La filtración de la Fiscalía de Colombia deja al descubierto la identidad de decenas de agentes antidroga de EEUU

La filtración de documentos pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y de otras fuerzas de seguridad federales, junto con las de decenas de sus homólogos colombianos y de otros países.

En concreto, han quedado al descubierto los nombres de al menos 90 agentes de la DEA y de al menos 15 investigadores de Homeland Security Investigations (HSI, el Departamento de Seguridad Interior) de Estados Unidos. La filtración es la base de NarcoFiles, el proyecto coordinado por OCCRP y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y compartido con 40 medios de comunicación de todo el mundo, incluido infoLibre, que ha participado en la investigación y la publica en España.

Los periodistas han examinado y verificado el material obtenido con la filtración, gracias a la consulta de cientos de documentos y bases de datos y después de cerrar múltilples entrevistas. Pese a que la DEA en sí misma no sufrió ningún hackeo y que los periodistas participantes en el proyecto no van a publicar ni los nombres ni ningún dato que permita identificar a los agentes, la filtración demuestra una sorprendente falta de medidas de seguridad por parte de Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles de la droga.

“Esto es una de sus pesadillas [de las agencias] porque [los cárteles]… pueden identificar a agentes e informantes, especialmente si aún estás en el país”, advierte Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA que participó en la expansión global de la agencia: “Cada vez que personas no autorizadas obtienen los nombres de un agente o un informante, no es difícil localizarlos”.

Un cártel quizás no quiera arriesgarse a las consecuencias de asesinar a un agente de la DEA, sostiene Vigil, pero “para ellos los informantes son presa fácil, porque se les considera traidores y los matarán para mandar un mensaje a otros que estén pensando en cooperar”.

En octubre de 2022, la Fiscalía de Colombia reconoció en un comunicado que había sido hackeada, pero no precisó qué información quedó expuesta en el ataque virtual. La filtración supone potencialmente una mayor amenaza para Colombia, ya que incluye los nombres de agentes encubiertos, testigos e información clave sobre informantes.

Una organización hacktivista que se autodenomina Guacamaya se atribuyó la autoría. Guacamaya anunció también que había hackeado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como instituciones militares en Chile, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros países –aparentemente explotando una vulnerabilidad en el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, que es utilizado por empresas y gobiernos de todo el mundo. En su manifiesto, Guacamaya califica a la Fiscalía de Colombia como “uno de los organismos más corruptos del país” y la acusa de servilismo a los intereses de Estados Unidos.

Tras hackear la fiscalía, Guacamaya compartió los cinco terabytes de información obtenidos, que incluyen unos siete millones de correos electrónicos, con dos grupos, que a su vez compartieron los datos con los periodistas.

Los portavoces de la DEA y el Departamento de Justicia de EEUU no han respondido a los múltiples correos electrónicos que OCCRP les ha enviado solicitando sus comentarios.

Los documentos de NarcoFiles incluyen decenas de solicitudes de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para realizar interceptaciones telefónicas, vigilancias, detenciones y extradiciones de sospechosos perseguidos por narcotráfico y blanqueo de dinero.

Al ser documentos vinculados a investigaciones que van a ser utilizadas, o ya lo fueron, en los tribunales, muchos de ellos incluyen los nombres de los agentes que investigaron casos específicos. Además, en el caso de testigos y/o informantes, a menudo figuran su número de teléfono y otras informaciones que los pueden poner en peligro. En algunos documentos también se mencionan los números de teléfono y los alias de sospechosos sobre los que la DEA solicita ayuda para rastrearlos. En los documentos colombianos aparecen igualmente numerosos detalles personales de agentes encubiertos colombianos y de sus familiares, a menudo documentando antecedentes personales.

Sin embargo, la política de la DEA exige que los datos sobre los informantes se guarden en formularios especiales que estén protegidos y que sólo sean accesibles bajo circunstancias documentadas, explica Vigil, el antiguo jefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense. “Si en algún documento se mencionaba al informante, siempre era un número”, detalla Vigil, añadiendo que estos datos nunca se comparten con el país anfitrión, porque “siempre existe un riesgo”.

En NarcoFiles, OCCRP identificó al menos a 90 miembros de la DEA, la mayoría de los cuales trabajan en Colombia o con ese país latinoamericano. Algunos aparecen en casos judiciales o documentos públicos, pero muchos de ellos no tienen rastro alguno en internet.

Tom Devine, director legal del Government Accountability Project, un grupo que representa a informantes en casos contra el Gobierno de Estados Unidos, indica que la identificación del personal de la DEA “representa un riesgo que pone en peligro la vida de esos agentes”. “Hay una gran diferencia entre un rumor y la confirmación por parte del Gobierno de EEUU de una relación de trabajo”, subraya Devine.

Colombia ha recibido más de 13.000 millones de dólares en ayuda exterior estadounidense desde el año 2000, gran parte de ellos para el Ejército y en apoyo de la guerra contra el narcotráfico. Pero no está claro hasta qué punto la DEA ha financiado y asesorado a Colombia en materia de ciberseguridad, ni qué exigencias ha impuesto a la protección de información sensible.

Colombia ocupa el puesto 81 de 182 naciones en el Índice Global de Ciberseguridad de 2020, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la colaboración de las Naciones Unidas. El índice mide las leyes, la capacidad tecnológica, las estructuras organizativas y la cooperación global de un país.

“La tendencia continuada de la región a sufrir grandes crisis cibernéticas gubernamentales es una prueba fehaciente de que debe intensificarse el esfuerzo coordinado a escala nacional y regional”, aconsejaba el centro de estudios Council of Foreign Relations, en un blog de expertos el pasado mes de marzo, citando precisamente los hackeos de Guacamaya.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.