Alta prioridad a las alianzas público-privadas

El próximo periodo presidencial es de dieciocho meses, periodo insuficiente para promover, plantear y aprobar leyes. Ante una elección presidencial cuyos candidatos ideológicamente se ubican en el centro, cualquiera de ellos que resulte elegido tiene y debe actuar de manera pragmática a través de la emisión de reglamentos concisos, ágiles y, ante todo, oportunos para que, dentro de su periodo presidencial, se incentive la inversión, tanto extranjera como nacional, con mayor impacto social y económico.

Esta obligación pragmática que debe asumir el Ejecutivo exige la revisión exhaustiva y el análisis de reglamentos, que si bien existen, su aplicación y cumplimiento contemplan periodos con los que este momento el Ecuador no cuenta. Para ejemplo, el reglamento a la Ley de Alianzas Público-Privadas, cuya emisión a cargo de una secretaría, con rango ministerial creada para el efecto, tomó dos años y la norma consecuente, es decir el Reglamento, es de una engorrosa aplicación por cuanto los términos y procedimientos exigidos, siendo generosos, tomarían más de un año y medio, cuando nuestro país necesita activar alianzas público-privadas en sectores de alta prioridad de manera inmediata y urgente.

Si queremos que las alianzas público-privadas (APP) sean una herramienta de activación económica y constituyan un verdadero pivote de reactivación de inversiones privadas que estimulen la creación de empleo, el siguiente Gobierno debe hacer uso de lo que está a su alcance inmediato en el aspecto normativo, que no es otro que emitir reglamentos que sean necesarios y que incluyan procesos asociativos ágiles, basados en procedimientos sencillos, en consecuencia viables, donde la responsabilidad y la verdad de las capacidades del privado recaigan sobre él, de tal manera

que la intervención pública sea un mecanismo institucional que promueva y facilite la obtención de requisitos a cargo del Estado, y que a través de ellos se ejerza una auténtica veeduría al cumplimiento de las normas legales, de los intereses del Estado y de la satisfacción de las necesidades de la población.

Una práctica referencial de APP ágiles la implementa Colombia, principalmente en el desarrollo de infraestructura en el sector del transporte, que cuenta con una ruta jurídica, financiera e institucional clara, cuyas inversiones, de acuerdo con el BID, oscilan entre 7 mil y 10 mil millones de dólares; resultado consistente que hoy se busca replicar en otros sectores sociales y productivos.

La ejecución de las APP debería extenderse y alentarse por parte del Ejecutivo a los Gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como cantonales, con un doble objetivo: descentralizar y exponenciar un nuevo ritmo y forma de desarrollo basado en una transformación institucional, donde el programa de APP y sus proyectos demuestren una complementariedad público-privada eficaz, sostenible y escalable, tanto en su preparación como en su implementación, para crear un entorno propicio, creíble y estable que atraiga inversión privada focalizada en crear valor para las personas y mejorar el bienestar social. (O)