Por qué la propuesta del PP de hacer una EBAU única en sus comunidades es inviable

La propuesta corrió como la pólvora nada más salir de la boca del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fue durante un coloquio sobre educación en León. «Nuestro compromiso es que la EBAU [Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad] sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025″, lanzó. «No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario», justificó, añadiendo que la medida busca «blindar las oportunidades». Pero sólo a su juicio. Para el Ministerio de Educación es una propuesta «frívola» e «inviable»; para los rectores es «imposible» de llevar a cabo; y para muchos expertos, además, es «innecesaria».

La de este miércoles no era no obstante la primera propuesta de los conservadores en este sentido. La última de hecho la hicieron el pasado viernes. Pero en aquel momento la idea, plasmada en una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, apuntaba a un examen común en toda España, sin diferenciar entre autonomías gobernadas por ellos mismos o por otra formación. «Tras la llegada de Pedro Sánchez esta prueba [la EBAU] ha sido devaluada constantemente. Este hecho ha contribuido de forma determinante a que uno de los objetivos de esta prueba, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, haya sido quebrado», aseguraban en el texto presentado. Y apostaban porque el Ejecutivo fijase las condiciones básicas de la prueba tras consultar a las comunidades y a los órganos de representación de las universidades.

Tan sólo cinco días después el propio Feijóo anunció que los territorios conservadores se ponían ya manos a la obra. «Ya estamos trabajando todas las consejeras y consejeros del partido para buscar los puntos de encuentro y presentar una EBAU común en toda España», aseguró.

Hasta ahora hay tantas pruebas de acceso como comunidades. Cualquier estudiante puede acceder a la universidad española que decida, pero en todos los casos lo hará teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los dos cursos de Bachillerato (un 60% de la nota para acceder a la universidad proviene de ahí) y en los exámenes de acceso (que suponen el 40% de la calificación final), cuyo diseño deciden comisiones mixtas de cada asignatura integradas por representantes de los campus, de los institutos y de la administración autonómica en cuestión.

Ahí está la primera dificultad de llevar a cabo el propósito de los conservadores. Lo explica el experto en políticas educativas y responsable de educación en EsadeEcPol Lucas Gortazar. Poner de acuerdo a las comisiones ya es difícil per sé. Hacerlo con los mismos órganos pero compuestos por muchas más personas, lo sería más.

Pero es que, además, cada autonomía defendería sus propios intereses. ¿En qué sentido? En el de que las autonomías con pruebas más sencillas podrían no querer cambiar su modelo de examen, apunta Gortazar. Por ejemplo, y según explica Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, en Castilla y León hay 65 estándares en la prueba de Historia frente a los veintitantos en otras comunidades. Por eso, dice, la federación de padres y madres de Zamora destaca que «la mayoría de los profesores correctores se han sorprendido de lo complicado de las pruebas y bastantes de ellos muestran también su malestar ante esta situación, pues se ponen textos en Lengua, por ejemplo, que algunos profesores califican como de segundo de carrera de Filología».

Pero es que, añade Gortazar, también habría el mismo problema a la hora de «poner de acuerdo» a los rectores. «Hay universidades que reciben a un tipo de alumnado muy concreto, y un sistema de acceso diferente podría cambiar eso», añade el experto. La reticencia, por tanto, también podría llegar por ahí.

En cualquier caso, la configuración de las pruebas se basan en estándares fijados por el Ministerio de Educación, lo que de cierto modo ya hace que el acceso a la universidad sea nacional, dice Díez Gutiérrez. «La prueba actual está regulada por el Estado. Cada comunidad autónoma solo tiene que aplicarla bien, con sentido común y basándose en criterios técnicos, adaptados a su realidad», expone.

Pero esto tan sólo son barreras técnicas. Las hay también puramente educativas. Dejemos de lado cómo se configura el examen, vayamos a su contenido. A las materias que te pueden caer en el examen. El alumnado lo ha tenido que estudiar durante los dos cursos de Bachillerato, pero el problema es que no todos los estudiantes cursan el mismo. Como las competencias educativas están transferidas a las autonomías, el diseño de los currículos es compartido entre la comunidad en cuestión y el Estado. En concreto, la actual ley de educación fija que el 60% de lo que se estudia en Bachillerato lo decide el Ministerio y el 40% restante la región. Excepto si la comunidad es bilingüe, donde la decisión está repartida al 50% entre cada institución.

¿Qué contenidos, por tanto, son susceptibles de ser preguntados en la EBAU? Habrá algunos que se hayan estudiado en Murcia pero no en Asturias. Y otros que no se hayan tocado en Andalucía pero sí en Cataluña. «Si lo que estudian es diferente, ¿cómo van a poder hacer una prueba igual?«, se pregunta en conversación con infoLibre el secretario general Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García. «El PP debería de ser consciente de que su propuesta es inviable, dada la ordenación de nuestro territorio», añaden desde UGT.

El mundo universitario opina del mismo modo. La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, explica que es «difícil de entender que se plantee una prueba única en un contexto en el que no hay un Bachillerato único». «Todo proceso es mejorable, pero cabe recordar que estas pruebas de acceso miden las competencias, habilidades y conocimientos que se adquieren durante Bachillerato, de forma que resulta extraño, desde el punto de vista académico, hablar de una modificación de estas pruebas sin analizar primero la formación en esta etapa preuniversitaria», considera en un documento enviado por el organismo a infoLibre.

¿Y qué hay del argumento de los conservadores de que unificar la prueba de acceso a la universidad mejoraría la igualdad de oportunidades? Para Gortazar ese diagnóstico es acertado: que en algunas regiones el examen sea más complicado que en otras da la razón al PP, señala. Pero esta no es la manera de hacerlo. «Creo que la música es acertada, pero no se ha elegido una letra correcta», dice.

Opinión muy diferente tiene Díez Gutiérrez. Para él, la medida, que tacha de «innecesaria», no es más que crear «un problema donde no lo hay, acusando de supuesta desigualdad a otras comunidades autónomas y generando un enfrentamiento inútil y estéril«. No niega que haya desigualdad de oportunidades, pero cree que acabar con ellas —o, al menos, disminuirlas— requiere de otras medidas como financiar la educación con al menos el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) compensando, así, «los recortes del gobierno del PP» y permitiendo, además, «que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades con clases no masificadas, contenidos no estandarizados, sistemas de evaluación para la mejora y no para seleccionar y presionar con miedo al suspenso, profesorado suficiente y no interino y precario, dotación de recursos y apoyos cuando hay más dificultades, etc.», señala. En 2021, el porcentaje destinado a educación no llegó ni al 5% del PIB (4,91%), según los datos del propio departamento que dirige Pilar Alegría.

En el mismo sentido hablan los rectores. «CRUE considera que la mejor forma de garantizarla [esa igualdad de oportunidades] es a través de un sistema de becas sólido que reduzca las desigualdades socioeconómicas, algo que es mucho más urgente que una propuesta unilateral de prueba única», señalan.

Desde UGT, por su parte, apuestan por romper esa desigualdad que también admiten llegando a un «acuerdo para hacer homogéneas las pruebas en cuanto a dificultad y criterios de evaluación«.

En cualquier caso, la propia ministra criticó este jueves a los conservadores por lanzar una propuesta que, dice, no ha sido meditada. «Está llena de frivolidad. Para poder adoptar medidas en materia educativa el paso más importante es tener una reflexión serena y sosegada con los agentes implicados. Ayer decía la CRUE que no le había llegado la propuesta, y creo que al Consejo Escolar del Estado tampoco», lamentó Alegría. «Hay que tomarse en serio este tipo de procesos», critica también Gortazar.