Colombia | Ley Histórica del Senado que confiere al @MinjusticiaCo : Garantía de alimentación para personas privadas de la libertad en URIs y estaciones de policía Hasta 2025.

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La aprobación unánime en la plenaria del Senado de la República de la ley que confiere al Ministerio de Justicia, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la facultad de asegurar el suministro alimentario en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta junio de 2025 marca un hito crucial para los derechos fundamentales de quienes se encuentran detenidos preventivamente en centros transitorios.

La normativa, compuesta por solo cuatro artículos, establece que, a partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en URIs y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, siguiendo la directriz de la Corte Constitucional emitida en 2022.

En la actualidad, la Uspec proporciona alimentación a 17 mil personas privadas de la libertad en las URIs y estaciones de policía, con una asignación presupuestal para el año 2023 de seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), de los cuales noventa y dos mil novecientos cincuenta y seis millones novecientos veinte mil setenta y ocho pesos ($92.956.920.078) están destinados a centros de detención transitoria.

Para el año 2024, se proyecta un presupuesto de seiscientos setenta mil seiscientos cincuenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos ($670.656.189.163) para el servicio de alimentación, asegurando así la continuidad de esta importante función.

La elaboración de esta ley fue el resultado de una colaboración armónica entre el Ministerio de Justicia y diversas entidades territoriales, quienes participaron en mesas de trabajo convocadas con la presencia de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Con la aprobación final pendiente tras la conciliación de Senado y Cámara, así como la firma del presidente de la República, esta ley se presenta como un paso significativo para asegurar la continuidad y calidad del servicio alimentario para personas privadas de la libertad en el país hasta el año 2025.

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