Lula sanciona con vetos el proyecto de la Ley de Agrotóxicos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sancionado con 14 vetos el proyecto de ley que trata del control, inspección y vigilancia de los agrotóxicos en Brasil.

Tramitando desde 1999, el proyecto rige sobre estos productos que tienen el potencial de dañar la salud humana y animal, así como el medio ambiente, pero son ampliamente utilizados por el sector agrícola con el fin de proteger y aumentar su producción.

Según la Presidencia, la decisión de vetar algunos aspectos estuvo motivada «por el objetivo de garantizar una adecuada integración entre las necesidades de producción, la protección de la salud y el equilibrio medioambiental».

Brasil es el mayor consumidor de pesticidas del mundo. Entre 2019 y 2022, se autorizaron 2.181 nuevos registros, lo que corresponde a una media de 545 por año. En 2023, el país aprobó 505 nuevos registros de agrotóxicos, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa). El pronóstico era que, con la nueva legislación, el número subiera aún más.

Vetos

Uno de los vetos se dio a la disposición que retiraba al Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) sus funciones de fiscalización,  transfiriéndolas al Ministerio de Agricultura. Según la Presidencia, si se aprobaba el texto original, el Ibama y la Anvisa sólo actuarían como «mero complemento» del trabajo del Mapa, que acabaría encargándose en exclusiva de estas cuestiones.

En la justificación del veto, el argumento es que «la medida evita la transferencia del reanálisis toxicológico (riesgos a la salud) y ecotoxicológico (riesgos ambientales) a un único órgano, garantizando el mantenimiento del modelo tripartito, directamente asociado a los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, previstos en la Constitución Federal».

Otros vetos siguieron el mismo camino, ya que, en la evaluación de la Presidencia, representaban «la extinción del actual modelo regulatorio tripartito (salud, medio ambiente y agricultura) para el registro y control de plaguicidas, adoptado en Brasil desde 1989».

Críticas al proyecto

Durante su tramitación en el Senado, el proyecto fue criticado por diversas organizaciones, hasta el punto de que la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) lo apodó como el «proyecto del veneno».

En aquel entonces, la Fiocruz publicó documentos que calificaban de retroceso algunos puntos del texto. Entre ellos, la amenaza al papel histórico de los Ministerios de Salud y Medio Ambiente en la regulación de los agrotóxicos, debilitando su poder de decisión sobre el registro de estos agentes; la permisión para que Brasil exporte agrotóxicos no registrados cuyo uso está prohibido en nuestro país; y un concepto de riesgo que abre la posibilidad, por ejemplo, de registrar agrotóxicos que causen cáncer, ya que pequeñas dosis pueden llevar a daños irreversibles a la salud de las personas.

Tras el veto presidencial, la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y Por la Vida –una red de organizaciones sociales que denuncia los efectos de los plaguicidas y del agronegocio– divulgó una nota en la que califica los vetos presidenciales como un «acto importante», pero advierte que eso es «insuficiente para resolver los innumerables problemas causados por la nueva ley».

«Enfatizamos la necesidad de continuar e intensificar la movilización, presionando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados para evitar que los vetos sean anulados por el Parlamento», dice la nota.

La red de organizaciones recuerda que el nuevo marco regulatorio de los agrotóxicos enfrentó una fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad. Entre ellos, el Instituto Nacional del Cáncer, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y el Ibama, así como la Anvisa, el Ministerio Público del Trabajo, el Ministerio Público Federal, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, la Asociación Brasileña de Agroecología y la propia Organización de las Naciones Unidas.

La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil no se pronunció sobre los vetos al proyecto de ley hasta el momento de la publicación de este artículo.