El TCP bloquea el diálogo político por la ley 144 y crece rechazo a la ‘autoprórroga’

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por segunda vez, frenar el tratamiento del proyecto de ley 144 de elecciones judiciales e impusieron, sin lugar a debate, la decisión asumida por ellos mismos de prorrogarse en sus cargos más allá del mandato de seis años que les dio el voto ciudadano.

La decisión se dio ayer en un escenario de crisis y de pugnas de poder dentro del MAS.

El magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano fue uno de los que firmó una resolución de admisión que da lugar a la “solicitud de medida cautelar” que presentó su colega, otro magistrado también prorrogado, Marco Ernesto Jaimes Molina, elegido presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

 Petronilo Flores es otro de los autoprorrogado del TCP que firma la resolución que impactó en el diálogo político que se desarrollaba en la Vicepresidencia.

Jaimes, en su solicitud de medida cautelar, “solicita” al TCP “que se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se abstenga de tratar el proyecto de ley 144/2022-2023, sin adecuar o eliminar las disposiciones observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional por medio de la DPC 0049/2023 del 11 de diciembre”.

El TSJ argumenta que el Legislativo nuevamente incurre en actos de inconstitucionalidad que fueron observados en la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 049, y al admitir esa queja, el TCP ordena al Parlamento que primero cumpla con lo dispuesto en esa declaración, en la que observó tres artículos: 14, 29.II, 30.I y dos disposiciones adicionales “por ser contrarios a los artículos 9.4, 12, 115 178.I de la norma suprema”.

No obstante, los legisladores no llegaron a plantear sus acuerdos iniciales en ningún proyecto de ley o documento fruto de algún acuerdo de orden político.

En la declaración conocida ayer, los magistrados del TCP también defendieron su permanencia en sus cargos, a pesar de que la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 144, no planteó esa posibilidad.

En ese contexto, la Comisión de Admisión del TCP compuesta por Hurtado, Flores y Brígida Celia Vargas Barañado, dispuso:

“Ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 (…) Debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024”.

La oposición rechazó la resolución. “Esa medida cautelar que han dictado es un papel higiénico de estos usurpadores. La Asamblea Legislativa no se va a poner por debajo ni arrodillar a estos usurpadores”, protestó el diputado Carlos Alarcón de CC.

La Comisión legislativa bicameral que trabaja en un nuevo proyecto de ley para las Judiciales declaró anoche un cuarto intermedio hasta hoy. Cinco de seis legisladores de la Comisión, excepto Juan José Jáuregui, quieren anular la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial.

El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, dijo que la resolución del TCP es “una aberración inédita” que pone en riesgo la democracia. “Los vocales y magistrados del TSJ y del TCP han sobrepasado todo límite de legalidad”. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que esa decisión del TCP no tiene validez, precisamente, porque los magistrados concluyeron su mandato.

El abogado y periodista Andrés Gómez afirmó que esa resolución firmada por dos magistrados autoprorrogados “no tiene validez porque ambos ya no son magistrados; pero tiene un objetivo: bloquear el consenso en el Legislativo y quedarse hasta el 2026. El gobierno de Luis Arce acaba de inaugurar la dictadura judicial”.