociación y prensa. Estas son las herramientas que tenemos como ciudadanos para hacernos escuchar y exigir a nuestros representantes que cumplan con sus promesas.

¿Cómo ve el estado actual de Bolivia en esta temática?

Este año Bolivia obtiene 29 puntos en el IPC. Esto ubica al país muy por debajo del promedio regional. Bolivia tiene problemas estructurales de corrupción. 

¿Según los resultados de los últimos IPC, ¿Bolivia está empeorando o trata de mejorar?

La tendencia en Bolivia no es positiva. De acuerdo a nuestros datos, en 2012 el país obtuvo 34 puntos, en 2019 retrocedió a 31 y entre 2022 y 2023 bajó un punto más llegando a 29.

¿Cómo afecta la corrupción a un país?

La corrupción afecta el desarrollo de un país, fomenta la pobreza y acentúa las desigualdades. Los recursos del Estado que se pierden en la corrupción equivalen a escuelas que no se construyen, sistemas de salud que no funcionan, obras de infraestructura paralizadas, etc. La corrupción también destruye los recursos naturales y las tierras ancestrales cuando se adjudican contratos para la explotación a empresas no calificadas, de forma opaca y sin controles. También la corrupción es fuente de violencia cuando los funcionarios públicos se asocian con el crimen organizado.

¿Cómo hay que trabajar para que haya países menos corruptos y más transparentes?

Como decía antes, es fundamental fortalecer a las instituciones democráticas para avanzar en la lucha contra la corrupción y la implementación de la ley. Para ello un elemento que no puede faltar es la voluntad política de hacer el cambio y de dotar a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción con los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo. Acabar con la impunidad es imprescindible para ver avances. 

En Bolivia se identificó que no hay independencia judicial, según lo estableció el informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Internacionales (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ¿Este factor hace que un país sea más corrupto?

La independencia del Poder Judicial es central para que la ley responda al bien común y no a las elites económicas y políticas, como observamos en la región. Si el Poder Judicial está cooptado imparte la ley de acuerdo a los intereses de unos pocos y les garantiza impunidad. La falta de sanción es darle piedra libre a la corrupción. Así es difícil cambiar.

¿Qué se puede destacar de Uruguay y Chile en esta lucha y qué se debería replicar de estos países para ser más transparentes?

Uruguay y Chile son las democracias más sólidas de la región. Sus sistemas de pesos y contrapesos funcionan, hay canales adecuados para la participación ciudadana y sus niveles de transparencia son mucho más altos que en otros países de la región. Los derechos civiles y políticos se respetan.

¿En base a qué índices realiza Transparencia Internacional (TI) sus informes anuales? Sobre todo, en el caso boliviano.  

El IPC es el instrumento más utilizado internacionalmente por empresas, la academia y las entidades internacionales para medir la percepción de corrupción de un país. Se construye con 13 fuentes de datos de instituciones de renombre e independientes que se especializan en el análisis de la gobernanza y el entorno de negocios. En Transparencia Internacional compilamos esa información a través de una metodología rigurosa y verificada por expertos externos regularmente. En el caso de Bolivia las fuentes que utilizamos son: Bertelsman Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit, World Justice Project, Global Insights Country Risk, World Economic Forum, PRS International Country Risk y Variety of Democracy Project.