El abogado de los familiares de fallecidos reprochó que la mandataria solo dijo «cuatro, cinco palabras» y se remitió a su declaración anterior.
El abogado de los familiares de fallecidos durante las protestas en Perú, Juan José Quispe, criticó el mutismo de la presidenta peruana Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Nación, a donde fue citada el miércoles para responder por las muertes en las movilizaciones.
La noche del miércoles, Quispe contó a la emisora local Exitosa lo que Boluarte había expresado ante fiscales, representantes de la Procuraduría General del Estado (PGE) y letrados de los deudos. «Ella se considera inocente, dice que ya explicó en su declaración anterior, que no tiene nada más que agregar y se acoge inmediatamente a guardar silencio«, comentó.
Boluarte estuvo en junio pasado en el Ministerio Público (MP), en el marco de la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras los decesos en las manifestaciones antigubernamentales que se produjeron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En esta oportunidad, la mandataria se abstuvo de aclarar las dudas de la PGE. «Eso es una burla para las víctimas, para los deudos, para la justicia misma, porque lo que se busca acá es tener cierto grado de impunidad«, contestó Quispe.
El abogado aclaró que en esta ocasión había preguntas nuevas sobre otros fallecimientos registrados en varias regiones del país y en fechas distintas. Como la mandataria se remitió a su declaración anterior, quedó constancia oficial de 47 preguntas que no fueron respondidas.
En ese sentido, calificó como «absolutamente arbitrario y mentiroso» el pronunciamiento de Joseph Campos, defensor legal de Boluarte, quien pidió archivar la investigación «por respeto a las víctimas».
«Lo que Dina ha hecho hoy es burlarse de las víctimas: declarar cuatro, cinco palabras», aseguró Quispe, quien precisó que el pronunciamiento de la mandataria duró apenas un minuto.
La posición gubernamental
Este jueves Campos acudió a la radio RPP, donde insistió en que la jefa de Estado «no guardó silencio» y desestimó la orden judicial que le permitió a la PGE y a los abogados de los familiares de las víctimas participar en el proceso.
«Hemos ido [a la Fiscalía], hemos declarado, hemos respondido. Solamente que no queremos que aparezca la tentación de problematizar de algo distinto (…) hemos establecido que nuestras respuestas se tienen que proyectar a todas las preguntas porque materialmente no cambia el problema, el problema es uno», sostuvo.
Campos, quien alega que Boluarte se limitó a llamar al orden y a respetar los derechos fundamentales, reiteró que «no hay agraviados» en la nación latinoamericana.
«En este momento la presunción de inocencia es tan amplia que no existe ni siquiera la posibilidad de tener un victimario y una víctima, un agraviado y alguien que agravia, por eso en esta investigación preliminar solo participa el MP y mi patrocinada», añadió.
Violaciones en medio de represión
Diversos organismos internacionales han documentado violaciones de preceptos universales de las personas que protestaban en Perú. El informe más sonado fue el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en mayo pasado.
En el texto, de 113 páginas, la CIDH expone «hechos que al ser perpetrados por agentes del Estado podrían constituir ejecuciones extrajudiciales».
«Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos», concluyó la CIDH.
En Perú, unas 67 personas perdieron la vida en el marco de las movilizaciones contra Boluarte y, de ese número, 49 se produjeron en enfrentamientos con las fuerzas del orden que, según organizaciones especializadas, podrían considerarse asesinatos.
actualidad.rt.com
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