El fiscal Pollicita pidió la detención de Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP y referente de La Cámpora

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la detención y declaración indagatoria de Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y número dos en la estructura comunicacional de La Cámpora, agrupación que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informó una fuente de la investigación a elDiarioAR.

Rodríguez fue allanado el lunes último a pedido del fiscal, quien detectó que el funcionario había encargado supuesta tareas de inteligencia ilegal al expolicía Ariel Zanchetta, acusado de los delitos de violación del secreto y de la privacidad y supuesta defraudación.

A partir de la presentación de este jueves del fiscal Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir si hace lugar a sus pedidos.

Además, Pollicita pidió librar nuevas órdenes de allanamiento al domicilio particular y laboral de Rodríguez, quien es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP, “a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”.

Durante los procedimientos del lunes en su casa, la Gendarmería secuestró 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. Sin embargo, como Rodríguez no se encontraba en el lugar, su teléfono personal no pudo ser secuestrado. Desde entonces, Rodríguez debió presentarse ante la Justicia y nombrar abogado defensor, algo que no sucedió.

“En concreto, según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”, sostuvo Pollicita al solicitar la indagatoria del funcionario.

“Las evidencias digitales halladas demostraban que las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial”, afirmó el fiscal en el pedido de detención. “Se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”, agregó Pollicita.

Este miércoles, Pollicita envió información sobre el patrimonio de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para que elabore un informe completo sobre el cuadro patrimonial del expolicía y sus familiares directos, con especial énfasis en los ingresos económicos para rastrear las fuentes de financiamiento estatal: pauta oficial o prestación de servicios simulados a cambio de su presunta labor de inteligencia.

Zanchetta escribía en sitios web, cobraba pauta oficial y entregaba información sobre personalidades públicas a al menos un funcionario público: el “Conu” Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Rodríguez quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que el funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por un total de $1.980.000 a cambio de que el expolicía armara “partes” y en algunos casos publicara “notas” contra los objetivos políticos, de acuerdo con la fiscalía.

La información sobre la pauta surgió de uno de los chats analizados entre Zanchetta y Rodríguez y corroborado por el propio Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que respondió un pedido de informes de la fiscalía.

Zanchetta facturaba la pauta bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre  y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

El dinero público fue asignado por el propio Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictámen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

El encargo que más compromete a Rodríguez es el pedido de investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. Ambas tareas fueron cumplidas.

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales,

monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro -con fotografía- y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/MG