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El Gobierno nacional ha emitido un protocolo integral destinado a restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, cumpliendo con una directriz de la Corte Constitucional. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha presentado este protocolo, que proporciona directrices a los entes territoriales y autoridades policiales, destacando la importancia de la autonomía territorial y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En los últimos 20 años, la guerra contra las drogas ha representado un gasto de 568 billones de pesos para el Estado, sin una disminución significativa en el consumo. La expedición de este protocolo responde a la Sentencia C-127 de 2023 y se basa en la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El documento establece pautas para abordar el consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose en la protección integral y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Se destaca la necesidad de diferenciar entre el consumo personal y actividades delictivas relacionadas con estupefacientes. Asimismo, se hace hincapié en aplicar un enfoque de no discriminación y abordar el consumo desde perspectivas de salud pública y derechos humanos.
El Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, señala que el protocolo sirve como una guía no vinculante, pero enfatiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Proporciona a los alcaldes la posibilidad de restringir el consumo en espacios de especial valor cultural e histórico, como parques y escenarios educativos.
Los criterios prácticos para la actividad policial se centran en el lugar, momento, modo y circunstancias, con un enfoque en medidas preventivas y pedagógicas. Además, el protocolo busca activar una ruta integral de atención para la población en riesgo o con trastornos mentales debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
En cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el protocolo aborda desafíos en derechos humanos relacionados con el problema mundial de las drogas. Busca adoptar alternativas a la penalización, fomentar políticas no discriminatorias y garantizar el acceso a tratamientos médicos voluntarios, promoviendo el consentimiento informado como condición indispensable para la intervención.
El protocolo no solo cumple con las disposiciones constitucionales, sino que también se alinea con las recomendaciones internacionales para abordar el problema de las drogas, contribuyendo a sembrar vida y desterrar el narcotráfico.
Ver Protocolos :
Protocolo de Ministerio de Justicia
Protocolo de Ministerio de Justicia 2
carloscastaneda@prensamercosur.org
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