No se puede “normalizar” la corrupción policial

Constantemente los medios locales publican noticias sobre la actuación de los ya famosos “polibandis”, es decir, agentes policiales cometiendo delitos y crímenes. Tan acostumbrados ya nos tienen a este tipo de hechos, que la ciudadanía ya ni siquiera se inmuta, toma como algo “inevitable” de que los agentes del orden, aquellos representantes de la fuerza pública encargados de brindar seguridad a la población, sean los principales artífices del bandidaje generalizado.

Sin embargo, la gente debe saber que la inseguridad no es el destino necesario o manifiesto de ninguna sociedad y, ciertamente, no lo es de la paraguaya. La inseguridad es el resultado lógico de malas políticas del Gobierno en la materia, coadyuvadas por un Ministerio Público y una Justicia inoperantes y débiles, lo que los convierte en cómplices de la delincuencia.

Ahora inclusive los acusados ya “reaccionan” instrumentando a la justicia, como es el caso del subcomisario Pedro Regalado López Ibarra, quien querelló al director de La Clave, al sentirse “agraviado”, porque publicamos sobre el hallazgo de su uniforme, en poder de una gavilla de asaltantes y violadores, que creaba terror en la zona de Yguazú. Es la primera vez que se tenga conocimiento, que un agente policial en servicio activo reacciona de esta manera, buscando instrumentar a la justicia para acallar y amedrentar a la prensa.

Resulta bastante sugestivo este caso, más aún llevando en cuenta los furibundos discursos del presidente Santiago Peña, del ministro del Interior Enrique Riera, del comandante de Policía Carlos Benítez, hasta el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quienes ahora sugestivamente todos se mantienen “calladitos” ante esta situación, en donde una autoridad policial instrumenta al Poder Judicial para enjuiciar directamente al director de un medio, que aparentemente le venía “molestando” al exteriorizar justificadas dudas sobre el trabajo de este subcomisario, cuyo hermano está imputado por extorsión, dicho sea de paso.

Pero a pesar de que todo “juega en contra” y los policías sospechados de corruptos parecen llevar la delantera, reiteramos, la gente no tiene por qué resignarse y, de hecho, justamente para que el pueblo jamás deba aceptar estas desgracias es que el artículo 175 de la Constitución pone a la Policía Nacional bajo control, supervisión, dirección y obediencia del poder civil mediante el ministro del Interior.

Es para que el poder civil pueda imponer los cambios que estime necesarios o pertinentes, Riera fue encargado de esa tarea y debe demostrar que está a la altura de las exigencias. Debe demostrar que no es “más de lo mismo” y que tiene intención de introducir las rectificaciones que son imperativas para reconstruir la seguridad pública. Con su inacción se convierte en parte del problema y su permanencia en el cargo podría agravar la situación, si no reacciona de manera urgente. El pueblo no tiene porqué aceptar la normalización de la inseguridad y la corrupción policial; ese perverso status quo debe acabar de una vez por todas, aunque cueste querellas, amenazas y advertencias de todo tipo.