“Ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, dijo el presidente Guillermo Lasso en mayo de 2022 durante su Informe a la Nación.
Las declaraciones del mandatario fueron tomadas como una afrenta por las comunidades indígenas y locales, sobre todo de la Amazonía, que llevan décadas esperando la remediación de los daños ambientales generados por las operaciones petroleras. Según información oficial, Ecuador acumula en total 4675 pasivos ambientales y “fuentes de contaminación” de esta industria en todo el territorio nacional.
Bolivia y Perú no están al margen de la carrera por expandir la explotación de hidrocarburos en la región, mientras sigue pendiente la limpieza de los daños causados. El gobierno de Luis Arce anunció recientemente sus planes de exploración y explotación de hidrocarburos para este 2023 y el 2024. Son 18 los proyectos en marcha con los que Bolivia espera revertir la crisis de gas y los subsidios al diésel que agobian al país desde hace algunos años. Mientras tanto, Perú ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley que busca modificar la legislación sobre áreas naturales protegidas para abrir estos espacios al mercado de los hidrocarburos.
El presidente Gustavo Petro, que enfrenta una grave crisis política en estos días, anunció durante el Foro Económico Mundial celebrado en enero de este año en Davos, Suiza, que urge “descarbonizar” la economía para enfrentar la crisis climática que afecta al planeta. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia incluye un espacio dedicado a potenciar la extracción de minerales estratégicos para allanar el camino hacia una transición energética. Sin embargo aún no hay acciones concretas en marcha y la remediación de 106 Impactos No Resueltos sigue en proceso o en estado pendiente.
La investigación realizada pudo establecer que de los 8278 pasivos ambientales y otros impactos petroleros identificados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aún quedan por remediarse la mayoría, un total de 6371. Este escenario va en contra de las leyes que contemplan la protección ambiental e incluso la reparación de los daños causados por las empresas o el Estado en los cuatro países. Y en algunos casos, como ha sucedido en Bolivia y ahora podría pasar en Perú, el panorama es aún más crítico, pues los planes de explotación incluyen las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas.
¿Qué decisiones políticas afectan la atención de más de ocho mil desechos petroleros? ¿Cuáles son las tareas pendientes que tienen las autoridades?
Ecuador: una historia de contaminación
“Sinceramente, no me parece adecuado denominar pasivo ambiental a algo que está activo y que sigue causando daño”, dice Pablo Fajardo, el abogado ecuatoriano que lleva casi 20 años enfrentándose a la gigante petrolera estadounidense Texaco-Chevron en el caso de contaminación por petróleo más emblemático de Latinoamérica.
Fajardo se refiere así a los daños ambientales que ha dejado esta empresa petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, donde —según información del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica enviada a esta alianza periodística— 1107 pasivos, entre ellos piscinas llenas de petróleo, fosas y derrames de hidrocarburo, permanecen sin remediación.
“Eso refleja la pobre política de Estado y su capacidad de control porque si una empresa petrolera causa un derrame tiene la obligación de repararlo inmediatamente. Si no lo hace, el Estado debe actuar para proteger los derechos de la población, pero acá, resulta que tenemos un estado cómplice de los derrames y no es capaz de exigir esa reparación a quien lo causó”, repite visiblemente molesto Fajardo.
Para el abogado, lo que hace falta en Ecuador es voluntad política. “Existe legislación, existe el marco constitucional. Está el Código Orgánico del Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental, hasta en la misma Constitución de la República del Ecuador se determina la obligación que tienen de restaurar inmediatamente los daños ambientales. No hay voluntad política, y el gobierno o los gobiernos por intentar, según ellos, incrementar las inversiones extranjeras de las transnacionales, lo que hacen es no exigirles un adecuado control ambiental”, precisa.
La exasambleísta Mariuxi Sánchez, representante de la provincia de Orellana del partido Unión por la Esperanza, reafirma que “hace falta voluntad política” para cumplir con la reparación de los pasivos ambientales. En San Carlos, en la provincia de Orellana, señala Sánchez, todavía hay personas que tienen sus viviendas sobre pasivos ambientales y que no lo sabían porque se trata de piscinas que fueron cubiertas, eso es lo que asegura dejó Texaco-Chevron. “Imagínese consumir agua contaminada con el crudo, por eso, se sospecha que los altos índices de cáncer que existen en la provincia de Orellana se deben a esta fuente de contaminación”, dice la exasambleísta.
Sánchez recuerda que en el 2012 estuvo en una de las zonas contaminadas por la operación de Texaco-Chevron y pudo ver una piscina de casi un kilómetro de largo. “Cuando estaban haciendo la inspección se dieron cuenta de la magnitud que tenía esta piscina, fue terrible. Y era muy doloroso escuchar a las personas de las comunidades cuando me contaban sobre los problemas de salud que tenían. Conocí a una señora que me dijo que su hermana, su cuñado y su sobrina fallecieron con cáncer, pero además, la única sobrina que había sobrevivido hasta ese momento también tenía cáncer”, narra la representante del partido Unión por la Esperanza.
Los pueblos indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde operó la transnacional Texaco-Chevron, mantienen una disputa legal con las empresa en cortes internacionales, pese a que la compañía norteamericana perdió un juicio en Ecuador en el que se le impuso una sanción de casi 9000 millones de dólares que hasta ahora no ha pagado. “Hemos tenido un ministro de Hidrocarburos, Fernando Santos Alvite, que fue abogado de Chevron, y que durante este último gobierno pretendía negar la existencia de los pasivos ambientales dejados por esta empresa”, dice Mariuxi Sánchez, refiriéndose a los funcionarios que estuvieron vinculados a la actividad petrolera en el sector privado.
Bolivia: leyes que no se cumplen
La falta de decisión política también fue resaltada en Bolivia. La senadora Cecilia Requena, del partido Comunidad Ciudadana, asegura que “no existe la capacidad ni siquiera de aplicar la normativa vigente, ni la Constitución boliviana [Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia] que es aparentemente en el texto muy avanzada, así como normas, diría yo, declarativas como la Ley de los Derechos de la Madre Tierra”.
Esta ley, aprobada en el año 2010 durante el gobierno del expresidente Evo Morales, contempla los derechos a la diversidad de la vida, el agua, el aire limpio, el equilibrio y la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente, además del derecho a vivir libre de la contaminación. Sin embargo, en la práctica, esta norma, como muchas otras, solo se queda en el papel.
Requena, integrante de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de Bolivia, señala que el extractivismo, particularmente de hidrocarburos, ha generado una renta al país que ha permitido al Movimiento Al Socialismo (MAS) —en el gobierno por más de 15 años— mantenerse en el poder. “Los veo como adictos al extractivismo e incapaces de entender a Bolivia en un contexto del siglo XXI. Celebran la industrialización, pero estamos hablando de recursos naturales no renovables. Hay una incapacidad de ver que Bolivia podría tener otras economías sostenibles, como la economía del bosque que podría incluir servicios ambientales. Y ahora está la locura de entrar a la Amazonía, que es lo único que nos ayudaría en la resiliencia climática”.
En el Senado, comenta Requena, intenta hacerle frente a la expansión de las actividades de hidrocarburos, pero su bancada no logra mayores resultados pues el MAS, movimiento que llevó a la presidencia a Luis Arce, tiene la mayoría. “Estamos concentrados en la fiscalización y en la denuncia, pero también en la generación de una narrativa con una visión distinta de lo que podría ser Bolivia. Tampoco nos hemos rendido por completo en el ámbito de la normativa, pero lo estamos haciendo de manera, digamos, estratégica”.
Hay un tema adicional que menciona la senadora del partido Comunidad Ciudadana que es la falta de información y transparencia del gobierno sobre la actividad petrolera. Esta situación se ha podido constatar durante la construcción de la base de datos para esta investigación, puesto que tras varios pedidos de información realizados a las instituciones del gobierno boliviano los datos recibidos solo dan cuenta de 101 pasivos y pozos abandonados dentro de áreas naturales protegidas, pero no se informa sobre otras zonas de explotación petrolera.
“La falta de acceso a la información es sistemática y, a estas alturas, yo le puedo decir que es deliberada en muchos casos. Es una forma de cubrirse de una fiscalización ya sea de la sociedad civil, de los medios o del Parlamento”, dice la senadora. “Bolivia es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de acceso a la información. Comunidad Ciudadana ha presentado dos proyectos de ley de acceso a la información en estos dos años y medio de legislatura, pero no se aprueban. Es una falta de voluntad clarísima”, agrega.
Patricia Molina, directora general del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), organización de la sociedad civil que se enfoca en acciones en torno a políticas ambientales, seguimiento y fiscalización de la gestión ambiental, señala que el problema de los pasivos ambientales lleva muchos años y que incluso durante el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, que empezó en 1985 con una serie de reformas económicas, se realizó “una auditoría petrolera que incluyó un acápite de los pasivos pero que fue un documento casi secreto, porque la idea era no pasarle estos pasivos a las empresas que estaban llegando para invertir”.
La experta explica también que hay varios vacíos en la norma vigente y que uno de ellos está relacionado a lo que debería ser considerado un impacto de la actividad petrolera. “En las normas bolivianas, inclusive la Constitución, la parte operativa es inexistente y obviamente hace nulos cualquier pasivo proveniente de la fase de exploración. Se considera impacto muy bajo, entonces, solamente se consideran los impactos de la explotación”, agrega Molina.
Los pasivos ambientales que ha dejado la actividad petrolera principalmente en el Chaco “son muy graves”, señala la experta de Fobomade. Básicamente, se trata de “pozos abandonados que están eliminando hidrocarburos, gases y desechos en una zona muy importante que es la Serranía del Aguaragüe, donde se origina toda el agua de una región que ya de por sí es seca”.
Perú: miles de pasivos sin remediación
“En algún momento encontramos un caso emblemático en Tumbes. Era un pasivo petrolero donde todavía brotaban restos de petróleo y, eventualmente, salía fuego. Y las personas lo consideraban como un atractivo turístico, como aguas termales. Adultos y niños se bañaban en ese pozo sin saber que era un pasivo petrolero”, recuerda Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. “Este es solo un ejemplo del riesgo que significan para la integridad de las personas”.
Desde el año 2014, Perú cuenta con un inventario de pasivos de hidrocarburos. Este inventario contiene más de 3000 pasivos ambientales en nueve regiones del país, la mayoría ubicados en la costa peruana, en las regiones de Tumbes y Piura, según la información recibida para esta investigación.
Existe, además, otra categoría para denominar a los lugares contaminados o afectados por petróleo y son los llamados “sitios impactados”, que corresponden específicamente a los puntos contaminados en el Lote 192 —antes 1AB— ubicado en la región Loreto, en la Amazonía peruana. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) actualmente existen 171 sitios y ninguno ha sido remediado.
Vásquez menciona que en el año 2015 la Defensoría publicó el informe Un llamado a la remediación, en el que advertía sobre los retrasos en la atención de los pasivos ambientales y recomendaba al Estado peruano, puntualmente al Ministerio de Energía y Minas, que por lo menos se priorice la remediación de aquellos pasivos que significaban un alto riesgo para la salud, la seguridad y la calidad ambiental. Han pasado ocho años y no se ha avanzado, señala Lissette Vásquez.
“Hay una deuda histórica con la población indígena de la región Loreto por la contaminación petrolera que ha habido a lo largo de todos estos años y se requería una medida urgente que de alguna manera se ha propiciado con este fondo de remediación”, dice la funcionaria de la Defensoría, en referencia al Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental creado en en el 2015 y que tenía por objetivo atender los puntos de alto riesgo.
Pero también están los más de 3000 pasivos ubicados principalmente en las regiones de Tumbes y Piura, en la costa norte del país. “Estas dos regiones son, históricamente, donde se inició la exploración petrolera y las poblaciones que están asentadas en zona petrolera siempre son afectadas. Se pone en riesgo su vida, su salud, su derecho a un ambiente sano y equilibrado”, agrega Vásquez.
El marco normativo existe, lo que hace falta es gestión, que las autoridades cumplan con su labor y el Estado priorice la implementación de estas acciones, explica la funcionaria. “En Perú, ninguna entidad del Estado podría argumentar la falta de marco jurídico para lograr la remediación de estos lugares afectados por la actividad petrolera”, dice Vásquez y agrega que es el Ministerio de Energía y Minas la autoridad responsable del proceso de remediación.
Para la congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, uno de los problemas es la falta de articulación entre los sectores responsables del sector hidrocarburos. “Hay una fragilidad institucional fuerte de todo el sistema de gestión ambiental en general. No hay quien haga un monitoreo y seguimiento constante del impacto en la salud de la población afectada. Eso quedó evidenciado en el [derrame] de Repsol”, menciona la congresista y vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Lo más reciente en Perú es la propuesta para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas de mayor nivel de conservación como son los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Esta propuesta de cambio en la legislación ha sido planteada por el Ejecutivo y pone en evidencia el interés de abrir los espacios más biodiversos a las actividades de extracción de petróleo y gas.
Colombia: una ley en camino
“La deuda no es solo ambiental sino que también es una deuda legislativa, de reconocimiento de esas afectaciones ambientales”, explica Cristian Avendaño, del Partido Verde en la Cámara de Representantes de Colombia. “Se tiene que empezar esa caracterización de los pasivos, superar el déficit legislativo que hay para el reconocimiento de los pasivos y abrirle paso a una reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a los mecanismos de compensación ambiental”, agrega.
El legislador se refiere al proyecto de ley presentado en octubre de 2022 por su agrupación política con el fin de regular y gestionar los impactos ambientales que han dejado las actividades extractivas, así como los rellenos sanitarios acaba de ser aprobada en el Senado de la República de Colombia y ha sido enviada al presidente Gustavo Petro para su aprobación final.
En Colombia estaba pendiente una legislación que caracterice de manera concreta los impactos ambientales dejados por las actividades petroleras, así como por la minería y otras actividades extractivas. En el caso del sector hidrocarburos se conoce como “impactos no resueltos” a los daños causados por esta actividad que, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, suman 161 en los departamentos de Antioquía, Boyacá, Putumayo y Santander.
Con la propuesta de ley se busca saldar la ausencia de información y crear un registro oficial que reúna los impactos causados por las actividades extractivas. “De acuerdo con esta ley, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá la responsabilidad de clasificar y determinar los pasivos ambientales. Luego, con esta clasificación, el Congreso tendrá la responsabilidad de redactar otro proyecto que permita darle una vía mucho más amplia y específica a las compensaciones ambientales”, dice Avendaño.
Cuando se le pregunta a Avendaño por qué se ha tardado tanto Colombia en atender ese vacío legal, responde que lo que ha primado en el país ha sido una “visión conservadora y extractivista de los gobiernos. Todo esto tiene que ver con una visión antropocentrista de desarrollo de los ecosistemas”.
Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, explica que la actividad petrolera en Colombia, en términos de volúmenes y campos de producción, es reciente. Según el portal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la baja producción de petróleo a inicios del siglo XXI llevó a pensar que el país tendría que importar combustibles. Esto no ha sido así y, actualmente, según el Ministerio de Minas y Energía, “las reservas probadas de petróleo pasaron de 2039 millones de barriles reportados en 2021 a 2074 millones de barriles en 2022”.
En cuanto a la normativa actual, Sarmiento asegura que “la autoridad ambiental es rigurosa, pero aún hay cosas por mejorar. Sin embargo, en los últimos 30 años ha tenido una evolución importante y tenemos instrumentos de control y seguimiento”. El experto menciona, por ejemplo, que con la Ley Ambiental de 1993 —mediante la cual se crea el Ministerio del Ambiente— surge la figura de la licencia ambiental y se comienzan a desarrollar los estándares metodológicos que rigen actualmente la actividad petrolera.
Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia (WWF por sus siglas en inglés), señala que lo principal de esta ley que acaba de ser aprobada es “contar con una definición de pasivo ambiental, porque sin definición adoptar acciones es muy complejo. En un año debe tenerse la reglamentación y la definición de pasivo ambiental por subsectores. Han sido 20 años peleando por esta ley”.
Cabrera también considera que la aprobación de la ley en Colombia es un mensaje para el resto de países de la región que no cuentan con leyes para los pasivos ambientales. “Es importante que se avance a nivel regional y se reglamente el manejo de los pasivos en toda Latinoamérica, además que se cuente con legislación para otras actividades extractivas como la minería ilegal, que es un generador de pasivos principalmente en la Amazonía”, precisa el experto.
- Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia contemplan la reparación de los daños ambientales en su normativa actual. Sin embargo, según los expertos consultados, “falta decisión política” para hacer cumplir las leyes.
- En Bolivia avanzan los planes de expansión de la actividad de hidrocarburos y en Ecuador se debate aún, en cortes internacionales, un caso emblemático de contaminación.
- En Perú ningún pasivo ambiental ha sido completamente remediado hasta el momento, mientras en Colombia se acaba de aprobar una ley para catalogar los daños ocasionados por la actividad petrolera.
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