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La Comisión Primera del Senado de la República ha dado un paso significativo hacia la mejora del sistema judicial en Colombia al aprobar en primer debate la ley estatutaria que busca integrar la Jurisdicción Agraria a la Rama Judicial. Esta iniciativa, que busca facilitar la resolución de conflictos en las zonas rurales del país, ha recibido el respaldo unánime de la Comisión, marcando un hito en la agenda legislativa y gubernamental.
El proyecto aprobado contempla cambios sustanciales, entre los cuales se destaca el aumento en el número de Magistrados del Consejo de Estado, pasando de treinta y uno (31) a treinta y tres (33). Esta medida, según los expertos, fortalecerá la capacidad del sistema judicial para abordar los desafíos específicos de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Además, se introduce la innovadora figura de los “Distritos Judiciales Agrarios y Rurales”, un enfoque destinado a descentralizar la administración de justicia en el territorio nacional. Esta medida se alinea con el objetivo de mejorar la eficiencia y la accesibilidad a la justicia en las áreas rurales, donde históricamente se han presentado desafíos en este sentido.
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, celebró la aprobación del articulado en primer debate, destacando la importancia de que la Jurisdicción Agraria siga siendo una prioridad en la agenda legislativa y gubernamental. Además, Osuna resaltó modificaciones solicitadas, incluyendo la ampliación de funciones de los centros especializados de apoyo técnico agrario y rural, evidenciando el compromiso de hacer que estos centros no solo respalden a los juzgados, sino también a los tribunales agrarios y rurales.
La Jurisdicción Agraria y Rural representa un avance significativo para garantizar el acceso a la justicia para los campesinos y campesinas. Este nuevo marco legal permitirá abordar pacíficamente conflictos relacionados con el uso y tenencia de la tierra, contratos agrarios, lanzamientos por ocupaciones de hecho, y otros asuntos fundamentales para las comunidades rurales.
Sin embargo, cabe destacar que la implementación de esta Jurisdicción no está exenta de costos. Se estima que el país deberá destinar anualmente alrededor de 136.000 millones de pesos para su ejecución, una cifra que podría variar en función del aumento en el número de juzgados.
Con la aprobación en la Comisión Primera del Senado, se espera que el debate de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria se lleve a cabo en las próximas semanas, antes del receso navideño. Este paso es crucial para avanzar en la agenda legislativa que culminará con la presentación del proyecto de ley estatutaria ante la Plenaria del Senado, consolidando así un sistema judicial más eficiente y adaptado a las necesidades específicas de las comunidades rurales en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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