Desaparecidas en Uruguay: 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual

La razón, dice, es la desidia estatal. Ni la policía ni la fiscalía fueron exhaustivas en la búsqueda de Milagros ni agotaron las hipótesis de investigación, como la planteada por la abogada de la familia, para quien la desaparición se relaciona con la trata sexual.

Las autoridades tampoco prestaron atención a las amenazas de muerte contra Baladán, ni siquiera después de que la apuntaron con un arma a unas pocas cuadras de su casa. “Si seguís revolviendo mierda, te vuelo la cabeza”, le dijo un hombre.

Pero no pudieron detenerla. Baladán sigue buscando a Milagros incluso después de que el departamento de personas ausentes de Uruguay le comunicara que no podía ayudarla.

Su tenacidad fue el puntapié de un movimiento feminista de apoyo a madres de mujeres desaparecidas, ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), hoy de alcance nacional.

openDemocracy dedicó un año a investigar los casos de Milagros y de otras ocho mujeres. Realizamos más de 30 entrevistas a familiares y amigos de las desaparecidas, a una sobreviviente de trata, a fiscales, jueces, policías, trabajadoras sociales, investigadoras, representantes y técnicos de organizaciones sociales y colectivos populares; revisamos documentos, informes y denuncias.

La desidia oficial – judicial, fiscal y policial – es generalizada. El caso de Milagros refleja el prejuicio de las instituciones hacia decenas de mujeres uruguayas pobres que están desaparecidas: hay un historial contundente de omisiones constantes, cometidas principalmente por las autoridades que deberían protegerlas.

Las denuncias, evidencias y declaraciones de testigos se pierden con frecuencia o bien no salen de la repartición policial donde fueron recabadas, o cuando hay sospechas de que la causa de una desaparición puede ser un crimen, no llegan a los policías que deberían investigarlas ni a la fiscalía.

El departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, creado en 2004 y desde 2009 dependiente de la unidad de lucha contra el crimen organizado e Interpol, lleva un registro del que es imposible obtener información confiable: no tiene ningún criterio de desagregación, los datos proporcionados no siempre son correctos, no está completo ni actualizado.

openDemocracy también constató que algunos casos se inician meses después de que se denuncia una desaparición. Y que, en muchas instancias, la hipótesis de explotación sexual o trata es desestimada sin haberla investigado de forma adecuada. Como si todo esto fuera poco, las autoridades incurren a veces en procedimientos irregulares.

El director de lucha contra el crimen organizado e Interpol entre marzo de 2020 y marzo de 2023, comisario general Juan Rodríguez, dijo a openDemocracy que Uruguay adoptó un protocolo para investigar casos de personas ausentes en junio de 2020, pero reconoció que la policía aún no fue entrenada en cómo aplicarlo.

Ante la falta de una labor policial y fiscal sólida, madres como Baladán se ven empujadas a perseguir ellas mismas los rastros de sus hijas y a trazar hipótesis sobre su destino: ¿fueron secuestradas por narcos, por tratantes o por proxenetas? ¿Murieron? ¿Las asesinaron?

“Hoy y siempre, constantemente estoy dando vueltas, buscando, porque si no la sigo buscando yo, ellos no la van a buscar. Es cortito, no van a buscar nada”, dice Baladán.

¿Quién busca a las ausentes?

Uruguay es un país que presume de una democracia estable y de un sólido marco legal y de derechos en una región donde nada de esto abunda. El 73% de la población confía en la policía, y el programa de prevención de la delincuencia del país, adoptado en 2016, ha sido reconocido internacionalmente.

Pero en este país sudamericano existe también un pujante submundo de tráfico de drogas y trata sexual, en el que mujeres jóvenes, especialmente las pobres o de entornos vulnerados, son fácilmente explotadas por bandas criminales.

Las familias de las nueve desaparecidas, abogadas, trabajadoras sociales y defensoras de derechos sostienen que la policía ignora a estas jóvenes de manera sistemática, en lugar de defender su seguridad de forma proactiva o de dedicar tiempo y recursos a buscarlas.

El Ministerio del Interior no respondió a reiteradas solicitudes de información de openDemocracy. Finalmente, después de una espera de seis meses, en diciembre de 2022, se nos permitió entrevistar a Juan Rodríguez en su oficina en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, un edificio que en la última dictadura funcionó como centro de espionaje y torturas.

Rodríguez, un hombre de saco y pantalón grises, bien afeitado y perfumado, fue el único alto funcionario del Ministerio que accedió a hablar con openDemocracy sobre el tema. Respondió las preguntas con rapidez – interrumpiendo ocasionalmente a la entrevistadora –, e invitó a una segunda funcionaria, María Noelia Ordeig, del departamento de personas ausentes, para que aportara datos sobre la magnitud del problema.

Pero ni ella ni nadie pudo confirmar cuántos casos del registro de personas ausentes son entradas duplicadas («repetidores», o personas que desaparecen más de una vez en la jerga del departamento) ni con qué grado de precisión se actualiza el registro.

Según Rodríguez, el protocolo de 2020 sistematizó el procedimiento de denuncia de personas ausentes, mediante un formulario específico para su ingreso al sistema informático policial. La forma en que se rellena este formulario determina qué trámite se da a cada caso.

Cuando la denuncia la presenta alguien que puede proporcionar a la policía información detallada sobre el aspecto físico y los hábitos de la persona desaparecida, se clasifica como de «persona ausente» y se remite automáticamente al departamento de personas ausentes para su investigación.

Entre 2020 y 2022, el departamento de personas ausentes recibió 14.402 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 6.228 fueron clasificadas como «personas ausentes», según datos oficiales facilitados a openDemocracy en junio de 2023. (En la región, la palabra «desaparición» se utiliza con más frecuencia para referirse a la situación de opositores políticos, que fueron detenidos y desaparecidos durante las dictaduras).

Según estos datos, el 99,5% de todos los casos que recibió el departamento fueron resueltos; ninguno de los casos de «personas ausentes» en ese período estaba relacionado con la trata sexual.

Pero organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y grupos de apoyo a las sobrevivientes de trata sexual afirman que estas cifras son inexactas y subestiman groseramente el peligro que enfrentan las mujeres, especialmente las que fueron captadas por el submundo criminal.

Nuestra investigación muestra que un número significativo de mujeres que figuran oficialmente como ausentes tenían vínculos con vendedores de drogas, o con personas sospechosas o condenadas por explotar sexualmente de ellas o de otras mujeres.

La imposibilidad de identificar el papel que desempeña el tráfico de drogas o el comercio sexual en el destino de mujeres desaparecidas en Uruguay obedece a que, en general, ni la fiscalía ni la policía buscan evidencia que los conecte.

La respuesta estatal a estos casos “es un desastre absoluto», afirma Andrea Tuana, directora de la organización defensora de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres El Paso, que presta servicios financiados por el gobierno a víctimas de trata en Uruguay. “Este tema no se prioriza, no interesa, no existe”.

Según los datos oficiales analizados por openDemocracy, hay por lo menos 48 casos de personas que desaparecieron hace más de una década y que siguen sin aclararse. Entre ellos se encuentra el de Silvia Fregueiro, quien desapareció en 1994.

Otros 34 casos están abiertos desde hace más de cinco años (incluido el de Milagros Cuello), y 74 casos desde hace más de un año. Entre estos últimos se encuentran los de siete mujeres jóvenes que desaparecieron entre 2019 y 2022 en la zona oeste de Montevideo y el sureste de San José.

Rodríguez se negó a hablar oficialmente sobre estos casos. Pero reconoció que la policía aún no había elaborado perfiles y no tenía archivos detallados sobre ellos. Tampoco sabía cuántas de estas mujeres desaparecidas habían sido víctimas de violencia de género.

Las organizaciones que trabajan en los territorios donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres llevan sus propias cifras. DENG registró 280 casos de este tipo entre principios de 2018, cuando se fundó el grupo, y agosto de 2022.

De ellos, 243 mujeres desaparecieron de manera intermitente o por períodos cortos, 20 aparecieron muertas y 17 siguen desaparecidas (entre ellas, las siete jóvenes de Montevideo y San José). Algunos de estos casos figuran en el registro de personas ausentes del Ministerio del Interior; otros no.

DENG también explicita que sus propias estadísticas son incompletas. «No podemos contactar a todas [las familias] o no nos llega la información. Y hay gurisas a las que nadie busca», afirma Delia Cúneo, integrante del colectivo.

Las autoridades también fallan al investigar asesinatos de posibles víctimas de explotación sexual y trata. En 2018, Rocío Duche, de 14 años, apareció muerta en una cuneta en la ciudad de Treinta y Tres, a unos 300 kilómetros al noreste de la capital.

En la época en que fue asesinada, Rocío vivía en un hogar de protección estatal del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (Inau), y era víctima de explotación sexual.

También terminaron muertos otros dos adolescentes que estaban bajo el amparo estatal y que eran explotados por la misma red que explotaba a Rocío y a otros 17 adolescentes, todos identificados en un informe presentado ante la fiscalía por el Inau y la organización Gurises Unidos, que trabaja en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Los responsables de las muertes y la explotación sexual siguen impunes.

Siete mujeres desaparecidas en Montevideo

La violencia está tan presente en el barrio 19 de Abril como el rugido de las motos con caños de escape recortados. Unas 2000 personas viven aquí, en viviendas precarias, entre una ruta nacional y una cañada, en la periferia oeste de Montevideo.

Los niños enferman y mueren por ingerir alimentos podridos y basura. Algunos son explotados para vender y transportar drogas. Otros son reclutados como sicarios de los capos de bandas criminales. Solo unos pocos logran terminar la escuela.

En cada una de las 19 manzanas del barrio hay al menos una boca de drogas, dicen personas que viven en 19 de Abril.

En febrero de 2021, en el patio de una de esas bocas se encontraron los cadáveres de dos mujeres, enterrados en contenedores de plástico. Stefhany Rodríguez, de 32 años, era una de ellas. Su familia había denunciado su desaparición a la policía en julio de 2020. Nadie buscaba a la otra mujer, Karina Díaz, de 24 años.

Otras siete jóvenes que frecuentaban esas bocas por entonces también desaparecieron. En marzo de 2019, desapareció Florencia Barrales (19 años), y en septiembre, Gina Rodríguez (27). En 2020, desapareció Yamila Estévez (20) en enero, Jennifer Gómez (19) y Daniela Virginia Bera (22) en febrero, y Micaela Ramírez (21) en diciembre. Tatiana Pintos (35) desapareció en enero de 2022.

Cuando ellas dejaron de ir o al menos comunicarse con sus casas, las familias acudieron a las comisarías más cercanas. «Es una drogadicta, debe estar consumiendo por ahí» o «se habrá ido con su novio» fueron las respuestas más habituales de la policía, según relataron las madres a openDemocracy.

La negativa de las autoridades a facilitar información hace imposible saber cómo llegaron los nombres de estas mujeres al departamento de personas ausentes. Dos familias dijeron que habían llevado personalmente sus casos al departamento tras darse cuenta de que los investigadores no estaban al tanto de sus denuncias.

DENG empezó a asesorar a las familias y pronto se enteraron de que compartían la misma situación. Algunas de las jóvenes se conocían. Algunas habían huido antes de sus familias. Al menos dos habían sido secuestradas en las bocas de droga de 19 de Abril durante varias semanas y luego liberadas, según sus madres. Una incluso sabía que su hija estaba retenida en una boca y denunció su secuestro a la policía, pero asegura que no hicieron ningún intento por rescatarla.

En septiembre de 2021, hartas de la falta de acción policial y apoyadas por DENG, las madres de las seis mujeres que habían desaparecido en 2019 y 2020 presentaron una denuncia colectiva ante la fiscalía, alegando que sus hijas habían sido víctimas de trata, y exigieron una investigación.

“Sus desapariciones tienen que ser investigadas teniendo en cuenta los factores en común, pero también porque todas nos hemos encontrado con las mismas limitaciones e irregularidades en nuestra búsqueda de acceso a la justicia”, dijo la madre de Florencia Barrales, Elizabeth Techera, tras presentar la denuncia.

Se abrió una investigación, pero meses después una de las madres supo que la fiscalía estaba a punto de archivarla. Para evitarlo, en marzo de 2022 ampliaron la denuncia para incluir la desaparición de Tatiana.

Cuando openDemocracy le preguntó por estos casos, el comisario Rodríguez, exdirector de la unidad de lucha contra el crimen organizado e Interpol, desestimó la denuncia de las madres. Dijo que la policía había desarrollado otras hipótesis para explicar cada una de las siete desapariciones, y que ninguna estaba relacionada con la trata, pero se negó a dar detalles.

Según Rodríguez, la denuncia conjunta de las madres fue una reacción a la «conmoción» que sintieron por el descubrimiento de los dos cuerpos enterrados en el barrio 19 de Abril.

“Pudieron relacionar, supongo yo, que las hijas frecuentaban los mismos lugares, tenían hábitos similares, entonces ahí generaron esa idea fuerza de que podía haber un tema de trata», dijo Rodríguez. “Pero en la denuncia de las madres no hay pistas que indiquen trata”, agregó. Para Rodríguez, esta es razón suficiente para que las autoridades no avancen en esa hipótesis.

“Estos casos mayormente se daban por una situación compleja de [falta de] contención familiar, de la vida que hacían ellas, muy, muy ligada al consumo de sustancias, de ejercicio del trabajo sexual”, opinó. En Uruguay el trabajo sexual fue reglamentado en 2002; dos años después se castigó la explotación sexual infantil. El proxenetismo está prohibido desde 1927.

Mientras tanto, las familias de las mujeres desaparecidas siguen buscando sin descanso a sus hijas y hermanas. Empapelan las calles con sus fotos, organizan protestas, piden información a cualquiera que crean que pueda saber algo.

“Yo no sé si la policía buscó a mi hija. Sabemos que nadie desaparece porque sí”, dice la madre de Yamila Estévez, Beatriz. “Con el dolor en el alma esperamos encontrar una solución, una noticia, alguien que nos diga algo; el estado que responda”.

En junio de 2022, las madres pensaron que su suerte podía cambiar cuando Alicia Ghione fue nombrada fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género en la misma fiscalía montevideana que tramitaba su denuncia colectiva. Ghione, experta en violencia de género, viene investigando la trata de personas desde 2008, cuando Uruguay comenzó a desarrollar una política sobre este crimen.

La fiscal dijo a openDemocracy que la trata no debía descartarse como posible motivo de la desaparición o muerte de las mujeres hasta que no se investigue a fondo.

Las circunstancias en las que desaparecieron estas jóvenes hacen probable, según Ghione, que «quienes les vendían droga hayan terminado convirtiéndose en sus explotadores sexuales, porque hacen un negocio ofreciendo [a las jóvenes] a un amigo, a un vecino… terminan eligiendo a un grupo de estas chicas para ofrecerlas a clientes, y las sacan del país».

Como resultado, «acaban en una red de explotación y trata más que de trabajo sexual, porque [aunque] no son menores de edad, no es que tengan elección ni derechos», explicó.

Sin embargo, desde que se hizo cargo del caso en 2022, el equipo de Ghione no ha logrado ningún avance.

La trata sexual en Uruguay

La trata sexual tiene raíces profundas en Sudamérica; la gran mayoría de las víctimas son mujeres (87 %) y niñas (11 %), según el último informe (2022) de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. ONU Mujeres advierte por su parte de que «el soborno de funcionarios y la corrupción política que llega hasta los niveles más altos del poder ejecutivo, legislativo y judicial… son cruciales para el éxito de los tratantes de personas».

El informe de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos clasifica a Uruguay como país de origen, tránsito y destino de personas sometidas a la trata y afirma que el estado no ha cumplido plenamente las normas mínimas para eliminar este delito.

Organismos encargados de hacer cumplir la ley del continente americano reconocen la actuación deficiente de Uruguay en la lucha contra la trata de personas.

El país cuenta con una sólida legislación para proteger a niños, niñas y adolescentes y para combatir y prevenir la violencia de género, la explotación y la trata. Sin embargo, «existe una gran brecha entre cómo están redactadas las políticas públicas y lo que ocurre en los territorios», afirma Sandra Perroni, que trabaja para El Paso, la organización que presta asistencia pública a las sobrevivientes de la trata.

El Paso asiste a víctimas de trata desde hace más de una década. En 2022, el servicio atendió a 210 personas, de las cuales 69 eran casos nuevos. En el mismo periodo, solo dos investigaciones judiciales sobre trata (en las que estaban implicadas nueve víctimas) condujeron a alguna condena, y 20 fueron archivadas, según informó la fiscalía a openDemocracy.

La respuesta judicial anémica forma parte de un patrón establecido en este país. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2021, solo ocho casos de trata acabaron en condenas, y 29 fueron archivados. En los dos primeros meses de 2023, no hubo procesamientos.

«Uruguay recibe bastantes críticas en la región por sus bajos números en condenas por trata», dice la fiscal Ghione, integrante de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.

La sobreviviente y activista uruguaya contra la trata Sandra Ferrinni dice, por su parte: «El Estado sabe mucho, y el Estado calla mucho».

Las familias de las siete mujeres desaparecidas piensan de modo similar. «Yo les he dado muchos datos, muchos nombres, muchos lugares y… a esa gente no le han tomado declaraciones. O hay algo tapado, o están mintiendo. No sé qué es lo que está pasando”, dice Gladys Reimundo, madre de Jennifer Gómez.

Elizabeth Techera, madre de Florencia Barrales, añade: «Sentimos una carga tremenda, que la asumimos, además, solas”.

Treinta años sin noticias de Silvia

Silvia Fregueiro tenía 28 años cuando en diciembre de 1994 metió ropa de verano en un bolso y se fue a trabajar como empleada doméstica a Punta del Este, un destino turístico de lujo sobre el Atlántico. Quería ahorrar dinero para pedir un préstamo hipotecario. En Treinta y Tres, su ciudad natal 200 kilómetros al norte, quedó su hijo de 12, Santiago Canet, y una numerosa familia que la esperaba para festejar la Navidad.

La tarde del 21 de diciembre fue la última vez que se supo de ella. Salió de la casa de sus empleadores para «dar un paseo», dejando atrás todas sus pertenencias, incluso su cédula y el dinero, según documentos del caso revisados por openDemocracy. Pocas horas después, fue vista con un hombre conocido por sus vínculos con el comercio sexual.

El 23 de diciembre, su empleadora denunció su desaparición a la policía y avisó a la familia. El día de Navidad, su madre, Ana Yacobazzo, y uno de sus hermanos viajaron a Punta del Este y confirmaron la denuncia a la policía.

En los días y meses posteriores a su desaparición, la familia de Silvia recorrió de punta a punta Maldonado, colocó carteles y preguntó por ella a lugareños y turistas. También llevaron información a la policía, que no se había puesto en contacto con ellos ni siquiera para pedirles datos básicos sobre Silvia.

Los documentos revisados por openDemocracy muestran 30 años de procedimientos policiales y judiciales negligentes. Las omisiones en el caso de Silvia fueron tan graves que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia presentada por la familia contra el estado uruguayo por la posible violación de los derechos de Silvia a la vida, la libertad, la integridad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección legal.

En febrero de 1995, Ana Yacobazzo ya había hecho dos denuncias policiales por la desaparición de su hija. Pero tuvo que hacer una tercera. Ante la falta de respuestas, recurrió a un método poco habitual en aquella época: solicitar la ayuda de un abogado para presentar otra denuncia, esta vez ante un juzgado. Así logró forzar que se abriera una causa judicial.

Sin embargo, el expediente se extravió durante cuatro meses sin explicación alguna. El análisis de openDemocracy de los otros ocho casos de jóvenes desaparecidas y posibles víctimas de explotación sexual revela que la pérdida o la desaparición total o parcial de informes y expedientes sigue siendo frecuente.

Las declaraciones que la policía tomó en 1995 a la empleadora de Silvia y al hombre vinculado al comercio sexual nunca se añadieron al expediente judicial. Se perdieron y ya no existen, según la denuncia presentada ante la CIDH. La justicia uruguaya les tomó declaración diez años después de que Silvia desapareciera.

La justicia también denegó a la madre de Silvia el acceso a los resultados de una prueba de ADN realizada por un laboratorio privado, que ella misma había encargado y pagado, para comprobar si unos restos óseos hallados en 2007 eran los de su hija. No lo eran, pero Yacobazzo tuvo que presentar una demanda y esperar un año para conseguir la notificación oficial.

La casa de los empleadores, donde Silvia había vivido y trabajado los días previos a su desaparición, nunca fue inspeccionada por la policía. Tampoco se interrogó a otros residentes ni a las personas que, la noche anterior, habían asistido a una fiesta en la misma casa.

La policía tardó una década en redactar un informe oficial en el que se esbozan las posibles causas de la desaparición de Silvia. Fue solo entonces cuando admitieron que había una «alta probabilidad» de «una ausencia involuntaria por seducción o manipulación», según el informe revisado por openDemocracy y fechado en 2004.

Santiago, el hijo de Silvia, escribió a la CIDH: «Es muy difícil pensar más allá de hoy porque nunca sabemos si el mañana será con ella o todavía sin ella. Es imposible proyectarse más allá del presente, y es una herida que no cierra nunca».

En la documentación presentada a la CIDH por la abogada de la familia, Diana González, se afirma que entre 1990 y 2000 desaparecieron al menos seis mujeres en Punta del Este o sus alrededores. Entre ellas, María Concepción Franco Quiroga, de 25 años, quien desapareció el 23 de junio de 1994, seis meses antes que Silvia. Su caso también sigue abierto.

En una entrevista televisiva en 2012, Yacobazzo dijo que quería saber «qué pasó y, sobre todo, la verdad». Murió en 2015, sin conocer esa verdad. Un grupo feminista de Treinta y Tres lleva su nombre.

¿Dónde está Milagros?

Milagros Cuello, de 16 años, salió de su casa a última hora del sábado 3 de diciembre de 2016 rumbo a la plaza principal de Pando, a menos de un kilómetro de distancia.

Cuando su padre se despertó a las 8 de la mañana del domingo, notó su ausencia. Su madre, Nancy Baladán, avisó a la policía enseguida, pero hasta hoy no sabe nada de ella.

Se perdieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la plaza de Pando. No se hicieron identikits ni perfiles psicológicos de ningún sospechoso, a pesar de que la abogada de la familia los había solicitado expresamente. El caso incluso estuvo seis meses estancado en la fiscalía, porque la introducción de un nuevo código penal provocó un atasco en el sistema, que cuenta con escasos recursos.

Pero Baladán no se dejó amilanar por la desidia y el desprecio que, según ella, demostraron los policías hacia ella y su hija. En las semanas y meses que siguieron, llevó la foto de Milagros a las 30 comisarías de Canelones, después de darse cuenta de que los agentes no habían transmitido la información.

En los primeros interrogatorios policiales que siguieron a la desaparición de Milagros, tres hombres confesaron que la habían sometido a explotación sexual. Pero la justicia no los procesó ni condenó por el delito hasta tres años después, en 2019, y luego de reiteradas denuncias y quejas de su madre y de colectivos sociales ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay.

Después de que el juez dictó sentencia, un familiar de uno de los condenados amenazó de muerte a Baladán. Ella denunció la amenaza a la fiscalía. «Me pusieron protección policial durante una semana, [con un patrullero] controlándome una vez al día», recuerda.

Tampoco se investigó si la desaparición de Milagros estaba relacionada con la explotación sexual, ignorando no solo las evidencias, sino los protocolos internacionales y las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Estas directrices dejan claro que la desaparición de mujeres suele estar vinculadas a «otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata o el feminicidio».

Los fiscales continuaron descartando esta hipótesis incluso años después, cuando un examen del celular de Milagros reveló que uno de los tres hombres la había llamado la noche que desapareció, según dijo a openDemocracy la abogada de la familia, Natalia Suárez.

Alicia Ghione, que fue fiscal subrogante en la investigación de 2019 e imputó a los tres explotadores sexuales, dice a openDemocracy: «Es muy probable que su desaparición haya estado directamente relacionada con ese circuito de explotación sexual”.

Y agrega: «No puedo decir si Milagros está viva o fue sacada del país, pero sí puedo decir que algunos testigos la vieron esa noche en la plaza subirse a un auto e irse… Así que es muy posible que haya sido una organización de trata”.

En 2017, el departamento de personas ausentes del Ministerio del Interior pidió a Baladán que fuera a una cárcel para recabar el testimonio de un interno que supuestamente tenía información sobre el paradero de su hija. Sí, le encargaron la investigación a la madre de la víctima. Ella aceptó. Anotó en un papel todo lo que el preso le dijo y lo llevó de inmediato a la policía.

Al día siguiente de su visita a la cárcel, en una placita de su barrio, un hombre la apuntó con un revólver. «Si seguís removiendo mierda, te vuelo la cabeza», le dijo.

«Fui al departamento de personas ausentes y les dije que la información se había filtrado de ahí. Ellos y mi marido eran los únicos que sabían que iba a ir a la cárcel. En medio de la discusión, me dijeron: ‘Hasta aquí podemos llegar nosotros. Hacé lo que nosotros no podamos hacer’», relata Baladán.

El ex comisario general Julio Sena, que en ese momento estaba al frente de crimen organizado e Interpol, niega tener conocimiento del incidente en el departamento de personas ausentes que en última instancia estaba a su cargo.

«Me atrevo a decir que, si esto ocurrió, fue totalmente irregular», declaró a openDemocracy. «No es la forma en que debe funcionar la policía. Es obligación de la policía recabar pruebas, evidencias y testimonios, no pedir a los familiares que lo hagan”.

Para Baladán, uno de los peores insultos que recibió del estado fue ese mismo año, 2017, cuando acudió al juez para exigir avances en el caso. Los funcionarios del juzgado le pidieron que presentara la partida de nacimiento de su hija para demostrar que ella era la madre de Milagros, a pesar de que sabían exactamente quién era.

Para las autoridades, dice, Milagros «es solo un número más. Una desaparición más». Para ella, su ausencia «es una mochila que pesa cada día más».

Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.

RV: EG / IPS NOTICIAS