Honduras: la izquierda copia el controvertido modelo de mano dura de Nayib Bukele para combatir a las maras

El presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, está exportando su controvertido modelo de combate a las pandillas en la región. Su marcado éxito contra las llamadas “maras” es tan palpable como las violaciones a los derechos humanos que su política de seguridad dejó detrás de los más de 65 mil pandilleros detenidos en el último año, según las denuncias que llueven contra su gobierno.

Hoy esa misma política está siendo emulada por un gobierno ideológicamente opuesto al salvadoreño. A pocos kilómetros de San Salvador, la presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, pisó el acelerador contra las bandas criminales que dominan su país desde hace décadas. La “bukelización” de la política de seguridad hondureña está en marcha.

Las medidas son un espejo del modelo salvadoreño. Militarización de las cárceles, allanamientos masivos, toques de queda y hasta una llamativa retórica y simbología afín a Bukele, como las imágenes de prisioneros en fila, agachados y con la cabeza baja que el presidente de El Salvador inmortalizó como su marca registrada en su llamada “Guerra contra las pandillas”.

“Es innegable que hay un proceso de emulación del método Bukele que se está afianzando progresivamente en el país”, afirmó a TN el investigador y experto en América Latina del Istituto Affari Internazionali de Roma y exanalista especializado en Centroamérica del Crisis Group Tiziano Breda.

Por qué Honduras emula la controvertida política de seguridad de Nayib Bukele

Xiomara Castro es la primera presidenta de la historia de Honduras. A su asunción, el 27 de enero de 2022, asistió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la calificó como “querida compañera y amiga” tras su triunfo en las elecciones. Con un fuerte tono combativo, la mandataria hondureña cerró entonces su primer discurso oficial con una cita de Ernesto Che Guevara: “Hasta la victoria, siempre”.

Pero un año y medio después de asumir el poder, dio un giro hacia la derecha, al menos en materia de seguridad. Mano dura es la nueva política contra las “maras” que han dominado este país centroamericano desde hace décadas.

La presión es fuerte. Los hondureños ven como sus vecinos se han virtualmente quitado de encima a los pandilleros en poco más de un año. A juzgar por las encuestas que muestran un apoyo mayoritario a su presidente, a los salvadoreños les importan poco las violaciones a los derechos humanos que se esconden debajo de esta “guerra”.

Bukele primero pactó con las “maras”, pero después los combatió. Con métodos fuertemente cuestionados, metió a presos a decenas de miles de sospechosos. Incluso, creó una cárcel especial donde aloja solo a pandilleros. Tiene una capacidad para albergar a 40.000 detenidos.

Castro prometió defender los derechos humanos, pero la violencia desatada por las pandillas la obligó a reaccionar y mirar hacia El Salvador. La gota que rebalsó el vaso fue la masacre en la que murieron más de 40 detenidas el 20 de junio pasado en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cerca de Tegucigalpa. Fue una virtual matanza entre mujeres integrantes de pandillas rivales y un abierto desafío a Castro. Pero eso no fue todo. Cinco días después, se registraron 23 asesinatos en apenas 24 horas.

Entonces la presidenta ordenó la militarización de las cárceles y se propone ahora construir una megaprisión insular en el archipiélago de las Islas del Cine, a casi 250 kilómetros de la costa, para albergar a los pandilleros más peligrosos. De concretarse, sería la única colonia penitenciaria insular del hemisferio occidental.

“Hay una reproducción de algunas medidas y de una narrativa que se parecen mucho a la que llevó a cabo Bukele”, dijo Breda.

Cuáles son las medidas impuestas por Honduras para combatir a las pandillas

En Honduras actúan las mismas pandillas que en El Salvador. La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18 (M-18), también conocida como Barrio 18, son las dos de mayor presencia en el país. Según datos de organismos gubernamentales citados por Univisión, hay unos 70.000 pandilleros en el país. Algunos reportes sostienen que la presencia femenina varía entre 20 a 40%.

Estos pandilleros se dedican a una extensa gama de delitos, como tráfico y trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, cibercrimen, minería ilegal, falsificación, pornografía infantil, explotación sexual de menores y adultos, extorsión, secuestro, fraude y lavado de dinero.

Se trata de un país violento. La tasa de homicidios en Honduras fue de 35,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, una de las más elevadas del continente.

La demostración de fuerza de las pandillas llevó a Castro a adoptar iniciativas drásticas copiadas del modelo Bukele. Impuso un estado parcial de excepción y suspendió parte de las garantías constitucionales en 175 de los 289 municipios del país. La medida alcanza a las dos ciudades más importantes: la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula. Estará vigente al menos hasta agosto.

La presidenta anunció la operación “Candado Valle de Sula” que incluyó el toque de queda, múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes en esa región. Otro operativo, bautizado “Fe y Esperanza”, intentó retomar con fuerzas militares el control de las cárceles dominadas por las “maras”.

Esta nueva política causó una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos. “En Amnistía Internacional vemos con gran preocupación como el gobierno de la presidenta Xiomara Castro intenta emular políticas de seguridad punitivas para supuestamente enfrentar la violencia generada por el crimen organizado y las pandillas”, dijo a la prensa estadounidense su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

Básicamente, los activistas advierten que los estados de excepción prolongados culminan tarde o temprano en detenciones arbitrarias, malos tratos, discriminación, restricciones a la libertad de expresión, torturas y crisis penitenciarias derivadas de detenciones masivas.

Para Tiziano Breda, “hay diferencias positivas y negativas” entre Honduras y El Salvador. “La positiva es que Castro sigue prometiendo defender los derechos humanos, a pesar de que parece ir en dirección opuesta. La negativa es que incumplió su promesa de campaña de desmilitarizar la seguridad pública. Además, la idea de construir una prisión insular ya había sido abandonada en toda la región”.

A 377 kilómetros de distancia de Tegucigalpa, Nayib Bukele sonríe desde su despacho de la Casa Presidencial de San Salvador. Ahora, solo piensa en su reelección en los comicios de febrero de 2024.