La fábrica de agua del Chaco agoniza por la huella de la explotación de petróleo y gas en Bolivia

Ahora, como hace una década, aún es posible recoger petróleo de la quebrada Caigua. Aunque también es evidente que el caudal ha disminuido hasta convertirse en un débil riachuelo. Esa poca agua, explica Celia Choque, una vecina de Caigua que habita a los pies de la serranía, es la que alimenta una presa de donde se distribuye el líquido para el riego. Esta mujer, que también cría a su ganado en la zona de manejo integrado, acompaña al equipo de El Deber y Mongabay Latam a recorrer la serranía por el lado de Caigua. A diez minutos de camino, en vehículo, se avizora un pozo de agua de color oscuro y aceitoso.

Mientras recoge el líquido en una botella, Celia Choque dice que estas emanaciones de petróleo datan desde cuando su padre, en su juventud, llegó a Caigua. Justo cuando la empresa norteamericana Standard Oil, en 1924, tenía licencia para explotar el petróleo de esta región. A ella, ya durante la era del gas, le tocó lidiar con la muerte de su ganado. “Tomaban el agua y se morían. Le hacía hacer análisis con el veterinario y decía que se debía a la intoxicación. Nadie respondió por estas pérdidas”, dice.

Otra de las cosas que lamenta, pero a la vez siente temor al expresarlo, es la pérdida del nivel del agua de la quebrada de Caigua por los efectos de la exploración hidrocarburífera. Hace una década era distinto, asegura.

Por protestar contra las actividades petroleras al menos cinco líderes indígenas han sido procesados, lo que ha hecho que los habitantes se refugien en el silencio. La bondad de la naturaleza, al dotar de yacimientos hidrocarburíferos al Aguaragüe, se ha convertido en su maldición. La empresa estatal YPFB Chaco denunció en 2015 a los dirigentes indígenas por intentar bloquear el acceso de maquinaria a las zonas en donde se iban a perforar los pozos. Los dirigentes, como respuesta, justificaron el bloqueo porque no se aplicó la consulta previa a su territorio.

Pozos que siguen contaminando

A 29 kilómetros de Caigua, la quebrada Los Monos ya no existe. Felipe Moza, exdirigente de la comunidad San Antonio, ubicada a los pies de la serranía, lamenta que la voracidad por el petróleo y el gas no solo hayan dinamitado las capas de vegetación de esta área protegida nacional, sino que también asegura que se han destruido los cursos subterráneos y superficiales del agua, porque hasta se ha “cementado el río”, es decir, donde antes había un curso de agua ahora hay solo cemento.

Que el agua de los riachuelos que fluyen de la cima de estas montañas serranas esté contaminada con filtraciones de petróleo y que haya emanaciones de gas no es un secreto. De hecho, fue una de las conclusiones a las que llegó el estudio Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico publicado en 2017, en el que participó el gobierno de Bolivia y la Unión Europea.

Como parte de este estudio se realizó el inventario de 101 puntos de contaminación que aparecen georreferenciados en el informe, de los cuales siete fueron considerados pasivos y cinco pasivos representan un nivel de riesgo alto. Todos estos últimos se encuentran en la serranía del Aguaragüe. Y cada uno de ellos tiene sus propias particularidades.

El pasivo ambiental hidrocarburífero SAN-12, según se lee en el estudio, presenta fugas de gas provocadas posiblemente por daños en su estructura. En los suelos adyacentes al pozo SAN-13, así como en los sedimentos de la quebrada que se encuentra a 35 metros, existen altos niveles de hidrocarburos totales de petróleo, así como de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, que son compuestos orgánicos volátiles que están en los derivados del petróleo. En el campo Los Monos, los pozos LMS-X1 y LMS-6 presentan fugas de gas por daño en sus estructuras. Y el pozo LMS-10 tiene los mismos problemas, por lo que filtra hidrocarburos líquidos.

Según el estudio de 2017, los pasivos ambientales SAN-12, LMS-X1 y LMS-6 presentan una emisión de gas constante a la atmósfera. El SAN-13 también tiene emisiones, pero con menos intensidad. El más grave es el LMS-10, que representa un impacto ambiental severo para el agua, porque las concentraciones de hidrocarburos están por encima de los límites permisibles. Este pasivo está en la quebrada Los Monos, donde el afluente se secó por completo.

Este estudio desarrollado en 2017 incluyó a diez áreas protegidas afectadas por la explotación petrolera, incluido el Aguaragüe. Los pasivos ambientales hidrocarburíferos (PAHC’s) “se encontraban inadecuadamente abandonados y debido a las condiciones en las cuales se encontraban al momento de la inventariación (sic), representan riesgo ambiental”, dice parte del estudio.

Además, el texto añade que “la evaluación y el análisis de la información recolectada en función a la escala de valoración del impacto socioambiental producido por el PAHC concluye que cinco (5) de los 7 PAHCs categorizados ingresan en el nivel de alto riesgo, ubicando a los restantes dos PAHCs uno en el nivel medio y el otro en el nivel bajo, respectivamente”.

Concretamente con el caso del Aguaragüe, se inventariaron un total de 22 pozos hidrocarburíferos, de los cuales cinco representan un nivel de riesgo alto. Estos son los pozos Sanandita – 12 (SAN-12), Sanandita – 13 (SAN-13), Los Monos X1 (LMS–X1), Los Monos 6 (LMS-6) y Los Monos 10 (LMS–10).

EL DEBER y Mongabay Latam pidieron información a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al Ministerio de Hidrocarburos y al Viceministerio de Medio Ambiente sobre la situación de los pasivos ambientales en Bolivia. La cartera de Hidrocarburos solicitó redirigir la solicitud al Viceministerio de Medio Ambiente y está entidad mandó un soporte digital en el que se desglosa la investigación culminada en 2017, que es el estudio “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico”. Se preguntó si existe alguna actualización de este estudio y no hubo respuesta. YPFB no contestó a los requerimientos.

Así que no existe evidencia documental ni en terreno de que se hayan realizado trabajos de remediación en estos cinco pasivos ambientales.

El equipo periodístico viajó hasta el lugar en el que se encuentra el pozo que es identificado como el pasivo LMS-6. En el trayecto encontró hombres y maquinarias trabajando, además de dos reses muertas a la vera de lo que ahora es un camino y que antes era el cauce natural de la quebrada Los Monos.

El acceso a este punto del parque nacional Aguaragüe, así como por Caigua, es restringido. Al ser campos hidrocarburíferos de donde actualmente se extrae gas, está solo habilitado para los trabajadores de las empresas que prestan este servicio a la petrolera del Estado. Los campesinos e indígenas que crían su ganado en el área de influencia solo están habilitados para desplazarse en el área que corresponde a la zona de manejo integrado.

Con ellos se ingresó tanto a Caigua como a Los Monos. En ambos lados fue necesario franquear una reja. En el campo Los Monos la actividad era intensa, vehículos con personal entraban y salían. De tanto en tanto, se oía el sonido de una campanilla que anunciaba la presencia de una res. Según explican los comunarios, este artefacto es colgado en el cuello del ganado que deambula en el chaco serrano en busca del escaso alimento y agua. “Para encontrarlo más rápido”, dicen.

Felipe Moza, cuya comunidad San Antonio colinda con el Aguaragüe y por donde es el ingreso al campo Los Monos, recuerda las cristalinas aguas que fluían por el riachuelo y que ahora es un camino pavimentado. “Esa quebrada tenía animales silvestres, aves y pozas hermosas donde habían lagartos de distintos colores”, dice con pesar.

Yenny Noguera, líder indígena guaraní de Caigua, lamenta que la herencia de la actividad petrolera en el Aguaragüe sean los pasivos ambientales sin remediar, la escasez de agua, la afectación a los modos de vida de los pueblos indígenas y la criminalización de los dirigentes de las comunidades que reclaman por el respeto a la Madre Tierra y al “Vivir bien”, causa que abandera el actual gobierno.

Las huellas del petróleo

El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguaragüe fue creado el 20 de abril de 2000, mediante la Ley 2083 que, en su artículo 8, prohíbe “cualquier actividad que atente contra la conservación del área”, mientras que en el artículo 9 da luz verde a que “en casos excepcionales y cuando sea de interés nacional” se realice “el aprovechamiento de recursos mineros o energéticos”.

En el 2000 también se estableció al área protegida como una zona reguladora del régimen hídrico y como única fuente de agua del chaco tarijeño. Esa determinación no se respetó: la exploración y explotación de hidrocarburos siguió hasta secar los afluentes que daban vida al lugar. La bonanza económica que ha registrado Bolivia por la venta de gas y petróleo no se mira en las comunidades indígenas. La pobreza azota al pueblo guaraní y, en muchos casos, ni cuentan con los servicios básicos.

Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), explica a Mongabay Latam que de la primera etapa extractiva en el parque Aguaragüe quedaron al menos 60 pozos principalmente en las zonas Caigua, Los Monos y Sanandita. El experto afirma que muchos no fueron cerrados adecuadamente y aún provocan emanaciones de gases y líquidos.

En el estudio presentado por el gobierno de Bolivia se establece que el parque Aguaragüe es el más afectado por la explotación petrolera de todas las áreas protegidas en el país. Los cinco pasivos ambientales que se encuentran en el parque son una fuente activa de contaminación y de riesgo, principalmente para las comunidades de Sanandita y La Costa. En el estudio se recomienda incluso el cierre a corto plazo de los cinco pozos y que se realice una acción inmediata de contención de la contaminación de los pozos LMS-X1, LMS-6 y SAN12.

A inicios de diciembre de 2022, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en un acto público en el Chaco boliviano, afirmó que la estatal petrolera boliviana cumple con las normas ambientales y que se realizan proyectos a favor del medio ambiente en la explotación de hidrocarburos. El funcionario, sin embargo, tampoco respondió el cuestionario que esta alianza periodística le envió para conocer la situación de los pasivos ambientales en el Aguaragüe.

En la página de la estatal petrolera boliviana aseguran que identificaron una serie de “pasivos ambientales históricos”. YPFB detalla que a la fecha se subsanaron 21 000 metros cúbicos de suelo y 1200 metros cúbicos de líquidos contaminados. Además, se asegura que entre las acciones se hicieron limpiezas de quebradas. Sin embargo, la empresa no especifica los lugares de estas operaciones.

En 2017, durante la gestión de Cinthia Silva —viceministra de Medio Ambiente durante buena parte del gobierno de Evo Morales y quien también participó en el estudio realizado con la UE— se anunció un plan de acción para la remediación del pasivo ambiental del pozo Los Monos 10. Pero uno de los factores para no iniciar la remediación era la falta de recursos económicos.

“Hay denuncias de infecciones, enfermedades e incluso la inaccesibilidad de este recurso (agua) por parte de algunas poblaciones, justamente porque es agua que está contaminada. El caso de Caigua es el más ejemplificador al respecto”, detalla el investigador del Cedib, Jorge Campanini.

El experto asegura que las concentraciones de hidrocarburos van más allá de lo que permite la norma. “Luego de la intervención de pozos hubo un sector que bajó sus niveles, principalmente en Sanandita. Pero en zonas como Caigua e Itavicua eran elevados”, añade el investigador, quien se refiere a un trabajo de remediación que realizó YPFB en la zona del Aguaragüe, pero que según los comuneros no selló por completo el daño al medio ambiente.

A pesar de conocer el alto riesgo que conllevan estos pasivos ambientales para las comunidades, el gobierno boliviano siguió con los planes de explotación y exploración en la misma zona del Aguaragüe. Campanini asegura que entraron en funcionamiento cinco pozos perforados en el campo Caigua por YPFB Chaco S.A., una filial de YPFB. Lo mismo, pero en menor escala, en el campo Los Monos. También se cerraron los pozos Camatindi y Timboy x2, según el investigador.

En Villa Montes, Yacuiba y Caraparí, los tres municipios que conforman la provincia Gran Chaco, todos saben que su “fábrica” de agua agoniza, pero las voces de sus defensores son débiles y el Estado, a través del gobierno de turno, está concentrado en ver cuánto más gas puede explotar.

Esta investigación se realizó como parte de la alianza entre Mongabay Latam y El Deber.