Colombia | El Caso Santiago Uribe: Tres años de espera por un veredicto que no llega.

En el corazón de la morosidad judicial, el caso contra Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, parece haber alcanzado dimensiones récord. El próximo 9 de febrero marcará tres años desde el cierre de las audiencias, un periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la Procuraduría han solicitado la condena del hacendado por su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’.

La acusación se centra en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera que habría sido asesinado por órdenes de Santiago Uribe, según la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de las evidencias presentadas y los alegatos concluidos el 9 de febrero de 2021, el veredicto se ha hecho esperar.

En una carta reciente dirigida a la magistrada Gloria Stella López Jaramillo, el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, reveló la persistente demora en la emisión de la sentencia. Aunque en agosto del año pasado prometió un veredicto en cuatro meses, la realidad ha demostrado lo contrario.

El 17 de enero de 2024, el juez solicitó, en una extensa carta de siete páginas, la asignación de un empleado adicional para acelerar la descongestión del caso. En el escrito, el juez expone las dificultades asociadas con la carga de procesos, la extensión del expediente con 92 cuadernos y 61 discos compactos, así como otros medios de prueba.

A pesar de recibir ayuda adicional en forma de un escribiente en 2023, el juez argumenta que esta asistencia no cuenta con funciones de sustanciación, lo cual ha retrasado aún más el proceso. En un tono casi cómico, concluye la carta solicitando un oficial mayor en el menor tiempo posible para cumplir de manera pronta y eficaz con la función judicial, especialmente en el caso de Santiago Uribe.

Este episodio agrega otra capa de complejidad al ya intrincado caso, poniendo de manifiesto la urgencia de abordar las demoras judiciales y garantizar una pronta resolución para las partes involucradas.

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