50 años. Falacias y debilidades del texto opositor de 1973 para sacar a Allende

La resolución que dio base “jurídica y política”, según sostiene hoy la derecha, para concretar el golpe de Estado, contuvo varias anomalías y distorsiones que se están ocultando. El exlegislador, Luis Maira, indicó que “el Congreso carecía de facultades para declarar que el Gobierno se había salido de la Constitución” e incluso narró que personeros DC como Bernardo Leighton le dijeron que estaban “en contra” pero que votarían a favor porque de lo contrario los podrían expulsar del partido. Había puntos bien peculiares en el documento promovido por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, como afirmar que en el período de la Unidad Popular se estaban desconociendo “los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales”, que se impedía “la salida del país” o se atentaba “contra la libertad de expresión” cuando la mayoría de los medios de prensa eran opositores. Los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin, establecieron, respecto a lo hecho por la entonces oposición a Allende, que “en modo alguno ( ) la Cámara de Diputados, pudiera recabar directamente la intervención de los Ministros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros”. El texto resuelto por el PN y la DC llamó a las FFAA y Carabineros a “hacer respetar la Constitución y las leyes”, pero después respaldaron el golpe anticonstitucional, que les favorecía.

Hugo Guzmán. Patricia Ryan. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 23/8/2023. El 22 de agosto de 1973, los legisladores de la CODE (Confederación Democrática), integrado fundamentalmente por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, aprovechando una mayoría relativa, dieron curso a una resolución en la Cámara de Diputados, declarando inconstitucional la gestión del Presidente Salvador Allende, e instando a los altos mandos militares y policiales a no colaborar con el Ejecutivo. Fue y es considerada la carta política para dar luz verde al golpe de Estado.

En su momento, los legisladores de la Unidad Popular apuntaron a que dicha resolución era anticonstitucional porque rebasada la normativa institucional en cuanto a las atribuciones de la Cámara Baja y porque instaba al derrocamiento del Presidente Allende.

En tanto, en círculos del Gobierno de Estados Unidos (EU), gremios empresariales, mandos militares y medios de prensa opositores a Allende, se aplaudió la resolución y se destacó que ella dejaba constancia de la inconstitucionalidad del Gobierno y que, por tanto, operaba la renuncia del Presidente de la República y, además, de los legisladores de la Unidad Popular. En el alto mando militar que preparaba el derrocamiento del Gobierno constitucional, la resolución de la Cámara de Diputados cayó bien. Miembros de la Corte Suprema coincidieron en la argumentación jurídica y el documento tuvo el apoyo de gremios empresariales y directivas de Colegios Profesionales.

Un adelanto, por cierto, de lo que vendría décadas después en muchos países, donde la derecha acudió a la judicialización y parlamentarización de “golpes blandos o blancos” para derrocar gobiernos progresistas y de izquierda.

Según Patricio Aywin, entonces legislador de la Democracia Cristiana, que promovió y votó a favor del documento, “el origen de este acuerdo estuvo en la decisión del partido de representar al presidente de la República y a los ministros, miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, las graves infracciones constitucionales y legales que se estaban produciendo y llamarlos, una vez más, a poner inmediato término a todas las situaciones que estaban infringiendo la Constitución y las leyes”.

En su tiempo, Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional (PN), y otros parlamentarios de derecha, sostuvieron que aquella resolución fue vital para instalar un marco jurídico e institucional frente a “un gobierno marxista y totalitario”, avanzar “en la necesaria renuncia del Presidente de la República” y “llevar al marco constitucional” a los mando militares que estaban participando como ministros del Gobierno de Allende y, por tanto, colaborando en la estabilidad política y la realización de gestión gubernamental.

Como sea, desde que salió la resolución el 22 de agosto y en diferentes análisis posteriores, se sostuvo que ella dio un sustento “jurídico y político” al derrocamiento de Salvador Allende como lo acaban de reconocer los partidos de Chile Vamos y Republicano.

Las acusaciones del PN y la DC a Salvador Allende

¿Qué decía en lo sustancial la resolución promovida por el PN y la DC en el Congreso?

Todo apuntaba a establecer la inconstitucionalidad de la gestión de Allende, que se estaba violando la Constitución y que los militares debían dejar de colaborar con el Ejecutivo.

“Es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo…para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”. Así se señalaba en parte sustancial del documento de la oposición al Gobierno de la Unidad Popular.

En lo medular se decía: “Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República…” 

En un mensaje directo a los altos oficiales, lo suscrito por el PN y la DC indicaba: “Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”. 

En tono de advertencia, se les decía a los altos mandos castrenses que actuar en “caso contrario” a lo dictado por los legisladores opositores “comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros”.

La resolución de diputados nacionales y democratacristianos, respaldada por unos cuantos opositores a Allende, establecía unos puntos bien peculiares, como que el Gobierno de la Unidad Popular “ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ha violado el principio de autonomía universitaria, ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión, ha atentado contra la libertad de enseñanza, ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país…”

Luego de esa resolución, ampliamente difundida por la prensa conservadora de la época, con grandes titulares, incluidos los de “Renuncie. Hágalo por Chile”, “El gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución” y “Junten rabia chilenos”, arreciaron la exigencias de que el Presidente renunciara, que los comandantes en jefe dejaran de contribuir a la estabilidad del país, que se llamara a elecciones adelantadas y que las Fuerzas Armadas intervinieran para -contradictoriamente- “hacer respetar la Constitución y las leyes”. 

Falacias y debilidades del texto aprobado en 1973

Ahora, análisis sobre aquella resolución, apuntaron y apuntan a cuestionamientos en fondo y forma.

Por ejemplo, contradicciones con la realidad que vivía el país, la institucionalidad y los poderes políticos y económicos, que permite establecer condiciones que existían más para el éxito de un golpe de Estado que para la continuidad del Gobierno de Salvador Allende.

Así, parece altamente exagerado el planteamiento de que la administración allendista buscaba o tenía “el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político”; sostener que el Gobierno de la UP llegaba a “desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado”, entrando en contradicción con lo que estaban ejecutando en la Cámara Baja, la acción opositora del Corte Suprema y lo que resultó de la acción de los mandos castrenses y policiales, todo lo cual habría sido imposible si se hubiese atropellado a esas entidades; apuntar que se estaban destruyendo “elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho” cuando el mandatario convocaba a diálogos y se disponía a llamar a un plebiscito de participación ciudadana; indicar que las instituciones castrenses y policiales podían caer en un “grave quebrantamiento del orden constitucional” cuando esas fuerzas políticas estaban promoviendo el golpe de Estado que luego, por lo demás, apoyaron, y quedando en la historia que no fue el Gobierno de la UP que quebrantó el orden constitucional, sino las FFAA y Carabineros.

Sobre el contenido de violaciones o quebrantos de la administración de Allende en varias áreas, constituye claramente una falacia confirmada, recurriendo a datos y antecedentes de la época: la mayoría de los medios de prensa eran opositores; las universidades funcionaban sin ninguna intromisión, al punto que la Universidad Católica ejerció actividades contrarias al Gobierno; la evidencia de toda la prensa de la época da cuenta del nivel de movilizaciones y actos que ocurrían en esos meses en todo el país y de parte de todas las fuerzas políticas; la mantención sin alteraciones, de los colegios privados; la acción de Carabineros no distó nunca de la que siempre ha tenido frente a manifestaciones; grandes empresas y consorcios, conglomerados financieros y otros como el de camioneros, no sólo siguieron con sus propiedades, sino que sabotearon al Gobierno y, por ejemplo, los latifundistas a quienes se les expropiaronn tierras, recibieron un pago millonario y un porcentaje de las tierras; establecer que se violaban los derechos de los sindicatos en esos tiempos, sería para un chiste si no fuera por lo concreto de la afirmación; así como decir que la gente no podía salir del país, cuando muchas familias de sectores acomodados se iban y personeros de la oposición y el empresariado iban y venían de Estados Unidos y Europa buscando apoyo político y financiamiento.

El exlegislador y exministro, Luis Maira, en una columna publicada en El Mostrador, reiteró que los diputados de la Unidad Populae salieron al paso del texto presentado por la DC y el PN, e indicó que “el argumento principal era que el Congreso carecía de facultades para declarar que el Gobierno se había salido de la Constitución, puesto que las únicas normas expresas sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados eran participar del proceso de formación de la ley y fiscalizar los actos del Gobierno”. Añadió que “de ahí que resultaba nítido que el tema propuesto violaba el principio básico de que en los asuntos de Derecho Público solo se puede hacer aquello que está expresamente facultado por la ley, lo que en este caso no ocurría”.

Respecto a cómo buscaron en esos días  frenar esa acción que atentaba contra la institucionalidad, Maira narró: “Busqué dialogar con algunos dirigentes que pudieran cambiar su decisión. Así hablé con Bernardo Leighton, Renán Fuentealba y Mariano Ruiz-Esquide, tres democratacristianos de probadas convicciones democráticas. Me impresionó entonces que ninguno de ellos considerara la posibilidad de modificar su posición, argumentando que al interior del partido no se comprendería esta decisión y que esto fortalecería su aislamiento”. Y agregó: “Don Bernardo fue más allá. Me dijo “yo estoy en contra pero si rechazara esta declaración corro el riesgo incluso de que me expulsen del partido”. En esos días, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin tenían el mando de la DC.

Hay otras aristas, como las señaladas en un artículo, también en El Mostrador, de los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin. Refiriéndose puntualmente a la labor de altos oficiales como ministros en el Gobierno de Allende y la alusión a lo resuelto en la Cámara Baja en agosto de 1973, expresaron: “Si bien el artículo 39 de la Constitución de 1925 permitía, al igual que el texto de la denominada Constitución de 1980, fiscalizar los actos de gobierno, en modo alguno  autorizaban para que la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades  fiscalizadoras, pudiera  recabar directamente la intervención de los Ministros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para solucionar los temas que se exponen  en el mismo acuerdo”. 

Indicaron que “la facultad de fiscalización únicamente le permitía dirigirse al Presidente de la República. No obstante eso la Cámara de Diputados emplazó derechamente a los ministros que hemos referido y que tenían el cargo de comandantes en jefe de sus respectivas instituciones, para los efectos que procedieran a restablecer”.

En un texto de la actual bancada parlamentaria del Partido Comunista, se señaló respecto al documento de 1973 que “paradójicamente, dicho acuerdo que acusaba presuntas violaciones al Estado de Derecho, vulneración del principio de separación de poderes y un supuesto ejercicio abusivo de potestades ejecutivas, sirvió de fundamento y antecedente para el real quebrantamiento del orden constitucional”. 

En apuntó que el documento terminó “constituyendo la antesala al golpe militar que se llevaría a cabo el mes siguiente, respaldado por los mismos parlamentarios que habrían liderado la iniciativa”.