De quedarse sin el uniforme a quitarles los honores, así se podría castigar a los exmilitares progolpistas

El movimiento comenzó a fraguarse al calor de la investidura. Y cristalizó coincidiendo con la jura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ese día, más de medio centenar de altos mandos militares retirados provocaron un auténtico terremoto político al impulsar sin pudor un oscuro manifiesto con tintes golpistas. El texto, adelantado por infoLibre y luego publicado por la Asociación de Militares Españoles (AME) –aunque escondiendo las adhesiones al mismo–, era un llamamiento directo al Ejército para que destituya al recién elegido líder del Ejecutivo y convoque unas nuevas elecciones. Un paso más en la delirante senda de algunos militares fuera de circulación que en los últimos años han saltado a la palestra con manifiestos en defensa del dictador Francisco Franco o chats donde exhibían la necesidad de asesinar «a 26 millones de hijos de puta».

Desde que este último texto vio la luz, varios socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han exigido al Ministerio de Defensa que tome medidas. Pero el departamento que dirige Margarita Robles ha preferido guardar un sepulcral silencio. Como mucho, se ha limitado a señalar que los firmantes son mandos jubilados y que, por lo tanto, poco pueden hacer. La Ley de la Carrera Militar fija en su artículo 115 que aquellos miembros del Ejército que pasen a situación de retiro «dejarán de estar sujetos al régimen de derechos y deberes» de los integrantes de las Fuerzas Armadas y a «las leyes penales y disciplinarias militares». En resumen, solo pueden ser castigados por estas vías aquellos en activo o, como mucho, los reservistas en determinadas circunstancias.

Pero algunos militares y exmilitares consultados por este diario recuerdan que existen otras posibles vías para sancionar estas conductas, si bien alguno reconoce su complejidad. Una de ellas pasa por la llamada Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que tiene por finalidad «recompensar y distinguir» a los oficiales generales, oficiales y suboficiales «por su constancia en el servicio y la intachable conducta». Todo ello, dice el reglamento que la regula, “a tenor” de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, las cuales señalan que el militar «guardará y hará guardar la Constitución», respetará y exigirá valores como «la dignidad y los derechos inviolables de la persona» o «respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas».

La entrada en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, explican los militares consultados, es algo que se produce de manera prácticamente «automática» cuando se cumplen dos décadas de servicio. A la misma pertenecía, por ejemplo, Francisco Beca, el general de división retirado que en el chat de La XIX del Aire hacía mención a fusilamientos masivos. O muchos de los altos mandos jubilados que se adhirieron al manifiesto golpista del pasado viernes, alguno de los cuales, como el general de división Yago Fernández de Bobadilla, se ha apresurado a desvincularse del texto alegando que fue engañado porque el que él suscribió no incluía referencia alguna al llamamiento a un golpe de Estado.

«Expulsarles de esta orden les haría mucho daño, porque es un fuerte golpe simbólico contra su honor», apunta Miguel López, oficial retirado del Ejército del Aire y miembro de Foro Milicia y Democracia. En la misma dirección apuntan Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y quien fuera secretario general en el exilio de la extinta Unión de Militares Demócratas (UMD), el teniente coronel del Ejército del Aire retirado José Ignacio Domínguez. «Una de las cosas que se valora para pertenecer a la misma es la intachable conducta», recuerda el primero de ellos al otro lado del teléfono. «Y con este tipo de manifiestos, eso no se cumple. Se ha expulsado a gente por menos», completa el segundo.

En el verano de 2020, el Gobierno reformó el reglamento de la orden. Y, entre otras cosas, incluyó un artículo para regular el procedimiento para causar baja en la misma en el caso de militares retirados cuando hubieran «protagonizado actos o conductas» que supongan un «descrédito» para él mismo y para la orden, así como por «socavar y poner en entredicho» los «valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma». Eso, en principio, encaja con este tipo de actitudes. El problema, como recuerda López, es que tiene que haber una resolución judicial firme. «La utilización de tal facultad extraordinaria requerirá que el afectado haya sido condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme«, completa el reglamento en este punto.

Eso, por el momento, no ha ocurrido en este tipo de casos. La Fiscalía Provincial de Madrid, por ejemplo, dio carpetazo en marzo de 2021 a las diligencias de investigación abiertas por el chat de La XIX del Aire al considerar que los mensajes emitidos no eran constitutivos de un delito de discurso de odio al tratarse de opiniones expuestas «con libertad» y «en la confianza de estar entre amigos» sin voluntad de publicitarlas fuera del grupo de Whatsapp. Y en cuanto al manifiesto golpista de ahora, ni el Ministerio de Defensa ni tampoco el Ministerio Público han movido, por el momento, ficha. Sí que lo han hecho, no obstante, la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), que ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los firmantes del manifiesto golpista por un delito de proposición para la rebelión militar.

Algunos de los militares consultados creen que ha llegado el momento de que el departamento que seguirá dirigiendo Margarita Robles durante esta legislatura retoque de nuevo el reglamento para endurecerlo. «Si no encaja ahora, que lo reformen, porque no podemos estar soportando ésto periódicamente y viendo cómo salen indemnes. Que se vayan preparando las armas para evitar que vuelvan a repetir la jugada«, sostiene el teniente coronel del Ejército del Aire retirado. «Siempre se van de rositas porque nadie les mete mano. Igual se podría plantear una reforma para hacerlo más restrictivo, de forma que no sea necesaria la condena, sino que valga, por ejemplo, con que se abra un expediente», desliza López en conversación con este diario.

El 6 de enero de 2021, en su tradicional discurso de la Pascua Militar, la ministra de Defensa dedicó unas palabras a esa «insignificante minoría» que lanza incendiarias soflamas desde su posición de retiro cuestionando «irresponsablemente las bases de la convivencia». «Solo merece el rechazo más absoluto, por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses», apuntaba Robles en una clara referencia a los mensajes desvelados de miembros de la XIX promoción de la Academia General del Ejército del Aire. Y añadía con dureza: «Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros Ejércitos».

En esto último ponen también el acento los militares consultados por este diario. Sería, señalan, otro importante golpe simbólico. «Estaría bien que se les retirase el uso del uniforme. Si lo están ensuciando, no se les debería dejar que lo vistan», resalta el ex secretario general en el exilio de la Unión de Militares Demócratas. A pesar de estar retirados, todos estos altos mandos tienen derecho a seguir portando esa vestimenta en determinadas situaciones. Así se recoge en el artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar: «[Podrán] usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes«. «Por ejemplo, en el aniversario de la unidad en la que sirvió por última vez o en la boda de un hijo», trata de resumir López.

El problema, de nuevo, es que la normativa militar no recoge posibles limitaciones en este ámbito. Algo que sí que hace la del Instituto Armado. Así, por ejemplo, en el reglamento que regula la adquisición y pérdida de condición se establece: «El Director General de la Guardia Civil podrá limitar el uso del uniforme en estos actos, mediante resolución motivada, al guardia civil retirado contra el que se haya dictado en su contra auto de procesamiento, de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito o haya realizado acciones que sean contrarias a la conducta a imagen que se exige a los miembros de la Guardia Civil«. En 2021, El País publicó que Defensa estudiaba fórmulas para despojar del uniforme a aquellos que lo deshonrasen. Una reforma que sigue pendiente.

Más allá de esto, Domínguez también pone sobre la mesa un tercer flanco de ataque: los beneficios sociales. A pesar de estar retirados, los militares tienen derecho a disfrutar, por ejemplo, de las llamadas residencias de descanso, que se encargan de «proporcionar alojamiento, manutención en su caso, descanso vacacional y ocio al personal militar y sus familias» por toda la geografía a precios asequibles. O de los centros deportivos y socioculturales reservados, de los que hay distribuidos por toda España alrededor de una treintena –algunos de ellos con campo de golf incluido–. En 2017, según un artículo publicado en elDiario.es, la cuota que pagaban los militares para formar parte de estos últimos se movía entre los 5 y los 11 euros mensuales.

«Si el Ministerio de Defensa publica una orden u otra medida oportuna, puede poner límites a ese acceso», deja caer Domínguez, que no ve con malos ojos que también se pueda castigar a los militares golpistas por esta vía. Algo que, sin embargo, Unibaso no ve con buenos ojos. «La acción social no debería usarse como un castigo contra nadie», dice el secretario general de la AUME, quien hace un llamamiento a la tranquilidad en referencia a este tipo de pronunciamientos: «Son cuatro gatos que no tienen ninguna trascendencia o poder de convocatoria, trasnochados que aún echan de menos el régimen». Pero López cree que es necesario poner, de una vez por todas, pie en pared. Pero para eso hace falta, dice, «voluntad política».