El PSOE rechaza que se despenalice enaltecer el terrorismo pero sí las injurias a la Corona

El recorrido de las leyes en el Congreso siempre comienza con su admisión o no a trámite. Si la mayoría de la Cámara Baja da el visto bueno a la norma, comienza su recorrido parlamentario. De lo contrario, decae. Con la reforma que Sumar ha presentado este martes, y que propone derogar hasta seis delitos del Código Penal, se quiere eliminar algunos de los llamados delitos de expresión por tercera vez. Se trata de una vieja reivindicación de Unidas Podemos y de formaciones como Esquerra Republicana y EH Bildu que, sin embargo, nunca llegó a ver la luz durante la pasada legislatura por las reticencias del PSOE.

Sumar propone derogar seis delitos: el de injurias a la Corona –artículos 490.3 y 491–, injurias al Gobierno y sus instituciones –artículo 504–, ofensa a los sentimientos religiosos –artículo 525–, ultrajes a España –artículo 543– y enaltecimiento del terrorismo –artículo 578–. Se trata de delitos que han provocado verdaderos quebraderos de cabeza a personas como Pablo Hasel, encarcelado por por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona o el rapero Valtonyc, fugado en Bélgica tras ser condenado a tres años de cárcel también por enaltecimiento del terrorismo, injurias, calumnias y amenazas por las letras de sus canciones. Hace dos años el Gobierno de Pedro Sánchez prometió una revisión de los delitos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad, pero no llegó a producirse.

El encargado de presentar esta iniciativa durante el pleno ha sido el portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso y parlamentario de Sumar, Enrique Santiago. “La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no se castigan comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica, pueden ser groseros o hirientes, pero una democracia siempre aplica la mínima intervención del derecho penal“, ha subrayado.

Santiago, además, ha recordado que es un asunto sobre el que se han pedido avances a nivel internacional. En su último examen periódico universal, dos de las recomendaciones del Consejo de Europa iban justo en esa dirección. La primera pedía “garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal”. La segunda planteaba una revisión relativa, en concreto, de las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. “La Corte europea de los Derechos Humanos castiga reiteradamente a España por mantener delitos como el ultraje a la nación”, ha añadido.

El debate jurídico lleva años planteado, a la vista de las numerosas sentencias y autos discrepantes entre los distintos tribunales españoles a la hora de interpretar la aplicación de estos delitos considerados “de expresión”, más allá del de enaltecimiento del terrorismo. Desde Sumar defienden que hay que poner fin a las diferentes interpretaciones entre los magistrados y adaptar el Código Penal español a los estándares europeos e internacionales.

La propuesta ha contado con el visto bueno del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos para ser tramitada, con 177 votos a favor por los 169 en contra de la derecha. Los socialistas se han mostrado reticentes a la derogación del delito de exaltación del terrorismo pero sí abren la puerta a despenalizar las injurias a la Corona. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, que asegurado que “enaltecer el terrorismo es un límite” mientras que la diputada socialista que ha intervenido en el hemiciclo, Isaura Leal, ha incidido en que “proteger a las víctimas a las que se menosprecia y humilla” es “una obligación de estado”.

En esa línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este martes debatir “de manera sosegada y rigurosa” la posible reforma de la legislación sobre los ‘delitos de expresión’. “Siempre está en el ánimo del Gobierno poder homogeneizar nuestra legislación, no solo la penal cualquier legislación, también la constitucional, a los mejores estándares europeos”, afirmó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, aunque precisó que “la técnica jurídica ha de ser exquisita”.

En 2021, horas antes de que el Congreso debatiera sobre la proposición presentada por Unidas Podemos, el Ministerio de Justicia —bajo el mandato de Juan Carlos Campo— anunció que impulsaría una revisión de los delitos relacionados con “excesos” en el ejercicio de la libertad de expresión, con el objetivo de que solo se castigaran las conductas que supongan “claramente” la creación de un riesgo para el orden público o “la provocación de algún tipo de conducta violenta”, con penas disuasorias, como multas, y no con penas privativas de libertad, pero cerró la puerta a su derogación completa.

Para Sumar el principal problema es que la legislación española no acaba de definir bien los tipos penales y se muestra “ambigua” en la definición del enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal. Según defienden desde la coalición, el enaltecimiento terrorista es un delito de opinión, que consiste en incitar “indirectamente” a la comisión de delitos terroristas. Santiago argumenta que ahora está sirviendo para perseguir a “cantantes y titiriteros” y, en su lugar, Sumar plantea incluir a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen “especial protección“, de modo que la persecución de las injurias o calumnias contra ellos se articulen mediante la vía del agravante.

Uno de los temores de Sumar es que ocurra lo que ya sucedió la pasada legislatura con la iniciativa de los morados y la de Esquerra y Bildu: que acabe enterrada en el Congreso. Los socialistas pueden retrasar todo lo que quieran su tramitación ampliando el periodo de enmiendas —es una técnica que se utiliza para alargar sine die una ley—. Una preocupación que trasladó Pilar Vallugera, de ERC, que reclamó al PSOE que esta vez no deje la propuesta “en un cajón durmiendo el sueño de los justos”.

“Subasta de la infamia“. Así calificó la propuesta el diputado del PP y exparlamentario de UPN, Sergio Sayas, que relacionó con la amnistía, la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona y el terrorismo de ETA. Afirmó que España es testigo de un “ataque a la democracia, a la Constitución y al Estado” por parte del Gobierno. Así, Sayas ha asegurado que los delitos que se recogen en el Código Penal no son una excepción en Europa, mientras que Vox ha abogado incluso por endurecer todavía más el Código Penal.

Tras la aprobación de la tramitación de la ley, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en la entrevista en Informativos Telecinco que el PP reclamará en el Congreso que se prohíban los homenajes a terroristas, la posibilidad de indultarlos y que condenados por delitos de sangre vayan en listas electorales. Desde el PP atribuyen el voto favorable de los socialistas a su “confraternización” con Bildu, pese a que ya votaron a favor de tramitar esta reforma en dos ocasiones anteriores.

El parlamentario de Vox, José María Figaredo, de Vox, señaló que la iniciativa corrobora que Sánchez “está preparando un golpe de Estado desde La Moncloa”. El ultraderechista dijo que su cometido será “amordazar y arrodillar a la oposición”: “La realidad es que en España poco castigamos a quienes insulta y subvierten el orden público“, llegó a afirmar, subrayando que España “es una de las democracias” —pese a que minutos antes había afirmado que Sánchez era un dictador— “que menos defiende a sus símbolos de Europa”.

Por su parte, Santiago defendió que la propuesta de su formación se basa en “recuperar derechos y seguridad jurídica” y aseguró que la derecha “no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión” salvo “si cree que es incompatible con su modelo de sociedad“.