Un tribunal de El Alto rechaza juicio ordinario contra Jeanine a días del examen de Bolivia en la CIDH

Giro inesperado. Hace ocho días el fiscal general, Juan Lanchipa, acusó formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez de genocidio, un delito que pudo cometer en el contexto de las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. El proceso, que plantea 30 años de prisión contra la exmandataria, llegó al Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que ayer rechazó el proceso porque ella, al ser expresidente de Bolivia, debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades.

El Gobierno, que promovió el proceso ordinario desde 2022, cuando Evo Morales solicitó evitar un juicio por la vía de privilegios, ayer no se pronunció. Eso sí, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó su presencia ante la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar los avances de estos procesos, en función del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019.

El 4 de octubre, el ministro informó que el 10 de noviembre el Gobierno presentará en Washington los niveles de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. “Es una solicitud de Bolivia. Le hemos pedido una reunión en Washington (EEUU) a la Comisión Interamericana a la cual van a acudir diferentes autoridades para brindar mayor información”, anunció a la prensa.

El constitucionalista Israel Quino resaltó este punto. “Con un juicio de privilegio a Áñez, entonces ese proceso no sería objeto de una observación internacional, porque se le respetarían los derechos y garantías del debido proceso”, apuntó.

Precisó que si se insistía en el juzgamiento en la vía ordinaria, esto sería un hecho observable por la propia CIDH “y el cumplimiento a sus recomendaciones respecto al estado de la justicia en nuestro país”. “Entonces creo que por ahí este reciente fallo asombroso sí, pero también creo que tiene un trasfondo político”, remarcó el jurista.

La expresidenta ya es procesada, en la vía ordinaria, por el caso Golpe I, junto con el gobernador Luis Fernando Camacho por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Este caso no ha reportado avances. Mientras, ella fue sentenciada a10 años de prisión tras ser declarada culpable de los cargos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” en otro proceso por sus acciones como senadora, antes de llegar a la presidencia. Pero, la semana pasada, la Fiscalía acusó y dio el paso para que sea procesada por la vía ordinaria por los casos de Sacaba y Senkata, que ocurrieron cuando ya había asumido como presidenta transitoria. Sus abogados reiteraron infinidad de veces que debía ser sometida a un juicio de responsabilidades. Así lo entendió el tribunal alteño, que ayer emitió una resolución unánime.

El 12 de junio de 2022, el jefe del MAS, Evo Morales, reveló que el camino del juicio ordinario contra Áñez fue asumido en una reunión política con presencia de los actuales mandatarios, miembros de la bancada del MAS y del Pacto de Unidad. Reveló que estuvieron el presidente Luis Arce, David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, el Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, afirmó.

Poco después, el 14 de junio de 2022, el entonces relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, manifestó: “Preocupa lo revelado por el expresidente sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”, escribió.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta, recibió con beneplácito la resolución. “Después de dos años y siete meses, el Tribunal al fin hace lo correcto, al fin hace lo que le corresponde. A mi madre le corresponde por ley y por la Constitución Política del Estado un juicio de responsabilidades y defenderse en libertad”, dijo Ribera en contacto con EL DEBER desde Washington.

“Ahora ya han aceptado que el Tribunal no es competente para juzgar a una exmandataria de Estado por la vía ordinaria y falta que definan la fecha y la hora de cuándo mi madre va a salir libre para poder defenderse como dice la ley”, insistió Ribera.

A pesar que la resolución se emitió el 27 de octubre, los abogados de defensa de Áñez aún no fueron notificados. Ellos fueron hasta los juzgados de El Alto para recibir dicha notificación, no obstante, no se las entregaron de forma oficial. La hija de la exmandataria teme que por presiones políticas, esa resolución se revierta. “Es que todo este tiempo no han respetado la Constitución ni las leyes, muchos son serviles al Gobierno, así que esperamos que esa resolución no se revierta”, dijo Carolina Ribera

Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, comentó a los medios que “es una sentencia totalmente aberrante. Totalmente carente de un análisis jurídico y valorativo, primero de la norma procesal y segundo de los antecedentes”, cuestionó Alave.

Comentó que “estos jueces del tribunal desconocen totalmente nuestra normativa nacional”.

Aseguró que de manera “maliciosa”, el tribunal omitió analizar el expediente donde cursa la decisión judicial y la apelación que ratifica el proceso ordinario a Áñez. “El viernes ellos recién estaban asumiendo conocimiento de esto y 48 horas, en el sábado y el domingo, sorpresivamente emiten esta resolución para sacarla el lunes, Eso nos muestra la malicia con la que manejan el caso”, apuntó el fiscal.

Pero Quino destacó también que “el Tribunal de El Alto halló12 razonamientos jurídicos por los que observa la remisión de actuados al juez cautelar respecto a las acciones de la Fiscalía de la vía ordinaria. Dice el juez cautelar que corresponde juicio de responsabilidades de una exdignataria, porque hay actos presidenciales constitucionales: Las leyes sancionadas sobre el conocimiento de la declaración constitucional 01 (de prórroga de mandato); la convocatoria a elecciones, el reconocimiento, la designación del vocal como delegado presidencial en el TSE, entre otros. Entonces, le dice el tribunal: ‘No podemos juzgarla, no podemos sancionarla, porque le corresponde un juicio de responsabilidades’”. En ese marco, este analista cree que si bien se puede revertir el proceso, el caso puede ser derivado a otros juzgados, de La Paz y El Alto, hasta que lo acepten.