En Argentina sólo podrán reunirse más de tres personas en público si el Gobierno lo autoriza. El presidente tendrá facultades legislativas. Las universidades públicas les cobrarán cuotas a extranjeros. Ya no habrá elecciones primarias. Se eliminará el apoyo a las instituciones del libro, el teatro, el cine, la música y la cultura en general. Se privatizarán las empresas estatales. Y los jueces tendrán que usar toga y martillo, al estilo estadounidense.
Estos son algunos de los cambios que propone la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que el presidente Javier Milei presentó el miércoles y que, por sus dimensiones, fue bautizada como ‘ley ómnibus’, ya que consta de 664 artículos que modifican por completo el funcionamiento del país como se conocía hasta ahora.
El documento se suma al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el mandatario dio a conocer la semana pasada y que ya incluía drásticas modificaciones a más de 300 leyes.
En conjunto, ambas iniciativas, que han sido calificadas por sus opositores como «insólitas», «inéditas» y «antidemocráticas», son inabarcables puesto que abordan todos los aspectos sociales, políticos y económicos de Argentina.
Al igual que ocurrió con el DNU, los cuestionamientos a la ‘ley ómnibus’ comenzaron de inmediato e incluyeron movilizaciones y cacerolazos en varias ciudades del país.
«Estado de sitio»
Uno de los puntos que más se viralizó fue el artículo 331, el cual advierte que no podrán reunirse sin permiso del Gobierno tres o más personas en la vía pública con la intención de manifestarse, lo que refuerza la criminalización de la protesta social que ya se implementó desde el inicio de este Gobierno.
«Toda reunión o manifestación deberá ser notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor a 48 horas», exige la norma que advierte que las autoridades podrán negar el permiso o proponer modificaciones de horario, lugar y fecha.
En respuesta, el término «Estado de sitio» predominó en las redes sociales, ya que la iniciativa repite el tono de las reglamentaciones que rigieron durante la última dictadura militar (1976-1983).
«Se cancela ir a caminar con amigas si son más de tres. Gente, esto es una declaración de Estado de sitio sin bases constitucionales», «Se limita el derecho de reunión de los argentinos. Se llaman liberales, pero al final siempre son fascistas», «La nueva ley ómnibus de Milei es tan represiva que pretende criminalizar reuniones de tres personas o más. Un verdadero Estado de sitio», «A esto en historia le llamamos ‘Estado de sitio’ que generalmente se da en las dictaduras», fueron algunas de las miles de réplicas.
Blanqueo y privatización
La iniciativa de Milei que deberá analizar el Congreso propone un blanqueo de capitales que premia al evasor, sin ningún aliciente para el contribuyente cumplidor, ya que permite regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo, en bienes inmuebles o criptomonedas sin pagar ninguna penalidad.
Si el blanqueo supera ese monto, deberá cubrir una sanción que va del 5,0 % al 15 % de los bienes declarados.
Con respecto a las privatizaciones, que ya habían sido anticipadas en el DNU, Milei incluye a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); Aerolíneas Argentinas; Corredores Viales; Correo Argentina; Ferrocarriles Argentinos; los medios públicos; Administración General de Puertos, Aguas y Saneamientos; Banco de Inversión y Comercio Exterior y Casa de Moneda, entre otros.
Por otra parte, el documento elimina el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y no lo sustituye por ningún otro organismo, como sí ocurrió en el caso del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que fue reducido a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
En el ámbito de las políticas culturales, la ley plantea la desaparición del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, la Ley de Defensa de la Actividad Librera, y quita el financiamiento del Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales, y de las bibliotecas populares.
Otro aspecto que provocó la preocupación de los colectivos feministas es el artículo que propone «detectar embarazadas e hijos por nacer» para ofrecerles asistencia social, ya que esa es la estrategia que llevan a cabo las organizaciones conservadoras para presionar a las mujeres con el fin de impedir que aborten si así lo desean, un derecho que ya fue legalizado en 2020.
Reforma electoral
En materia electoral, la iniciativa propone la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a través de las cuales los partidos eligen a sus candidatos a la presidencia, al senado y a la Cámara de Diputados.
Además, modifica la integración de la Cámara de Diputados al adoptar el sistema de circunscripciones uninominales, lo que favorecería a la fuerza política que más votos consiga.
Ello limitaría el contrapeso entre poderes, ya que el presidente electo tendría mayoría parlamentaria, no como ha ocurrido durante los últimos gobiernos en los que los mandatarios enfrentaron una mayoría opositora.
En otro artículo, la ley elimina el tope de aportes privados a las campañas presidenciales, lo que fue cuestionado por Pablo Secchi, miembro de Transparencia Internacional.
«Se privatiza la campaña y los candidatos pueden llegar a ser directamente empleados de empresas, empresarios, o corporaciones (…) genera una terrible inequidad en la competencia y una dependencia enorme del sector privado», escribió.
Junto con estos cambios, Milei pretende que el Congreso le otorgue poderes legislativos con el pretexto de la crisis que padece el país sudamericano.
«Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», señala uno de los aspectos más controvertidos, ya que en redes sociales fue calificado como un intento de golpe de Estado.
«No pensé que iba a vivir para ver un golpe de Estado en Argentina», «¿Cuándo reaccionan real y masivamente los políticos a este golpe de Estado en democracia?», señalaron algunos comentaristas.
Lo que sigue
El debate recién comienza porque la ‘ley ómnibus’ será tratada en un Congreso en el que, a pesar de que el Gobierno no tiene mayoría, ya comenzó a cabildear apoyos de otras fuerzas al igual que con el DNU.
Mientras tanto, se siguen multiplicando las convocatorias a protestar en las calles.
actualidad.rt.com
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