Alcoa repite su táctica en Galicia: amenaza con cerrar y pide ayudas públicas poco antes de unas elecciones

Es una situación repetida desde hace años. Cerca de unas elecciones —autonómicas o estatales— la multinacional Alcoa advierte de su difícil situación económica, reclama ayuda de las administraciones y amenaza con despidos o hasta con el cierre en A Mariña.

Esta vez, la semana pasada y a un mes de los comicios autonómicos, la empresa advirtió de que si la situación del complejo mariñano no cambiaba pronto, no tendría más remedio que «tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia», tras advertir de millonarias pérdidas y un contexto «al límite». Este lunes, la multinacional solicitó por escrito al personal de San Cibrao y al comité «acordar atrasar» el reinicio de la electrólisis prevista y pactada para este mes de enero de la que es la única planta de aluminio primario en España.

Alcoa pretende así incumplir lo firmado y lo justifica en que la actual financiación de la fábrica acabará «durante la segunda mitad de 2024», por lo que «no tiene sentido económico» empezar con el proceso que pretendía recuperar al 100% la producción en otoño del año que viene. También puso fecha límite para una respuesta, este miércoles, pero semanas antes, en una reunión con el Gobierno gallego, ya había demandado a Xunta y Gobierno central analizar «todas las líneas de ayuda posibles» para una «solución a largo plazo» en A Mariña. Una música que recuerda a otros episodios parecidos.

Xunta y Gobierno central ya respondieron instándola a cumplir con lo acordado, pero le pidieron también «que concrete el plan de negocio para la fábrica» y que «traslade» a ambas administraciones «cuáles son sus solicitudes y los apoyos que precisa para reactivar y dar continuidad a la actividad y a la planificación acordadas con los trabajadores”, tal y como dijo el Gobierno autonómico. Desde el Ejecutivo central, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, pidió también a la multinacional la «concreción de sus necesidades para trazar una hoja de ruta ante la situación actual que atraviesa la planta» mariñana.

Hasta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó a Alcoa que diga «qué tiene planificado» y advirtió también que todas las administraciones deben «pedir a la empresa que cumpla sus compromisos y no intentar sacar rédito político». El jefe del Ejecutivo gallego alertó de lo «fundamental» que es «el estatuto de empresas electrointensiv as» al consumir la fábrica «muchísima energía y estar pagando muy por encima de lo que se paga en la media europea». También reconoció sentirse traicionado al recordar que se había reunido con directivos de la empresa «hace meses» y que «nada dijeron» sobre un posible cierre.

También este martes, José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, pidió al Gobierno gallego que se «implique» tras priorizar el cumplimiento del acuerdo por parte de la multinacional que, recordó, incluye «un paquete de ayudas» propuestas desde el Estado. Mientras, la empresa espera.

Todo en el mismo día, 23 de enero, en el que hace 26 años, en 1998, el Gobierno de España presidido por José María Aznar autorizaba la venta del grupo Inespal, empresa estatal perteneciente al INI, a Alcoa, que se hacía así con un grupo con 5.000 empleados y trece plantas en el Estado, varias de ellas en Galicia y la más importante la de A Mariña.

Desde el BNG, por su parte, insisten en pedir la intervención pública de Alcoa, apuesta que también verbalizó Podemos, iniciativa que tampoco descarta Besteiro y que da esperanzas al comité, que asegura que el Gobierno central ya les trasladó que es «una opción posible» porque no se puede permitir «prescindir» de esta industria.

La representación del personal señala a la empresa por incumplir lo firmado y se muestra convencida de que «no tiene la intención de seguir en A Mariña», como aseguró tras la reunión con el Ministerio de Industria y antes de la que mantuvo este miércoles con la Xunta y con representantes de la multinacional, a la que pide que «cumpla» al igual que lo hicieron los trabajadores. Advierten de que la compañía no quiere investir en un nuevo horno de cocción y que ya destruyó el antiguo y que prepara un «cierre encubierto». Tras la reunión con Alcoa, el comité advierte de la «ruptura total» del acuerdo de viabilidad firmado por parte de la empresa, aunque descartó movilizaciones por el momento.

El Ministerio, mientras, les muestra a los operarios el «compromiso firme» del Gobierno de España para «trabajar por la industria del aluminio en Galicia y por una empresa estratégica como Alcoa» y convocó para este próximo viernes la mesa de seguimiento, donde se analizará la situación financiera de la planta de San Cibrao y la ejecución o no de los compromisos firmados.

Reacciones y convocatorias todas muy parecidas a las que se dieron tras un proceder parecido de Alcoa en 2020, también poco antes de unas elecciones autonómicas. Entonces, a finales de mayo, Alcoa anunciaba la intención de despedir 534 trabajadores de los 1.100 del complejo de A Mariña y el cierre de la planta de aluminio, tras meses advirtiendo de la necesidad de un estatuto electrointensivo para rebajar la tarifa eléctrica. Fue poco antes de los comicios celebrados el 12 de julio, meses después de lo previsto tras ser aplazadas por la pandemia de covid.

El anuncio de Alcoa sobrevoló aquella campaña electoral, con Feijóo señalando al Gobierno central y la izquierda apuntando a la inacción de la Xunta, a la que le recordaron sus competencias industriales. En agosto, tras pedírselo de manera conjunta la Xunta, el Estado y los sindicatos, la empresa aceptó aplazar la negociación de ese ERE seis semanas más para, en ese tiempo, negociar una venta que, en realidad, la multinacional pretendía, pero solo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de obtener la seguridad de evitar posteriores reclamaciones que la situasen en un barullo judicial como el que tuvo —y tiene— tras el cierre de su planta en A Coruña.

El ERE que Alcoa activó en A Mariña en octubre acabó siendo tumbado a final de año por el TSXG y luego por el Supremo. El Superior gallego acusó a la empresa de actuar con «mala fe» y buscar el cierre de la fábrica y la multinacional volvió a cambiar de táctica, hasta que el personal aprobó la propuesta de cerrar la planta de aluminio dos años a cambio de mantener los empleos. Un acuerdo que incluía unos compromisos de inversión de los que, ahora, nada se saben.

Lo que había partido de una amenaza de cierre y despidos masivos en A Mariña acabó con un pacto y una nueva forma de ganar tiempo. Y no era algo nuevo. Un año antes, en marzo de 2019, a poco más de un mes para las elecciones generales de abril, Alcoa alertaba de la inviabilidad de su planta en A Mariña en el caso de que el Gobierno central no adoptase más medidas que las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que ya se había publicado, y luego de que hubiese iniciado ya el proceso de cierre de sus fábrica en A Coruña y Asturias, que acabó con la justicia arrojando luz sobre las artimañas de la compañía para desmantelar sus fábricas en Galicia a precio de saldo.

La multinacional consideraba «insuficientes» las iniciativas por parte del Ejecutivo central y advertía de que el coste de la energía eléctrica le suponía alrededor del 40% del total del coste de producción de la industria del aluminio primario en España.

Tres años antes, en mayo de 2016, y a cuatro meses de unas elecciones gallegas celebradas en los primeros días de otoño, Alcoa decía que ya estaba evaluando «todas las opciones» para todas sus plantas en el Estado, mientras que varios medios aludían a fuentes de la empresa que directamente informaban de la puesta en venta de las fábrica de A Mariña, Asturias y A Coruña.

Días después, aparecieron compradores interesados en las diferentes plantas y la multinacional aclaraba sus intenciones: deshacerse de las fábricas de A Coruña y de Asturias y quedar únicamente con una parte del complejo de A Mariña, la fábrica de alumina.

Ahora, a pocas semanas de unas elecciones, Alcoa vuelve a demandar ayuda y amenaza con el cierre y despidos en el caso de no mejorar su situación. Con todo el foco en las administraciones y en los aspirantes a conformar un nuevo gobierno en la Xunta, que saben también de la importancia que el complejo industrial de A Mariña tiene en todo el norte de Galicia, donde da empleo, directo o indirecto, a miles de personas.

Con el Estado advirtiendo de que prevé sacar adelante este año dos convocatorias del denominado Perte de descarbonización a los que se podría acoger Alcoa con ventajas y buenos resultados, la intervención pública a través de la SEPI no se descarta. Una idea que llega cuando este martes se cumplieron 26 años desde que se hubiese producido la privatización de la empresa pública Inespal, vendida a Alcoa por el Gobierno de José María Aznar el 23 de enero de 1998 por 61.500 millones de pesetas, unos 370 millones de euros.

Fue entonces cuando las plantas gallegas, y las del resto del Estado se integraron en la multinacional estadounidense. Una venta por 410 millones de dólares de los que se acabaron descontando 200 para el pago de deudas anteriores y otros 100 tras una serie de reclamaciones. Un chollo. En los años siguientes el gigante americano multiplicó ampliamente a través de beneficios el dinero que gastó en la adquisición de las antiguas fábrica estatales.

Cuando la SEPI vendió Inespal a Alcoa, el grupo estatal se anotaba unos beneficios de 12 millones de euros anuales. La estadounidense se comprometerá a mantener el cuadro de personal y a realizar múltiples inversiones que, según denuncian los sindicatos, no llegaron a concretarse según lo prometido, tal y como denunció también el Tribunal de Cuentas, que en 2006 situaba unas pérdidas de 456 millones para el Estado en aquella operación.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.