Las seis mentiras en las que se apoya Feijóo para seguir bloqueando la renovación del Consejo del Poder Judicial

El comisario de Justicia, el liberal Didier Reynders, está acostumbrado a lidiar con el avispero español. Sabe que sus palabras se utilizan todos los días como munición para la refriega política y por eso mide muy mucho lo que dice y cómo lo dice. Cuando habla sobre la amnistía (un “asunto interno” de España sobre el que ha pedido información al Gobierno, que a día de hoy no le preocupa y sobre el que no se pronunciará hasta que salga del Congreso) y cuando se refiere al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y sobre esto último lleva muchos meses siendo transparente: eso sí preocupa en Bruselas. Por eso reclama, desde 2022, cada vez con más vehemencia, la renovación del Consejo de acuerdo con la ley vigente, tal y como pide el Gobierno y como rechaza el PP. “Estamos preocupados porque no hay una renovación desde hace ahora cinco años. Lo urgente es renovar”, insistió este mismo lunes.

infoLibre ha recopilado los seis argumentos falsos que el PP, primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo, utiliza para justificar el bloqueo. Son los siguientes.

La frase es de Alberto Núñez Feijóo y es tan reciente que la pronunció este martes. El PP intenta trasladar la responsabilidad del bloqueo al Gobierno o, en su caso, repartir la culpa. “Si hemos de actualizar el Consejo de Poder Judicial, yo no me niego a ello”, añadió.

Pero no es verdad. La ley establece que para renovar el Consejo hace falta una mayoría que sólo es posible mediante un acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. Y es el PP el único que se niega, desde hace cinco años, a acordar doce nombres a partir de la lista de 50 que hace un lustro les proporcionaron los jueces, tal y como manda la legislación.

Es más: el PP ha roto en estos años hasta en tres ocasiones un acuerdo con el PSOE para renovar siguiendo el modelo actual. Y lo hizo poniendo diferentes excusas cuando el asunto estaba cerrado o a punto de resolverse. Ocurrió en por primera vez en noviembre de 2018. Entonces todo saltó por los aires cuando se conoció un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de que el acuerdo permitiría a su partido controlar “por detrás” la sala más delicada del Tribunal Supremo. El que iba a presidir el Consejo, el juez Manuel Marchena, renunció. Y el PP rompió la baraja.

Volvió a pasar en el verano de 2020. Con todo prácticamente listo, el entonces líder del PP, Pablo Casado, puso como excusa que no podía llegar a acuerdos con un Gobierno en el que uno de sus miembros, Pablo Iglesias, había criticado la decisión del rey emérito de exiliarse en una dictadura del golfo.

La tercera vez fue con Feijóo. Con el acuerdo prácticamente terminado, el líder del PP rompió la negociación, en octubre de 2022, presionado por el ala radical de su partido y por la prensa más conservadora, con la excusa de que el Gobierno estaba dispuesto a reformar el delito de sedición en el Código Penal.

Lo cierto es que el PP, primero con Casado y luego con Feijóo, se ha enrocado en una condición de la que no se mueve: sólo aceptará desbloquear la situación si el Gobierno y el Congreso aceptan aplicar un modelo de elección directa de los vocales por parte de los jueces.

El Ejecutivo y la Cámara Alta rechazan esa posibilidad y defienden el sistema actual, que da peso a los jueces (proponen 50 nombres) pero reserva espacio a las Cortes (eligen 12 de entre esos 50). “Estamos dispuestos a avanzar en la renovación general del Poder Judicial al mismo tiempo que avanzamos en la ley” para cambiar el sistema de elección, repiten en el PP. “Si el Partido Socialista lo acepta, podríamos sentarnos. Y si no lo acepta, con nosotros que no cuenten”.

La propuesta del PP se votó en varias ocasiones en el Congreso y siempre ha sido rechazada. Los de Feijóo la incluyeron en su programa electoral pero el resultado del 23J no le permite tramitarla con éxito en esta legislatura. Así que somete al Gobierno a extorsión: si quiere desbloquear el Consejo, tendrá que ser siguiendo sus reglas.

“Que los jueces sean los que eligen a los representantes de los jueces en el Consejo es lo que llevamos reivindicando desde el principio de los tiempos y es además lo que nos pide Europa”, según Feijóo. Pero también es mentira.

La verdad es que el PP ha aplicado el modelo vigente siempre que ha gobernado, lo ha defendido públicamente y, cuando ha tenido mayoría para reformarlo, no lo hizo. El cambio en el PP tuvo lugar después de perder el control del Congreso, en 2016, y tener que afrontar la renovación del Consejo en el año 2018, ya con Sánchez en la Moncloa.

Tampoco es cierto que Europa pida un modelo de elección directa por parte de los jueces. Lo que pide el comisario Reynders, cada vez con más insistencia, es la renovación del Consejo de acuerdo con la actual ley. Y después, y sólo después, la apertura de negociaciones entre los partidos para reformar el modelo. Algo a lo que el PSOE no se niega, aunque sí rechaza que el punto de partida sea aceptar sin más la propuesta del PP.

“Pedro Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Quiere controlarlo”, insistió este martes el nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, repitiendo el argumentario del partido.

El PP trata de trasladar la idea de que, si la renovación tiene lugar de acuerdo con la ley actual, el PSOE tendrá el control del Consejo, lo que implícitamente reconoce que quien tiene ahora el control es el PP, que fue quien determinó la actual mayoría (con el agravante de que los vocales elegidos en 2013 llevan cinco años con su mandato caducado).

Pero tampoco es cierto. Quienes eligen el CGPJ con el actual modelo son el Congreso y el Senado, donde el PSOE está lejos de tener mayoría absoluta. El reparto de vocales siempre se ha hecho de manera proporcional a la presencia de los partidos en las Cortes, de manera que si la renovación se llevase a cabo, ningún grupo político tendría el control del Consejo.

“El único que ha manipulado el Consejo, el que le ha quitado las competencias y el que ha producido el agujero en la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo que se jubilan, es el señor Sánchez, porque ha entrado en el Consejo y le ha prohibido ejercer sus funciones”. La cita, de nuevo, es de Feijóo. Y otra vez está lejos de la realidad.

Es verdad que el Congreso aprobó una reforma de la ley para impedir que el CGPJ, cuando esté en funciones, pueda seguir haciendo nombramientos y funcionando como si no pasase nada. El PP, en cambio, pretendía que la cúpula judicial, dominada por los vocales elegidos cuando este partido tenía mayoría absoluta, conservase todas sus competencias. Lo intentó incluso recurriendo la reforma al Tribunal Constitucional, pero no consiguió su objetivo.

Los dirigentes del PP tratan estos días de minimizar la gravedad de la situación del CGPJ —ha entrado en su sexto año de secuestro— diciendo que el Gobierno habla de este asunto para desviar la atención de la amnistía.

“Esto de intentar sacar el foco del disparate, del despropósito y de la humillación de la amnistía, diciendo que el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues es muy manido”, asegura Feijóo. “Cuando Sánchez tiene problemas para explicar lo que está sucediendo”, añade Tellado, su mano derecha, “acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial. Es una cortina de humo, es una maniobra de distracción. No es otra cosa. Cada vez que el Partido Socialista tiene un lío se van a este tema”.

Es fácil constatar que tampoco es cierto. El bloqueo del Consejo es un asunto de actualidad permanente desde hace cinco años y está presente en las páginas de los periódicos y en los informativos de radio y televisión por su propia entidad.

Con este argumento, el PP intenta situarlo como un asunto menor en comparación con la amnistía. Justo al revés de lo que opinan el resto de los partidos y en particular el comisario de Justicia, Didier Reynders.

“Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la cuchara lo menos posible en el órgano de gobierno de los jueces”, defendió el lunes el portavoz del PP, Borja Sémper. La “separación de poderes, la independencia, está comprometida”, añadió.

“El problema no es repartirse los miembros del Consejo”, razonó Feijóo este martes. “El problema es, de una vez por todas, decirle a la sociedad que el Poder Judicial es un poder independiente y que el órgano de gobierno de ese Poder Judicial tiene que ser, en consecuencia, independiente igual que sus miembros”.

Tampoco es cierto. La verdad es que la independencia de un organismo no depende tanto del modelo de elección como del blindaje que tenga frente a las presiones, en particular la imposibilidad de remover a sus miembros.

Lo explicó perfectamente el Tribunal Constitucional cuando falló a favor del actual modelo: el problema sólo se daría si los veinte vocales del Consejo fuesen “delegados o comisionados del Congreso y del Senado, con toda la carga política que esta situación comportaría”.

Pero en realidad “la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quiénes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico”. Y en el caso del Consejo ningún vocal está vinculado al órgano proponente”, remarca el TC. Por dos motivos: hay una “prohibición del mandato imperativo” y existe “un plazo determinado de mandato (cinco años) que no coincide con el de las Cámaras y durante los cuales no pueden ser removidos”.

De hecho, la experiencia de estos años demuestra que los vocales elegidos por Congreso y Senado, aun teniendo perfiles progresistas o conservadores, no siempre votan siguiendo esa etiqueta ni de acuerdo con los intereses de los partidos que originalmente les propusieron para sus cargos.

La verdad es que la independencia judicial nada tiene que ver con el CGPJ. Lo dijo también el Constitucional en su sentencia de 1986. “Ni la autonomía ni la facultad de autogobierno” de los jueces y magistrados “se reconocen en la Constitución ni se derivan lógicamente de la existencia, composición y funciones del CGPJ”.

Lo que la Carta Magna consagra es “la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia”, pero no que el CGPJ derive de un supuesto “autogobierno de los jueces” que no existe. En realidad ers consecuencia, señala el TC, de la decisión de los constituyentes de “crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los jueces”.

La Constitución, recuerda el fallo del Alto Tribunal, “obliga, ciertamente, a que doce de los vocales del Consejo sean elegidos ‘entre’ jueces y magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho puestos a abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la administran”.