El gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) había acudido hace dos semanas atrás a la Justicia para frenar el cuestionado concurso para contratación de personal de la Itaipú, considerando que está en etapa de definición y prácticamente ya están cocinados la mayoría de los cupos a favor de los amigos. Sin embargo, los jueces pierden más tiempo en inhibiciones y permisos que en atender la medida.

Pasaron dos semanas desde que el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) presentó un amparo cons­titucional, una de las medi­das judiciales más rápidas que se dispone con el obje­tivo de frenar el cuestio­nado concurso para con­tratación de personal en Itaipú Binacional; sin embargo, hasta la fecha no se dio estudio al recurso con el que el referido gre­mio busca proteger el dere­cho al trabajo y a la igualdad amparados en la Constitu­ción Nacional.

El amparo se había remi­tido el pasado 5 de julio al Juzgado en lo Civil número 22 de Asunción, donde fue rechazado “in límite” por el juez Martín Acosta; es decir, que ni siquiera dieron estu­dio al documento presen­tado por el referido gremio por supuestamente “no jus­tificar la personería jurídica de los accionarios”, los cua­les fueron plenamente pre­sentados, según manifestó el abogado Juan Prieto, pre­sidente de AAP.

El gremio sostiene que el cuestionado proceso selec­tivo va en contra de lo esta­blecido en la Carta Magna, debido a que entre los requi­sitos excluyentes de pues­tos como el de “asesor legal – Departamento de Licita­ciones y Contratos” y otros, se establece que los con­cursantes deben tener un máximo de 30 años de edad.

“La Constitución Nacional no establece ninguna edad para participar en ningún concurso y la Itaipú Binacio­nal, siendo un administra­dor de la cosa pública, está obligado al cumplimiento de la ley”, lamentó Prieto.

Tras este rechazo, el presi­dente del gremio recurrió a la Cámara de Apelacio­nes y el caso fue remitido a la segunda sala del Tri­bunal de Apelaciones en lo Civil de la capital a cargo de los jueces Guido Cocco Samudio, Juan Carlos Pare­des y María Sol Zuccolillo. Sin embargo, cuando pare­cía que iban a resolver el caso, la magistrada Zucco­lillo solicitó permiso y se estancó el proceso.

Por los tiempos que rigen, se espera que hoy se designe el reemplazo pertinente, mientras tanto el concurso minado de denuncias está a punto de cerrarse.

Esta no es la primera denun­cia sobre el concurso, ya que hace dos meses, el abogado Wilson Benítez cuestionó a la binacional la falta de transpa­rencia en el proceso selectivo y solicitó “que todo el proceso sea público”, y en la misma fecha, la Cámara de Senado­res solicitó un informe sobre dicho proceso selectivo; sin embargo, hasta la fecha nin­guno de los pedidos fueron contestados por la Itaipú.

La empresa Tecno Dinámica SRL remitió un comunicado a nuestra redacción con relación a nuestra publicación del pasado lunes 17 de julio titulada: “Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC”. La firma figura entre los activos (como herencia) en las declaraciones del empresario Julio Ullón , exjefe de gabinete de la Presiden­cia de la República y en el material periodístico referimos el ascenso que experimentó su esposa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones, con dos cargos de alta relevancia, uno de ellos el de proyecto para el “Desarrollo de capaci­dades de gestión MOPC”, considerando las licita­ciones por valor de G. 55.590 millones que el polí­tico había acumulado en esta cartera estatal.

“El señor Julio Vicente Ullón Brizuela es accio­nista de nuestra empresa desde la declaración de herederos inscripta en los registros pertinentes el 30 de setiembre del 2020 con 8,33 % de par­ticipación accionaria y que desde que fue desig­nado accionista a través de dicha medida judicial, la empresa solamente ha sido adjudicada con un contrato en consorcio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con otra empresa por un monto de G. 2.488.836.756 para la fiscaliza­ción de la construcción de la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la ciudad de Presidente Franco. Este contrato fue adjudicado en noviem­bre de 2022, mucho antes de la designación de la Sra. María Celeste Solís Bogado, esposa del Sr. Julio Vicente Ullón Brizuela, como directora de Control Interno y directora nacional del Proyecto PNUD en abril de este año”.

“Hemos tomado una decisión en relación con la designación de la Sra. Solís Bogado en un cargo gerencial del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC). A partir de dicha designación desde abril de este año, se ha deci­dido no participar en ningún proceso licitatorio en el mencionado Ministerio”.

FUENTE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

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