Netanyahu se aferra a la guerra para mantenerse en el poder mientras su popularidad cae en picado

El domingo 8 de enero, el ejército israelí superó los cien días de guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Una guerra total, asimétrica y devastadora que ya ha matado a casi 25.000 personas, la mayoría civiles, y herido a más de 60.000. El 85% de los habitantes (1,9 millones de personas de un total de 2,3 millones) han tenido que huir de sus hogares, destruidos o inhabitables, en busca de refugio precario y seguridad.

Al mismo tiempo, han muerto más de 200 soldados israelíes (entre ellos 21 reservistas declarados muertos el martes 23 de enero) y también se cree que han seguido la misma suerte varios de los 134 rehenes israelíes o extranjeros que siguen en manos de los combatientes islamistas. De los 36 hospitales del enclave palestino, donde alrededor de un tercio de los edificios han sido destruidos, sólo 15 funcionan teóricamente en la actualidad. Teóricamente, porque en realidad carecen de todo: cirujanos, anestesistas, especialistas en cuidados intensivos, enfermeras, medicamentos, electricidad, agua potable, alimentos, combustible para ambulancias y generadores.

Y todo ello mientras están literalmente invadidos y desbordados de heridos, enfermos y «desplazados», en busca de la ilusoria protección que la media luna roja o la cruz roja pintadas en sus paredes ya no garantizan contra los ataques indiscriminados de los cañones y bombarderos israelíes.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, tras recordar que han muerto 152 miembros del personal de la ONU desde el inicio de las hostilidades (el mayor número de víctimas mortales en un conflicto en la historia de la organización internacional), declaró el 15 de enero que «nada podría justificar el castigo colectivo de la población palestina».

«La gran mayoría de los muertos son mujeres y niños», dijo Guterres, antes de afirmar que «la situación humanitaria en Gaza va más allá de las palabras» y que «nadie está a salvo en ningún lugar «. «Las personas traumatizadas están siendo empujadas hacia zonas cada vez más restringidas en el sur, que se están congestionando de forma intolerable y peligrosa. La sombra del hambre se extiende sobre la población de Gaza, acompañada de enfermedades, desnutrición y otras amenazas para la salud», añadió. «Estoy profundamente consternado por las flagrantes violaciones del derecho humanitario», admitió el Secretario General de la ONU.

El gobierno de Sudáfrica, también «perturbado» e incluso indignado por la magnitud de la pérdida de vidas humanas y las violaciones del derecho humanitario por parte de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ha decidido acudir al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, principal órgano judicial de la ONU.

La demanda de Pretoria, presentada el 29 de diciembre, acusa a Israel de «incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948», convención de la que Israel, al igual que Sudáfrica, es signatario.

En la demanda también se pide al Tribunal que indique a las autoridades israelíes las «medidas cautelares» que deben adoptarse con carácter urgente para proteger al pueblo palestino de «nuevos daños graves e irreparables» y «garantizar que Israel cumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención de 1948». [El Estado de Israel […] debe suspender inmediatamente sus operaciones militares en la Franja de Gaza«.

En una clara señal de su aprieto ante la ofensiva diplomática y judicial de Sudáfrica, el gobierno israelí, que hasta entonces había tenido la costumbre de boicotear las audiencias del TIJ en las que se cuestionaban sus posiciones, esta vez decidió que sería mejor intentar asumir su opción política y defender su decisión de ir a la guerra y la forma en que se estaba librando.

Hace veinte años, los representantes de Israel ignoraron ostensiblemente las audiencias del TIJ sobre la legalidad o no del muro de separación construido en Cisjordania, pero Netanyahu decidió ahora enviar a La Haya un sólido equipo de defensa, dirigido por el abogado británico Malcolm Shaw, profesor de Derecho en Cambridge y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y especialista en crímenes contra la humanidad y genocidio.

Probablemente habrá que esperar varios meses para conocer la decisión de los jueces de La Haya, pero ya sabemos que si la guerra no ha terminado para entonces, lo que es de temer, aunque se acceda a la petición de Sudáfrica, es dudoso que Israel obedezca al Tribunal. Y que acepte aplicar las «medidas cautelares» urgentes presentadas por Pretoria, en particular la primera petición de que Israel «suspenda inmediatamente sus operaciones militares en la Franja de Gaza».

El gobierno israelí, que ha ignorado deliberadamente una cincuentena de resoluciones de la ONU en los últimos tres cuartos de siglo y se ve reforzado por su histórica impunidad y la protección del veto americano cuando el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, órganos de deliberación y decisión de Naciones Unidas, tratan de adoptar medidas que considera hostiles, sabe que puede seguir igual de despreocupado con los órganos judiciales de la organización.

El 9 de julio de 2004, a petición de la Asamblea General de la ONU siete meses antes, el TIJ emitió un dictamen de 64 páginas en el que declaraba que el muro que Israel, la potencia ocupante, había comenzado a construir en la Cisjordania ocupada era «contrario al derecho internacional». Ni ese dictamen ni la resolución ES-10/15 de la Asamblea General, adoptada once días después por 150 votos a favor y 6 en contra y que exigía al Estado de Israel «el cumplimiento de sus obligaciones legales», disuadieron al gobierno israelí de seguir con su construcción.

En la actualidad se ha construido casi el 70% de los 700 kilómetros previstos y el número de colonos que viven ahora al este del muro ha aumentado en veinte años de 240.000 a más de 700.000.

La impune desfachatez de Israel respecto al derecho internacional explica la cautela y la resignación del abogado israelí Michael Sfard, especialista en violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados. “Conociendo a Israel», afirma, «no espero que el gobierno obedezca ninguna orden de suspender inmediatamente sus operaciones militares en la Franja de Gaza, a menos que pueda presentar el fin de las hostilidades como el resultado de su propia decisión, totalmente independiente de las órdenes del Tribunal».

¿Es posible tal hipótesis? Aparentemente no mientras Benjamin Netanyahu esté en el poder.

Aunque el ejército israelí ha reducido su presencia en el norte de la Franja de Gaza, ha desmovilizado parcialmente una de sus divisiones de combate y concentra ahora la mayor parte de sus operaciones y ataques en el sur del enclave, donde se concentra la mayoría de los «desplazados» del norte y del centro, y aunque entre el 20% y el 30% de los combatientes islamistas han sido eliminados, los objetivos de la guerra, tal y como los ha declarado Netanyahu, es decir, «erradicar a Hamás y liberar a los rehenes», están lejos de haberse alcanzado.

Netanyahu lo repite ahora en cada uno de sus discursos: «La guerra será larga, puede durar varios meses más». Queda por ver si se trata de una constatación o de una esperanza. Porque ahora está claro que el final de los combates señalará también el final de este Gobierno. Y probablemente también el fin de la carrera política del primer ministro, cuya dimisión inmediata se pide en manifestaciones cada vez más frecuentes y multitudinarias.

Su impopularidad ha alcanzado un nivel sin precedentes. Es como si, a la ira de las multitudes que le reprochaban su corrupción y su autoritarismo, se sumara ahora la furia de quienes le reprochan no haber sido capaz de evitar esta guerra y, sobre todo, haber sido incapaz de liberar a los rehenes. En 2006, el editorialista Akiva Eldar escribió sobre una crisis anterior en Gaza: «En nuestras relaciones con nuestros vecinos, la fuerza es el problema, no la solución». Dieciocho años después, esa observación sigue siendo válida. Y podemos añadir, según un ex ministro, que «Netanyahu también es el problema, no la solución».

Desde su regreso al poder en noviembre de 2022, denunciado Netanyahu cada fin de semana por grandes manifestaciones como una amenaza para la democracia debido a sus planes de reformar la justicia para salvarse de problemas legales mientras transforma el Estado de Israel en un régimen autoritario iliberal inspirado en el modelo húngaro, ha sido a la vez salvado políticamente y condenado por el atentado terrorista de Hamás.

Salvado, porque la carnicería provocada por los combatientes islamistas −1.200 muertos, cientos de israelíes tomados como rehenes− provocó un trauma sin precedentes en la historia del país, suscitando un deseo de venganza que enterró literalmente la arena política, engullendo todos los debates en una superficial y efímera unión sagrada en torno a un ejército que, de repente, había vuelto a convertirse en el escudo y la espada del pueblo.

Benjamin Netanyahu, un astuto y demagogo político sin escrúpulos, ha sabido sacar partido de la situación con un cinismo de hierro adoptando la panoplia barata y la retórica simplista de señor de la guerra.

Pero el ataque de Hamás también le condenó, porque los israelíes se dieron cuenta rápidamente de que el movimiento islamista le debía mucho al primer ministro. Porque Netanyahu, que pensaba que podía gestionar el conflicto palestino-israelí en lugar de resolverlo aceptando la creación de un Estado de Palestina, a lo que siempre se ha negado, fomentó el crecimiento de Hamás para debilitar a Al Fatah y a la OLP. Hasta el punto de tolerar y organizar la financiación por Qatar del movimiento islamista, a través de Israel.

Y peor aún: si tuvo lugar la carnicería del 7 de septiembre de 2023 fue también porque algunas de las unidades encargadas de proteger las ciudades, granjas y kibutz vecinos de Gaza habían sido trasladadas a Cisjordania para garantizar la seguridad de los colonos. La preocupante información recopilada poco antes del 7 de octubre por los puestos de vigilancia o las unidades de inteligencia de las afueras de Gaza fue sistemáticamente minimizada, desatendida o incluso ignorada, según los militares, por el «escalón político superior».

Todo ello para no contradecir las opciones estratégicas del primer ministro, basadas en dos grandes pilares: la mejora de la vida diaria en Gaza, que debía hacer olvidar a sus habitantes sus sueños de independencia y su contencioso con Israel; y el desequilibrio de fuerzas militares entre Israel y Hamás, que constituía un elemento disuasorio decisivo en caso de que los incentivos económicos no bastaran para apaciguar el ardor nacionalista de los gazatíes.

Después del 7 de octubre sabemos que esas opciones estratégicas han llevado a un desastre que muchos israelíes comparan hoy con la humillación de la Guerra del Yom Kippur hace cincuenta años. Pero hay una gran diferencia, como señala Ami Ayalon, ex comandante naval y director del Shin Bet (inteligencia interior): al contrario del conflicto de 1973, la guerra en Gaza se ha convertido en «un objetivo».

Un «objetivo» y una necesidad sin resultado previsible, cuyos verdaderos objetivos se funden con los personales y políticos de Netanyahu: evitar tener que responder ante los tribunales por los cargos de corrupción que se le imputan, impedir que se reanuden las manifestaciones masivas contra los planes de su gobierno y que se organicen elecciones anticipadas.

Estos objetivos, considerados «egoístas y desconectados de las realidades políticas del momento», así como la obstinada negativa a prever un «post-Hamás» concreto y viable, serían el origen de la actual «decepción» e irritación del presidente americano con Netanyahu, a quien culpa de sus posiciones cambiantes, vacilaciones y giros bruscos.

A Joe Biden, que lleva semanas abogando por la participación de la Autoridad Palestina, renovada y reforzada, en la administración de la Franja de Gaza, una vez derrotado Hamás y cesados los combates, y que defiende la inclusión del enclave en un futuro Estado palestino, no le ha sentado bien que el primer ministro israelí haya rechazado el plan de paz ideado con Egipto y Arabia Saudí.

Sobre todo porque este proyecto incluía el compromiso saudí de aceptar una normalización histórica de sus relaciones con Israel. Y Biden, que va a tener mucho trabajo de cara a las elecciones presidenciales para asegurarse su electorado demócrata hostil a Netanyahu, contaba con este avance diplomático para responder a la ofensiva de Trump.

Netanyahu, prisionero de su alianza con los partidos religiosos mesiánicos de Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, partidarios del «traslado», es decir, de la expulsión de los gazatíes y de la recolonización del territorio, no parece haber comprendido, según Ami Ayalon, que «los palestinos son un pueblo y que están dispuestos a matar y a morir por su independencia».

El ex director del Shin Bet, que pide la liberación de todos los rehenes a cambio de detenidos palestinos, entre ellos Marwan Barghouti, diputado palestino de Al Fatah en prisión desde 2002, achaca a la arrogancia de Netanyahu el debilitamiento de la seguridad que permitió el atentado del 7 de octubre. Lamenta que la decisión de su gobierno de no poner sobre la mesa el periodo posterior a Hamás haya convertido esta guerra en un conflicto militar sin objetivos diplomáticos: «Es una situación en la que es imposible definir una victoria».

Una situación en la que Netanyahu bien podría tener que admitir su derrota dentro de poco. Hace unos días, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, indignado tras cinco visitas infructuosas al primer ministro israelí desde octubre, declaró hace unos días que «el Estado palestino es una necesidad para la seguridad de Israel». En tanto que uno de sus asesores confiaba en que «la administración Biden trabaje ahora con otros dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil israelí, con vistas a un gobierno post-Netanyahu».

Según la web de información americana Axios, Israel ha hecho llegar a Hamás, a través de mediadores qataríes y egipcios, una propuesta de tregua en los combates de dos meses.

Esta web, que cita a dos «funcionarios israelíes» sin nombrarlos, dice que el gabinete de guerra israelí aprobó la propuesta hace diez días y sigue esperando una respuesta de Hamás: propone la liberación de todos los rehenes aún vivos y la devolución de los cuerpos de los rehenes muertos en varias fases. En primer lugar, «la liberación de las mujeres, los hombres mayores de 60 años y los rehenes en estado crítico», seguida de «la liberación de las mujeres soldados, los hombres menores de 60 años que no sean soldados, los soldados israelíes y los cuerpos de los rehenes».

Al igual que en la tregua anterior, prosigue el medio, «Israel y Hamás acordarían de antemano el número de prisioneros palestinos a liberar por cada rehén israelí de cada categoría, y luego se negociaría por separado el nombre de estos prisioneros». Finalmente, según Axios, un repliegue de las fuerzas armadas israelíes permitiría «un retorno gradual de los civiles palestinos a la ciudad de Gaza y al norte de la Franja a medida que se aplique el acuerdo».

Traducción de Miguel López