Acuerdo con FMI: gobierno revisará las exoneraciones tributarias

La misión técnica del FMI, encabezada por Mauricio Villafuerte, cerró el último lunes la segunda revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), que se aplica como parte de un acuerdo logrado con el gobierno paraguayo el año pasado.

En el informe que emitió posteriormente el organismo internacional, entre otros, señala que la mayoría de los compromisos de la agenda de reforma estructural del ICP se cumplieron.

Los puntos cumplidos indican que el gobierno incorporó al Sistema Integrado de Factura Electrónica Nacional (SIFEN) a un número de contribuyentes, grandes y medianos, por sobre el umbral previsto, que se promulgó el reglamento administrativo de la nueva ley de adquisiciones y se concluyó y presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para reordenar la estructura del Estado.

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Además, señala que las autoridades están trabajando en una versión actualizada de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), y que el gobierno está revisando un proyecto de ley destinado a la formalización de trabajadores dependientes en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de trabajadores independientes.

El FMI comunicó que “las autoridades se propusieron ampliar su agenda de reformas estructurales hasta mediados de 2025, abarcando el análisis de gastos tributarios, acciones en la gestión de las finanzas públicas para asegurar el registro de los gastos devengados, la promoción de alianzas público-privadas para obras públicas, acciones para combatir la corrupción, así como mejoras continuas en los sistemas de información de los programas sociales.

Gastos tributarios establecidos en el presupuesto

La revisión de los gastos tributarios es una recomendación recurrente del FMI, que lo realiza a través de las misiones técnicas que evalúan la economía paraguaya.

Los gastos tributarios sonaquellos que el gobierno realiza por medio de disposiciones de la legislación tributaria, reglamentos y prácticas que reducen o postergan el impuesto para una parte de los contribuyentes.

Las exoneraciones se dan en los diversos impuestos que se aplican, tales como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta empresarial (IRE), impuesto a la renta personal (IRP) y los aranceles aduaneros.

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Los regímenes especiales vigentes que permiten las deducciones, exoneraciones o exenciones incluye, entre otros, la ley 60/90 de fomento a la inversión, de cooperativas, de zonas francas, maquila, política automotriz, biocombustibles, entre otros.

Este año se tiene presupuestado un gasto tributario o exoneraciones tributarias por un monto total de G. 4,1 billones (US$ 561,9 millones) y para el próximo año se estableció en el proyecto de presupuesto G. 4,2 billones (US$ 577,1 millones), lque representa un aumento de G. 112.065 millones (US$ 15,2 millones), equivalente a 2,7%.

Préstamo solicitado por el gobierno al FMI

El FMI también informó que el gobierno paraguayo le formuló una solicitud de acceso a recursos en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), por un monto del 150% de la cuota (DEG 302,1 millones).

El viceministro de Economía y Planificación, Carlos Javier Charotti, dijo ayer a ABC que el referido monto equivale a unos US$ 400 millones, que serán desembolsados en la medida que se cumplan con un plan de reforma comprometido.

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Los fondos, según el FMI, apoyaría los esfuerzos de Paraguay de aumentar la resiliencia de las inversiones públicas, movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país, descarbonizar su economía y conservar sus bosques.

El viceministro indicó que, como son de libre disponibilidad, también podrían ser utilizados para el pago de la deuda pública.

Charotti explicó que son préstamos con 10 años de gracia, 20 años de plazo y con tasas variables, que los hacen muy convenientes para el país. En ese sentido, dijo que una vez aprobado por el directorio del FMI, será remitido a consideración del Congreso para su aprobación.