Los ingresos de jóvenes por problemas de salud mental han crecido un 30% y no hay red que ayude a frenarlo

El 50% de la Generación Z de todo el mundo afirma recibir tratamiento por algún trastorno de salud mental. En España, el 59,3% de los jóvenes asegura que ha tenido algún problema de este tipo en el último año. Un estudio reciente publicado en Australia muestra que los nacidos a partir de 1990 tienen, en general, peor salud mental. Y así podríamos seguir enumerando distintos datos y cifras que nos llevarían a la misma conclusión: “Cada vez está más claro que hay más jóvenes tristes y sin ilusión. Es una epidemia de insatisfacción general”, lamenta José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología. Según sus propios datos, las visitas de jóvenes a urgencias por este tipo de problemas ha crecido un 100% en sólo dos años. El número de ingresos hospitalarios, un 30%. Por eso reclama una medida muy clara: la creación de la figura del profesional de psicología educativa. “Es imprescindible, los chicos y chicas pasan gran parte de su tiempo en la escuela”, justifica.

El término saltó al debate hace apenas un par de semanas, cuando CCOO puso la voz de alarma sobre una situación que se vive en los institutos madrileños: hay acumulados 2.100 protocolos abiertos por conductas autolíticas (las que infligen daño propio) con riesgo de suicidio. De media, suponen siete por cada centro de la región, aunque en algunos han llegado a contarse hasta por decenas. “Terminamos el curso pasado con algo más de 1.800 protocolos abiertos, y según los datos que nos facilitan apenas se han cerrado el 10%”, lamentó la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Hablamos de lo más grave, pero hay problemas que no están ni siquiera protocolarizados. Estos temas no se tratan, nadie habla de ello”, denuncia la sindicalista en conversación con infoLibre.

Reclaman por ello medidas muy claras que, inevitablemente, deben poner dinero sobre la mesa. En concreto, desde la organización plantean la adopción de un plan integral que incluye la inversión de 23,6 millones de euros —el 0,34% del total destinado a educación— y la contratación de 150 psicólogos educativos. “Necesitamos intervenciones concretas y directas porque lo que no parece una solución es que el profesor de Matemáticas observe si su alumnado tiene más o menos ánimo o una actitud más negativa”, señala Galvín.

La figura no existe. Y tanto Galvín como Luengo creen que es el momento de crearla. Como lamenta este último, fue la pandemia la que provocó que los trastornos de salud mental en la infancia, adolescencia y la juventud aflorasen “de manera explosiva”. “Fueron cuatro meses dramáticos para muchos chicos y chicas que, en situaciones de vulnerabilidad psicológica y social, dearon de tener la compensación de la escuela. La crisis sanitaria permitió la salida de mucha sintomatología“, explica. En muchos casos, hasta llegar a su peor cara, incrementándose los intentos de suicidio entre los jóvenes. Según el Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022), realizado por la Fundación ANAR, los intentos de suicidio de menores de edad atendidos por la organización se han multiplicado por 25,9 en la última década, pasando de 35 en 2012 a 906 hasta diciembre de 2022.

El Ministerio también lo sabe y por eso en abril de 2022 Pilar Alegría anunció la creación de un plan de salud mental en el sistema educativo. “El porcentaje de niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales o de conducta ha crecido tras la pandemia”, lamentó la ministra. Y puso dinero encima de la mesa. Concretamente, cinco millones. El proyecto, anunciaron entonces, se desarrollaría en colaboración con las comunidades autónomas y se enmarcaba dentro del Plan de Acción 2021-2024 sobre salud mental presentado por el Gobierno en octubre de 2021. “Dará especial importancia a la formación del profesorado, proporcionándoles herramientas que les ayuden a identificar y actuar ante estas situaciones”, explicó entonces Educación.

Nada se comentó de la creación de la figura del profesional de psicología educativa. “El Ministerio tiene la responsabilidad de definir esa especialidad, que todavía no existe, a diferencia del resto de Europa. Educación dice que la salud mental es una prioridad, pero cuando entra en el centro educativo esa emergencia se convierte en educativa, y hace falta un enfoque específico”, reclama Galvín. “Es muy importante que en el sistema educativo se desarrollen acciones para la prevención y detección de desajustes emocionales y también para la promoción del bienestar psicológico“, añade por su por su parte Luengo. “Las investigación nos ha dicho que en torno el 50% o incluso el 60% de los trastornos de los adultos aparecen antes de los 15 años. El 75% antes de los 25. Es decir, tenemos todos los mimbres para decir que el sistema educativo” debe actuar, añade.

Sin embargo, el secretario de Política Educativa de la Federación Estatal de CCOO, Alonso Gutiérrez Morillo, discrepa. Constata que ha habido un incremento de las conductas autolesivas en la adolescencia, igual que Luengo y Galvín, pero lo enmarca dentro de un problema de salud pública. No tiene que ver con la escuela. Y no es ella la que debe resolverlo. Así, el sindicalista reclama otras medidas: el incremento de los equipos de atención en la adolescencia e infancia en la sanidad pública. “Hay estudios que apuntan a que España es el quinto país en el que este problema está más agudizado, pero la respuesta no es responsabilidad de la educación. O no sólo”, explica.

El problema, han apuntado estudios como el presentado en 2021 por Save The Children titulado Crecer saludable(mente), es que a nivel sanitario tampoco hay recursos suficientes. Según denunciaba la organización, hay una “saturación de los servicios de salud mental infantojuveniles” que “provoca listas de espera de hasta dos meses para una primera cita en algunas comunidades autónomas”. Y hay más: en otras llegan a pasar hasta tres meses entre visita y visita. “Nuestra ratio de psiquiatras por habitante se sitúa entre las más bajas de Europa y solo el 60% de los hospitales de la red pública cuenta con atención psicológica. La dificultad para acceder a una atención especializada lleva a veces a que, desde la atención primaria, el sufrimiento emocional de los niños, niñas y adolescentes se trate de mitigar con medicación. España lidera el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes”, remataba Save The Children.

Gutiérrez Morillo coincide en la denuncia. “No podemos permitirnos tener mecanismos que tardan meses en tratar a un adolescente. Hay que poner encima de la mesa una estructura lo suficientemente densa para que la atención sea inmediata y el seguimiento, continuo“, reclama. Para él, esto es más importante que la creación de una figura de psicología clínica dentro de la escuela. Además, dice, ya existe la figura de los orientadores y la recién creada del coordinador de bienestar, introducida tras la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

El problema es que “no se ha implementado correctamente” en todos los centros educativos y “ninguna” comunidad autónoma le destina presupuesto, según denunció el pasado mes de octubre el informe Coordinador de Bienestar y Protección: balance del primer año, presentado por Educo. En concreto, la organización aseguró que sus funciones “no están claras, falta formación, no está profesionalizada o no tienen horas liberadas ni incentivos, entre otras muchas carencias”. Así, advirtió de que el desarrollo normativo es “insuficiente y diferente según la comunidad autónoma” y que la “suma de carencias” asociadas al puesto “repercute directamente en la seguridad y confianza de la persona que tiene que asumirlo”.

Por tanto, hay que reforzarlo. Y también hay que hacer lo propio con los departamentos de orientación, señala Luengo, que denuncia que en España estos equipos ni siquiera alcanzan las ratios establecidas en los parámetros de calidad de la Unión Europea, que establecen la cantidad óptima en un orientador por cada 250 alumnos y alumnas. “Actualmente tenemos uno por cada 800 o incluso 900. Hay que mejorar la cantidad, y eso es buen momento para aumentar también la calidad, y eso se puede llevar a cabo con la incorporación de la psicología educativa a estos equipos”, señala.

En cualquier caso, la transferencia educativa está transferida a las comunidades, y son ellas, en último término, las que implementan las políticas educativas en base a lo que, eso sí, marca el Ministerio. infoLibre se puso en contacto con las diferentes consejerías de Educación para conocer, más allá de Madrid, si existen datos de los protocolos abiertos por conductas autolíticas de los más jóvenes, y para comprobar si cuentan con guías específicas que, aunque fuera de la figura del profesional de psicología educativa, intente frenar el incremento “explosivo”, como lo describió Luengo”, de estos comportamientos. Seis lo especifican.

Asturias informa de que fue la primera autonomía que creó la figura del coordinador de bienestar y protección, presente ya, sostienen sus fuentes, en todos los centros. En concreto, se trata de un docente que dispone de hasta dos horas lectivas semanales para desarrollar la labor. “Las consejerías de Educación y Salud editaron, de forma conjunta, a finales de 2022 una guía para centros educativos de promoción del bienestar emocional, prevención, detección e intervención ante la conducta suicida”, añaden las mismas fuentes, que detallan también que ya se han organizado dos cursos formativos “de bienestar emocional en el ámbito educativo” en el que han participado un total de 700 docentes y una “unidad de intervención rápida para situaciones críticas, con capacidad de actuación en menos de 48 horas”.

En la misma línea, en Cataluña también han implantado la figura del “Coordinador de coeducación, convivencia y bienestar del alumnado”, presente en los 12 servicios territoriales. Además, informan fuentes de su departamento, pusieron en marcha un Programa de Bienestar Emocional, proyecto bajo el cual elaboraron una encuesta para conocer el bienestar emocional del alumnado a partir de quinto de Primaria. Según los primeros resultados, un 8,3% de los jóvenes de ESO y Bachillerato han pensado ocasionalmente en autolesionarse y un 10,9% ha tenido ocasionalmente pensamientos suicidas. Un 6,2%, por otro lado, se ha provocado autolesiones de forma ocasional; un 3,2% lo ha hecho a menudo.

Igualmente preocupantes son los datos facilitados por Navarra. En el curso 2021-2022, se registraron 59 casos de ideación de suicidio y 17 de intento. Las administraciones atendieron, en total, 77 casos. Las cifras son elevadísimas, pero si se ponen en contexto todavía es peor: en 2012-2013 hubo dos casos de ideación de suicidio y ninguno de intento. Tan sólo se atendieron, además, dos casos. Para abordar la emergencia, Educación informa que tiene “protocolos y guías para abordar la educación socio-emocional en los centros”, aunque sus fuentes informan de que no trabajan directamente en la salud mental. “Existen algunas acciones puntuales que se hacen en algunos centros con diferentes colectivos, pero la manera de trabajar la salud mental es a través del fomento del buen trato”, indican.

En Baleares, del mismo modo, presentaron el pasado mes de marzo la memoria sobre casos de riesgo autolítico, en la que también observaron “una cantidad muy superior a la del curso anterior”. En concreto, en 2021-2022 se registraron 333 demandas de asesoramiento por conductas de este tipo, frente a las 24 del año anterior, un incremento exponencial que buscan frenar mediante el protocolo de actuación que crearon en marzo de 2021. Y con la figura de los orientadores que, informan fuentes de la Conselleria, “son los que detectan y derivan los casos de salud mental entre el alumnado”.

También cuentan con ellos en Extremadura. Concretamente, según informan fuentes de Educación en la autonomía, hay 40 equipos de orientación educativa y psicopedagógica en la región, que se diferencian entre equipos generales (hay 24), de atención temprana (8) y específicos (8). Además, cuentan con un Programa de Bienestar Emocional en el Ámbito Educativo, cuya principal labor es la de formación del profesorado, y con una Guía de Acción tutorial “para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo”. Otros 56 centros, además, forman parte de la Red de escuelas de educación emocional y salud mental, que ofrece coordinación de los centros educativos con la Subdirección General de Salud Mental y Servicios Asistenciales del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Galicia, por su parte, informa que todos estos asuntos se gestionan desde el ámbito sanitario. “En el ámbito educativo se abordan estos asuntos de una manera transversal en el proceso de aprendizaje, desde la sensibilización y la prevención”, detallan sus fuentes.