Francia lidera las presiones dentro de la UE para legitimar el espionaje a periodistas

Gobiernos de varios países europeos siguen presionando para legitimar el espionaje de Estado a los periodistas en virtud de una nueva ley comunitaria concebida sobre el papel para protegerlos, según acreditan los documentos obtenidos por Investigate Europe, Disclose y Follow the Money, en una investigación que publica infoLibre en exclusiva en España.

Las actas de una reunión del Consejo Europeo celebrada en noviembre muestran que los Gobiernos de Francia, Italia, Grecia, Suecia, Finlandia, Chipre y Malta insisten en una redacción de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) que permitiría el uso de programas espía si las autoridades lo consideran necesario para la «seguridad nacional».

Las nuevas presiones se producen después de que el Consejo Europeo publicara en junio su borrador, que incluía por primera vez una referencia a la «seguridad nacional». La propuesta fue recibida con una oleada de críticas por parte de periodistas, sociedad civil y eurodiputados. Reporteros sin Fronteras la calificó de «disposición peligrosa, que envenenaría la ley desde dentro».

La oposición entre los parlamentarios ha traspasado las líneas partidistas. «Los gobiernos no tienen nada que hacer en los teléfonos de los periodistas. En el Parlamento Europeo hemos tomado disposiciones al respecto. Es inaceptable que los Estados miembros intenten ahora reintroducir este párrafo de espionaje por la puerta de atrás«, declaró el eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, que forma parte de las negociaciones en curso.

El político francés de derechas Geoffroy Didier, que también participó en los debates, ha pedido en repetidas ocasiones al gobierno de Emmanuel Macron «que abandone su plan de espiar legalmente a los periodistas. Esta normativa europea debe proteger el pluralismo, no autorizar el espionaje».

El Parlamento Europeo ofreció una especie de antídoto en octubre con la publicación de su propio proyecto. Su propuesta limitaría el uso de programas espía. La vigilancia y el control de los dispositivos se decidirían caso por caso, requerirían la orden de un juez independiente y no podrían abarcar las fuentes ni las actividades profesionales de un periodista.

Tras 15 meses de negociaciones, el Consejo y el Parlamento deben ahora negociar un texto jurídico definitivo con la Comisión Europea. La reunión decisiva del llamado «trílogo«, en referencia a las tres máximas instituciones comunitarias, está prevista para este viernes 15 de diciembre. Las dos posiciones, fundamentalmente diferentes, chocarán en la cuestión del espionaje de los periodistas y sus fuentes por parte de las autoridades estatales. La protección de los informadores «es una de las condiciones básicas de la libertad de prensa«, declaró en 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añadiendo que, sin ella, «puede verse socavada la función vital de vigilancia pública que desempeña la prensa como guardiana de la esfera pública«.

El Consejo Europeo –que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la UE– adoptó su versión el 21 de junio, bajo la presión del gobierno de Macron y, en última instancia, con el acuerdo de todos los gobiernos excepto Hungría y Polonia. Incluyó la polémica excepción a la prohibición de espiar a los periodistas: «El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de proteger la seguridad nacional».

Esta enmienda relativa a la seguridad nacional, revelada en su día por Investigate Europe, podría conceder a los Estados un «cheque en blanco» para llevar a cabo operaciones de vigilancia contra periodistas, según los críticos con la propuesta. Pero Martin Persson, del Ministerio de Cultura sueco, cuyo gobierno presidió las negociaciones en el Consejo, rechazó esa interpretación: «Esta redacción no añade nada nuevo, sino que se limita a remitir a lo que ya se aplica en virtud del Tratado de la UE».

La frase era simplemente «una aclaración que no pretende establecer ningún nuevo derecho de injerencia en las libertades periodísticas», insistió en junio un portavoz de Claudia Roth, ministra de Cultura y Medios de Alemania.

Si eso fuera verdad, el párrafo adicional no tendría sentido. De hecho, no es cierto. Según el actual Tratado de la UE, la salvaguardia de la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados nacionales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado en repetidas ocasiones que invocar este principio no justifica infringir las leyes de la UE.

En octubre de 2020, por ejemplo, los jueces del TJUE prohibieron a las autoridades francesas obligar a los proveedores de internet a conservar todos los datos de sus clientes más allá de investigaciones concretas, ya que suponía una violación de la directiva de la UE sobre protección de datos en las comunicaciones electrónicas. «El mero hecho de que se haya tomado una medida nacional para proteger la seguridad nacional no puede eximir a los Estados miembros del necesario cumplimiento de la legislación de la UE», sentenció.

Debido a esta derrota, según fuentes de la Comisión, el Gobierno francés y los otros seis que defienden la misma posición necesitan esa excepción de la seguridad nacional en la Ley de Medios comunitaria, para impedir que los tribunales nacionales remitan los posibles litigios al TJUE. De este modo, podrían decidir por su cuenta cuándo la protección de los periodistas contra el espionaje puede atentar contra la seguridad nacional. Sería una forma de esquivar la prohibición de vigilar a los reporteros.

La legislación de la UE podría entonces legitimar la forma en que algunos Estados ya han vigilado e investigado ilegalmente a periodistas críticos. Los gobiernos de Grecia, España, Bulgaria y Hungría han invocado la seguridad nacional para justificar el uso de programas espía como Pegasus y Predator contra periodistas. El Parlamento Europeo creó incluso una comisión especial de investigación y pidió que se prohíba la venta de programas espía hasta que se definan claramente en la ley los casos excepcionales en los que están permitidos.

Periodistas y editores se oponen enérgicamente a la perspectiva de una laguna jurídica en materia de seguridad nacional: «Estamos profundamente preocupados por el efecto amedrentador que podría producirse si el texto final establece condiciones para la revelación de fuentes que no cumplan las normas internacionales de derechos humanos», rezaba una carta abierta publicada en diciembre por 17 asociaciones e institutos europeos de medios de comunicación.

Las actas de la reunión del Consejo de Representantes Permanentes de la UE del 22 de noviembre muestran que siete Estados siguen presionando a favor de la exención. Italia declaró que mantener el párrafo era una obligación y una «línea roja». Los representantes de Francia, Finlandia y Chipre también se declararon «poco flexibles» al respecto. Suecia, Malta y Grecia estuvieron de acuerdo «con algunos matices», según el documento, redactado por un alto funcionario alemán presente en la reunión.

Sólo Francia, Finlandia y Suecia confirmaron su postura favorable a la disposición sobre «seguridad nacional» cuando se les contactó para este artículo.

Entre los Gobiernos de la UE, Portugal es el único que ha criticado abiertamente la excepción de seguridad nacional. Un portavoz de la representación portuguesa en Bruselas declaró que estaban «preocupados por el futuro impacto que esta disposición podría tener no sólo en la libertad de los periodistas para ejercer su profesión, sino también en la sociedad civil europea». Los reporteros enviaron preguntas al Gobierno español para conocer su postura, pero este no contestó a las cuestiones planteadas.

Queda por ver si una mayoría cualificada de gobiernos, que represente al 65% de la población de la UE, insistirá finalmente en esa exención o aceptará un compromiso que salvaguarde los derechos fundamentales. Aunque los siete Estados sólo representan el 34% de la población europea, esta minoría podría bloquear cualquier compromiso con una llamada minoría de bloqueo en el Consejo, porque Hungría rechaza de todos modos la Ley para la Libertad de los Medios y juntos representarían el 36% de los ciudadanos de la UE.

Los siete países que defienden la línea dura del Consejo están dispuestos a hacer algunas concesiones. Junto con la mayoría de los Estados miembros, apoyaron el texto del Parlamento de octubre, según el cual las fuentes de los periodistas deben estar protegidas y es obligatorio obtener «el consentimiento de una autoridad judicial independiente» si se pretende violar dicha protección. También señalaron que podrían apoyar un mecanismo para «revisar regularmente el uso de las tecnologías de vigilancia».

Sin embargo, Christophe Bigot, abogado y experto en derecho de prensa, considera que se trata de un falso señuelo, al menos en el caso de Francia. «Cualquier referencia a la seguridad nacional puede bastar para perseguir o vigilar a un periodista«, declaró Bigot. Obtener la autorización previa de un juez no sería más que «un cambio sobre el papel«, ya que en el caso de una investigación preliminar, los registros de las redacciones o de los periodistas son casi siempre concedidos por los jueces en Francia.

Así lo ilustran las recientes investigaciones contra los periodistas de Disclose. El mero hecho de que citaran documentos secretos sobre la implicación de agentes franceses en el asesinato de civiles por las autoridades de seguridad en Egipto bastó para que un juez permitiera a la policía allanar el domicilio de una de las periodistas y confiscar sus ordenadores y teléfonos.

Francia ha liderado las peticiones de una exención desde el inicio del debate sobre la Ley de Libertad de los Medios, como demuestran documentos del Consejo. Ya el 21 de octubre de 2022, el gobierno galo abogó por una «cláusula de exclusión explícita» para toda la ley si la seguridad nacional se viera afectada.

Que el Gobierno francés se imponga dependerá del resultado de las próximas negociaciones a tres bandas. Si no se llega a un acuerdo, el texto podría fracasar y las libertades de los medios de comunicación en toda Europa seguirían contando con menor protección frente a los ataques. Si los partidarios de la línea dura del Consejo se salen con la suya, la ley podría contener una peligrosa laguna que pondría en peligro a los periodistas de muchos países. Pero si se alcanza un compromiso, la ley establecería importantes normas mínimas para la libertad de prensa, como la independencia de la televisión pública respecto al Estado y la protección de las decisiones editoriales frente a injerencias externas.

Según una fuente cercana a las negociaciones, el Parlamento podría acabar aceptando si los Estados miembros definen una lista precisa de delitos para los que podría autorizarse la vigilancia de periodistas. Pero la retirada de la amplia excepción por motivos de seguridad nacional sigue siendo su «línea roja».

Para superar el bloqueo entre ambas partes, el Gobierno alemán lanzó una propuesta de última hora para salvar la ley. «La ministra Claudia Roth ha conseguido que el Gobierno federal alemán y los Estados federados se abstengan de mencionar explícitamente la «seguridad nacional» en el texto», declaró su portavoz. La postura oficial alemana propone ahora la siguiente redacción para el párrafo correspondiente: «El presente artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar los ámbitos de los que son los únicos responsables».

Si esto resolverá realmente el problema, incluso aunque lo aprueben el Parlamento y el Consejo, es algo que probablemente terminarán decidiendo los tribunales.

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Edición: Chris Matthews

Pascal Hansens y Harald Schumann son periodistas de Investigate Europe, Alexander Fanta trabaja en Follow the Money, y Ariane Lavrilleux lo hace en Disclose.