Expertos de la ONU indicaron que el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó este jueves al gobierno de Uruguay a que priorice el uso del agua dulce para el consumo humano en el marco de la crisis hídrica que atraviesa el país sudamericano, lo que no fue recibido favorablemente por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En una carta, entre cuyos firmantes se encuentran el relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Damilola Olawuyi, se advierte que el 60 por ciento de la población ha sido afectada por el aumento de la salinidad del agua.
Los especialistas, con varios años de experiencia, destacaron que “aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica, agravada por los períodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”.
Por estas razones, ahondaron, “es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida”, pues esos altos niveles de salinidad, por ejemplo, afectan “significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”.
Los expertos reconocieron los esfuerzos realizados por el Ejecutivo uruguayo como la exoneración de impuestos al agua embotellada; no obstante, el gobierno respondió a la exhortación a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que calificó de “inexactitudes” lo expresado por los peritos.
Por su parte, la Cancillería del Uruguay notificó que los valores de cloro y sodio en el agua “no se consideran alarmantes, ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; las que han considerado que la gran mayoría de la población pueden seguir consumiendola”.
En el texto, el ente diplomático recordó que el Ministerio de Desarrollo Social dispuso para sus beneficiarios (respaldados por asignaciones familiares, asistencia a la vejez, pasivos que perciben ingresos mínimos) un apoyo monetario para comprar 60 litros de agua por mes, en particular las embarazadas y los menores de 2 años.
El texto remarcó también que, como forma de prevenir la crisis hídrica y preservar la salud de la población, la administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Ejecutivo diseñaron una estrategia basada en “mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro”.
Asimismo, “mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la Región Metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, mantener las redes de distribución operativas en forma continua para el combate y la protección contra incendios y siniestros urbanos”, explicó.
El texto en cuestión enfatiza que “el Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado”. En ese sentido, añade que “el agua sigue siendo bebible”.
telesurtv.net
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