Después de cinco años, el asesino confeso, un paramilitar sandinista, sigue libre y trabaja para la Alcaldía de la capital nicaragüense.
Una joven asesinada a tiros en una calle de Managua. Una madre pidiendo justicia por cinco años. Un asesino confeso que, sin embargo, es absuelto por la justicia. Una historia de impunidad. Dos países: Nicaragua y Brasil. Un libro.
El caso Raynéia Lima, una estudiante de medicina de 31 años, asesinada por un paramilitar del régimen de Daniel Ortega, cumplió cinco años este mes. Su madre, María José da Costa, lucha por ver a los asesinos de su hija en la cárcel. Ha escrito un libro, “Sueño interrumpido”.
“Es una historia tristísima. Primero, la muerte de una muchacha en la flor de la vida, que está muy pronto a graduarse. Hija de una madre soltera, mujer muy sacrificada, pobre, enfermera, que crio a esta muchacha con mucho sacrificio y que tenía todas sus esperanzas depositadas en ella y, de repente, se la arrebatan de una manera brutal. Y el tratamiento que se le ha dado al caso. Para esta señora ha sido estar sufriendo la muerte de su hija prácticamente de todos los días”, valora Ernesto Medina, quien era rector de la universidad donde estudiaba Raynéia Lima.
Raynéia Gabrielle da Costa Lima Rocha tenía 31 años y estudiaba el último año de Medicina en la Universidad Americana (UAM), cuando fue asesinada la noche del 23 de julio de 2018, en una Managua alborotada por las protestas ciudadanas, barricadas en las calles, y la represión de policías y paramilitares.
Esa noche, Raynéia Lima se dirigía a su casa, escoltada en otro vehículo por su novio Harnet Lara Moraga, cuando, según el primer testimonio de este último, tres hombres encapuchados le salieron al paso a la altura del exclusivo reparto Lomas de Monserrat, cerca de donde vive Francisco López, un poderoso personaje, amigo personal de Daniel Ortega, tesorero del gobernante partido Frente Sandinista y administrador de los negocios de la familia Ortega Murillo.
El automóvil gris, Suzuki Alto, placa M170620, fue balaceado y la joven resultó herida de gravedad. Harnet Lara Moraga bajó de su propio vehículo y con las manos en alto llegó a socorrer a su novia. Los encapuchados se retiraron, y Lara Moraga llevó a la joven herida al Hospital Militar, donde encontró a compañeros de estudio y profesores de la infortunada joven que estaban de turno.
En ese momento, el rector Medina recibió una llamada de sus alumnos alertándolo de los sucesos. “Me dijeron que acababa de llegar herida de bala esta muchacha y me pedían que yo hiciera lo posible para que la atendieran lo mejor posible en el hospital”, relata.
Raynéia Lima falleció esa madrugada.
De ahí en adelante comenzaron a ocurrir cosas raras en torno al caso. El régimen de Daniel Ortega se dispuso para proteger al asesino y negar la justicia a la víctima. El automóvil de la joven brasileña despareció misteriosamente. Lo mismo pasó con todos los videos de la zona. El novio de la muchacha se esfumó poco después que le dieran de alta a la mañana siguiente. La Policía sacó un vago comunicado informando sobre el hecho en donde atribuye la muerte de la joven a los disparos de un guarda de seguridad privado de la zona, que no identifican.
“Fue un golpe brutal. Pude ver el sufrimiento de los muchachos, la rabia cuando salió el primer comunicado de la Policía. Sobre todo, porque los muchachos hablaron con el único testigo (el novio) que hubo de esa barbaridad. Tenían de primera mano una versión de lo que pasaba. De manera que cuando salió el comunicado de la Policía, ellos estaban enfurecidos”, señala Medina.
Tres días más tarde, la Policía sacó un segundo comunicado en el cual identificaba al asesino como Pierson Gutiérrez Solís, 42 años, ex soldado del Ejército, instructor de taekwondo, quien usó una carabina M4 para disparar contra el vehículo de la joven brasileña. La carabina M4 es un fusil de guerra, de uso restringido para militares en Nicaragua.
La versión policial era, cuando menos, fantasiosa. Según se explicó, Gutiérrez Solís, en ese momento, cerca de las once de la noche, estaba buscando un local para poner una escuela de artes marciales y conversaba con los guardas de seguridad cuando vio venir el auto en circunstancias sospechosas. Sacó su fusil del maletero de su vehículo y disparó.
Una semana más tarde, Pierson Gutiérrez Solís se declaró culpable de la muerte de la brasileña en una audiencia cerrada que duró 35 minutos y, posteriormente, fue condenado a 15 años de cárcel por “homicidio, portación y uso ilegal de arma de fuego”.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) certificó el asesinato de 355 ciudadanos en 2018, y que un grupo de expertos que envió la OEA documentó la participación de policías junto a paramilitares en la represión a las protestas ciudadanas, Pierson Gutiérrez Solís fue el único paramilitar que llegó a prisión.
El discurso oficial siempre alegó que se trataba de un delito común, ajeno al caldeado ambiente político y represivo que existía entonces en Nicaragua. La misma línea mantuvieron los abogados defensores de Gutiérrez Solís.
Sin embargo, en junio de 2019, Pierson Gutiérrez Solís salió libre de la cárcel y fueron borrados todos sus antecedentes penales, gracias a una ley de Amnistía que promulgó Daniel Ortega para los delitos que se cometieron en el contexto de las protestas de 2018.
El asesinato de Raynéia Lima conmovió a la opinión pública. El gobierno de Brasil, en ese tiempo a cargo de Michel Temer, atribuyó la muerte de la joven a “un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales” en Nicaragua. El escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, escribió sobre ello una columna de opinión que tituló “La muchacha de Pernambuco”.
Rayneria Lima había llegado a Nicaragua seis años antes. Su sueño era estudiar cardiología y escogió Nicaragua por las facilidades económicas que encontró para vivir y estudiar, dijo su madre, María José Da Costa, en el libro que escribió en su memoria.
La noche en que murió su hija, relata, sintió un impulso por levantarse a orar. “Dios me estaba preparando para la muerte de mi hija”, anotó.
El regreso al poder en Brasil, en enero de 2023, de Luiz Inácio Lula da Silva, alguien que ha sido cercano a Daniel Ortega, revivió en Da Costa las esperanzas de obtener justicia. En marzo de este año escribió una carta a Lula da Silva solicitándole apoyo.
“Solo pudimos repatriar el cuerpo de mi hija gracias al apoyo del exgobernador de Pernambuco, de donde somos, Paulo Câmara. Desde entonces nadie nos ha ayudado, y quiero que Lula me ayude a mí”, pidió la madre, quien confirmó al nicaragüense diario La Prensa que “lamentablemente no” tuvo respuesta su carta al presidente brasileño.
Al cumplirse cinco años de este asesinato, el abogado nicaragüense, Yader Morazán, realizó un análisis del proceso en el que destaca que los jueces “mal aplicaron” la Ley de Amnistía, porque “el paramilitar fue condenado por admitir hechos acusados no comprendidos en la ley”.
Añade que en el proceso se le hicieron cuatro favores a Pierson Gutiérrez Solís. “El primero fue omitir hechos que lo ubican en el paramilitarismo. Luego, lo condenaron por un delito menos gravoso al que correspondía según los hechos admitidos por él mismo; encima le imponen una pena baja y por último, lo amnistiaron”.
El primer acto de impunidad, dice, se da “cuando la Policía en contubernio con el Ministerio Público omiten hechos circunstanciales que agravarían la conducta del acusado en la escena del crimen. Todo para acusarlo por un delito menos gravoso que contiene una pena menor. La Fiscalía lo sacó del contexto político, haciéndolo ver como un hecho aislado, sin prever que más adelante necesitarían decir lo contrario, para amnistiarlo”.
Según una investigación de la plataforma Nicaragua Investiga, Pierson Gutiérrez Solís se encuentra en libertad, se desempeña como funcionario de la Alcaldía de Managua y se le ha visto en actividades oficiales.
Para Ernesto Medina, la protección que ha recibido este paramilitar de parte del régimen de Daniel Ortega busca demostrar que no les pasa nada a quienes dio “licencia para matar” durante la represión de 2018. “Yo creo que este sujeto, por la forma que actuó, se trataba de alguien importante dentro de la estructura paramilitar. Por lo tanto, tiene para Ortega una importancia especial, no lo podían dejar en manos de la justicia porque obviamente se podía desbaratar todo el aparato paramilitar que habían desarrollado”.
María José da Costa, la madre de la joven asesinada, cree que hay más personas involucradas en el asesinato de su hija, y que posiblemente Pierson Gutiérrez Solís esté encubriendo con su confesión al verdadero asesino.
“Quiero saber quién fue el verdadero culpable, para que lo arresten. El gobierno de Nicaragua debe responsabilizarse por el asesinato de mi hija, porque estoy segura de que el asesino confeso está encubriendo a un militar que trabaja para el Estado”, ha declarado María José da Costa en una entrevista a la red brasileña Globo.
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