Las (no) señales del Presupuesto General del Estado

El actual receso legislativo anticipa que a partir de la siguiente semana el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 se ejecutará de hecho, frente a la falta de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Lamento que la alta división, la polarización y el apego estrecho a las narrativas predominantes de uno y otro lado hayan impedido una discusión seria y técnica del presupuesto, porque existen varios aspectos para mejorar y replantear.

Por ejemplo, el PGE contempla el endeudamiento en mercados financieros internacionales por USD2.000 millones. Una de las secuelas de la crisis cambiaria y su manejo ha sido el incremento del riesgo soberano desde 5,6% hace un año a 22,5% el dato más reciente.
Eso significa que actualmente el país tendría que pagar por intereses de esa eventual nueva deuda casi 25%, algo que es implausible, costoso e impracticable. El primer toque de realidad es enfrentar que el país tendrá menos financiamiento externo.
Entonces debemos descartar Bs14 mil millones de recursos externos para financiar el déficit. Por eso, el desbalance entre ingresos y gastos debe reducirse por lo menos a la mitad.

Las opciones son o aumentar ingresos o disminuir egresos. Allí viene el segundo problema porque el PGE supone que los ingresos tributarios crecerán 11%, algo que es improbable dado el dinamismo previsto de 2% según los expertos e incluso el crecimiento oficial previsto de 3,7%. Esto ahondará aún más la necesidad de recursos para cubrir los gastos totales.

Por tanto, la alternativa adecuada es reducir los egresos dada la falta de financiamiento. Debido a la escasez de divisas por el bajo nivel de reservas internacionales, el recorte debería orientarse en las partidas en moneda extranjera.

La primera opción lógica es cortar el subsidio a los combustibles, que representaría casi un tercio del déficit global (USD1.400 millones). Políticamente parece difícil porque existe el antecedente fallido de 2010 cuando se quiso eliminar, pero también porque en estos años no se preparó una alternativa para focalizar este subsidio y perfeccionarlo.
Pero otro inconveniente aún más grande: por más que se elimine el subsidio, la necesidad de dólares persistirá sin importar si la importación la paga el público o privado.

Esto no implica que el subsidio no se discuta. Hasta el momento la visión sobre el tema ha sido maniquea y dicotómica: si o no. El debate correcto incluye a quienes debe llegar, cómo focalizar y cuál es el monto sostenible en el tiempo. Como dice un adagio popular “no se puede tapar el sol con un dedo.” 

La opción práctica es disminuir la inversión pública, tratando de afectar lo menos posible la correspondiente en infraestructura y de carácter social, que dicho de paso son bajas en el proyecto de Ley Financial.
El PGE contempla USD2.375 millones para inversión pública productiva, destinada principalmente a empresas públicas. Si la inversión en este ítem se reduciría USD2.000 millones, las necesidades de financiamiento global se reducirían a la mitad.

A nivel interno, también se debería bajar el crecimiento del gasto corriente (8%), optimizando las diversas partidas que no corresponden a servicios personales, porque el exceso de gasto también se traduce en pérdida de reservas.
Rescato de la presentación del PGE como el dato más sincero el tamaño del empleo público (432 mil personas) que es coincidente con otras fuentes estadísticas. 

En caso de que el PGE entre en vigencia automáticamente, espero que el Programa Fiscal Financiero que se firma entre el Ministerio de Economía y el Banco Central pueda contener las señales correctas para la estabilidad y la sostenibilidad.
A nivel estructural, se debe discutir en qué y cómo se gasta, quién lo hace y la calidad de los egresos públicos con una visión técnica y realista. Se requieren indicadores de eficacia, mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos, además de menor discrecionalidad y centralismo.
La discusión fiscal es imperiosa para el desarrollo