Qué implica que en Ecuador se haya declarado un conflicto armado interno para la lucha contra la violencia

Ecuador se encuentra en conmoción desde que este martes un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpiera en el set de TC Televisión en Guayaquil y tomara como rehenes a periodistas y otros empleados.

Las imágenes le han dado la vuelta al mundo.

Mientras se transmitía en directo a un joven apuntaba con una escopeta al periodista José Luis Calderón, a unos 3 kilómetros, en la sede de la Universidad de Guayaquil, otro grupo amenazaba con la misma violencia a maestros y estudiantes, quienes suplicaban que la policía abandonara el lugar.

Afuera de ambos recintos reinaba el caos. Otros grupos armados incendiaban carros mientras la ciudadanía trataba de huir.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden y declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en la nación andina.

El lunes, el presidente había declarado el estado de excepción después de que se produjeran graves incidentes en seis cárceles del país, con secuestros de policías y las fugas de los líderes de dos grandes bandas delictivas.

Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos tres años.

En 2023 batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los que solo se resolvieron 584.

Pero, ¿qué significa que en el país se haya declarado un conflicto armado interno y qué implicaciones tiene?

Condiciones de un conflicto armado

Según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno es una situación de violencia que tiene lugar en un Estado y en el que ocurren enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados.

En el derecho internacional humanitario se exige la presencia de varias condiciones para determinar la existencia de un conflicto armado interno.

Aparte de enfrentamientos prolongados, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja -que basa su definición en los Convenios de Ginebra y la jurisprudencia internacional-, el conflicto debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en él deben poseer una estructura organizada.

Se puede argumentar que muchas de las bandas criminales que operan en Ecuador tienen estructuras bien organizadas.

Y es que el poder de más de 20 bandas criminales que operan en el país se ha fortalecido en los últimos años, gracias a los millonarios ingresos de la droga.

El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas ilícitas.

Las bandas tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones, que están vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia.

Estas bandas luchan además por el control de otros sectores del país.

Un asunto que causa debate

En agosto del año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo, en un crimen que aún no se ha logrado esclarecer pero que muchos analistas vinculan con el auge de estas bandas.

“Este y otros crímenes son para ponerle condiciones al poder político y demostrar que desde hace algún tiempo, en buena medida, las bandas son quienes tienen el control en el país”, le dijo a BBC Mundo el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.

Edward Pérez, experto en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la University College de Londres, le dice a BBC Mundo que lo demás es más debatible.

“En Ecuador no está claro si el conflicto alcanza el nivel de intensidad ni si es lo suficientemente prolongado para que se pueda decir que existe en realidad un conflicto armado interno“, precisa.

En América Latina hay situaciones que se pueden comparar con la ecuatoriana, de acuerdo al experto especialista en la región.

Él asegura que durante el conflicto en Perú contra el Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y la guerra de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “no se disputa” que existían conflictos armados internos.

“Eran estructuras organizadas con fines políticos y mantuvieron conflictos prolongados”, argumenta.

Sin embargo Pérez considera que todavía es muy pronto para decir que pasa lo mismo en Ecuador.

“El caso ecuatoriano se parece más al de México, cuando se dio la disputa contra los carteles de Sinaloa y Jalisco, existió la retórica de que existía una guerra contra las drogas, pero en la práctica el propio gobierno mexicano sostuvo que no había un conflicto armado interno y que solamente se trataba de una retórica”, explica.

“En Ecuador se pretende declarar un conflicto armado por decreto y eso es algo que no se puede declarar, sino que simplemente ocurre”.

Por su parte, la abogada ecuatoriana María José Mogrovejo, especialista en Derecho Constitucional, argumenta que las condiciones existen.

“Los temas de la prolongación y la intensidad los tenemos porque la situación que vivimos en la actualidad no acaba de surgir con el gobierno actual y no hemos visto solo un motín en las cárceles del país, ya llevamos años en esto”, le dice a BBC Mundo.

“La situación actual es incontrolable. El gobierno perdió el control del territorio ecuatoriano y por eso necesita la intervención de las Fuerzas Armadas”, añade.

Implicaciones

Las primeras implicaciones de declarar un conflicto armado pudieron verse inmediatamente después del decreto.

El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a más de una decena de grupos que tildó de “terroristas“.

Poco después del anuncio el ejército ecuatoriano salió a las calles y algunos agentes lo hicieron en vehículos blindados.

“Con el decreto se puede justificar que las Fuerzas Armadas neutralicen a personas adversarias”, explica Edward Pérez.

“Pero la experiencia en América Latina nos muestra que el problema es que bajo estos estados de excepción se tienden a esconder atrocidades que luego se mantienen durante décadas en la impunidad y la oscuridad”, prosigue.

“Se justifican diciendo que eran acciones supuestamente necesarias para mantener el orden público”.

La abogada María José Mogrovejo agrega que el decreto le permite al presidente justificar el estado de excepción que se anunció el lunes.

Esto le da poderes al Ejecutivo para suspender o limitar varios derechos.

“El derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de tránsito y de reunión, entre otros”, explica Mogrovejo.

La experta añade que es importante recordar que durante un estado de excepción se protege un “núcleo duro de los Derechos humanos”, aquellos que ni siquiera en estado de guerra pueden ser vulnerados.

“Se garantiza, por ejemplo, el derecho a la integridad y a la vida”.

Los analistas concuerdan con que el Estado debe prevenir las violaciones de los derechos humanos no solo de las personas involucradas en los grupos, si no de toda la población en general.