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En 2018, Felipe* experimentó la compleja red de normativas relacionadas con la marihuana en Colombia. Mientras disfrutaba de un bareto en su casa en Ibagué, agentes confiscaron su cannabis y le impusieron un comparendo por el humo que, según ellos, afectó el espacio público. Este incidente refleja la confusión generalizada entre los consumidores de marihuana en Colombia, que según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, superan el millón de personas.
En octubre de 2018, el presidente Iván Duque firmó el decreto 1844 en nombre de la “convivencia en el espacio público”, otorgando más poder a la Policía para perseguir la dosis personal. Aunque Duque afirmó que no se busca encarcelar a los consumidores, la aplicación de estas normativas genera incertidumbre. ¿No debería tener Felipe el derecho a una dosis personal según la sentencia C-221 de 1994?
La realidad es que la legislación colombiana sobre marihuana es un enredo normativo. Mientras algunas sentencias de la Corte Constitucional permiten la dosis personal, otras disposiciones prohíben el porte y consumo de sustancias psicoactivas. Esta esquizofrenia normativa afecta a los consumidores, obligándolos a recurrir a mafias sin control sobre la calidad de la sustancia.
Expertos, como Inés Elvira Mejía, han señalado los riesgos de esta confusión, que permite abusos y corrupción. Un diálogo con la línea de atención al ciudadano de la Policía Nacional ilustra la falta de claridad: ¿qué le puede pasar a alguien fumando marihuana en el espacio público? La respuesta es ambigua y depende de múltiples factores, dejando a los consumidores en un estado constante de incertidumbre.
El abogado Sebastián Lanz de Temblores ONG destaca la confusión tanto para los usuarios como para los entes de control, generando actuaciones sin sentido que terminan perjudicando a los consumidores. La historia de un encuentro con la policía en Bogotá revela la dificultad de distinguir entre control policial y abuso.
Ante esta nebulosa realidad, la “alianza interparlamentaria” presentó en julio un paquete de proyectos de ley para reformar el enfoque histórico del Estado hacia las drogas. Su objetivo es clarificar las normativas y abordar la inseguridad jurídica que rodea el consumo de marihuana en Colombia.
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