Dina Boluarte acumula seis meses al mando de la nación latinoamericana. Un período en el que se han registrado diversos hechos en connivencia con la derecha.
El 7 de diciembre de 2022 el Congreso de la República destituyó a Pedro Castillo tras su intento de disolver el órgano legislativo. Desde entonces el país andino es gobernado por Dina Boluarte, quien era la primera vicepresidenta en el gabinete del profesor rural.
Ese día, en sesión solemne, anunció que completaría el quinquenio de gobierno a pesar de que la expectativa general era un interinato. “Asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, en este momento y hasta el 26 de julio del 2026”, juró.
Inmediatamente se desató una ola de protestas en rechazo a Boluarte y al Parlamento. Pese a las exigencias de la ciudadanía, la presidenta mantuvo su itinerario político.
Negación electoral
Miles de manifestantes tomaron las calles para exigir la renuncia de la presidenta y que así se diera una convocatoria de comicios generales de forma anticipada. Sin embargo, se negó desde el primer momento.
Su gabinete envió proyectos al Congreso que estipulaban adelantar los sufragios, empero los legisladores rechazaron hasta en cinco ocasiones la iniciativa. La propuesta ni siquiera fue elevada al pleno.
Desde marzo pasado no se ha vuelto a debatir la iniciativa en la Comisión de Constitución, a pesar de que casi 70 personas murieron en las movilizaciones antigubernamentales que le siguieron a la destitución. Del total de fallecimientos, 49 perdieron la vida por choques con las fuerzas de seguridad pública.
Apoyo de las bancadas derechistas
Si Boluarte llega este miércoles a los seis meses de gestión es, aparte de su negativa a dimitir, porque la mayoría en el Parlamento prevé culminar el mandato de ambos poderes hasta 2026.
Agrupaciones como Fuerza Popular (FP), de derecha conservadora, o Renovación Popular (RP), de ultraderecha, han reforzado la posición de Boluarte y actúan como su bancada ‘de facto’.
“Lo veo muy apresurado (…) no lo veo muy factible”, declaró la congresista del partido Acción Popular, María del Carmen Alva, cuestionada por el local Canal N acerca del adelanto de elecciones.
En una entrevista efectuada en enero pasado, cuando habían menos defunciones, sostuvo que la situación no era responsabilidad de sus colegas. “Estas protestas de pacíficas no tienen nada (…) tampoco vamos a hacer lo que nos digan las marchas violentistas“, dijo.
De hecho, el mes anterior la presidenta de FP y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, respaldó “decididamente” a Boluarte, por haber “llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”.
No obstante, Fujimori sostuvo durante meses que Castillo la había derrotado en la segunda vuelta de 2021 mediante un supuesto fraude electoral. Aunque la evidencia demostraba lo contrario y jamás se encontraron irregularidades.
Así se expresó Fujimori en su cuenta oficial de Twitter para defender a Boluarte, en medio del ‘impasse’ entre la mandataria y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador con motivo de la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico.
Conflicto con México y Colombia
López Obrador se niega a traspasar la presidencia ‘pro tempore’ del bloque comercial a Perú porque desconoce la legitimidad de Boluarte.
“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, afirmó recientemente el líder mexicano en una de sus tradicionales conferencias matutinas.
Una postura similar mantiene el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien al igual que López Obrador exige la restitución de Castillo.
Incluso esta semana hizo un paralelismo con lo sucedido en el país andino y lo que podría ocurrir en Colombia, en medio del escándalo por los audios filtrados del exembajador Armando Benedetti, en los que el diplomático insinuó que la campaña electoral de Petro habría recibido fondos ilícitos.
“Buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez”, aseguró Petro en referencia al exfiscal general y un supuesto intento de derrocarlo a través de maniobras judiciales.
Tanto López Obrador como Petro han sido designados personas no gratas por el Congreso peruano y las relaciones entre naciones han sido rebajadas a niveles mínimos.
Soporte de Washington
Desde diciembre de 2022, la Administración de Joe Biden avaló al nuevo Ejecutivo que lidera Boluarte de la mano del titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se pronunció a inicios del mes de marzo a favor de “elecciones libres” en Perú.
“El Gobierno y el pueblo del Perú decidirán el momento de sus elecciones. Nuestro apoyo a las instituciones democráticas del Perú es inquebrantable”, escribió Nichols en su cuenta oficial de Twitter.
Entretanto, la semana anterior el Gobierno aprobó el ingreso a territorio peruano de tropas de EE.UU. para “realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas”.
De junio a agosto entrarán al país latinoamericano con “armas de guerra” integrantes de las fuerzas especiales, de la Fuerza Aérea (USAF, por su sigla en inglés) y de la Fuerza Espacial (USSF) de EE.UU.
El reparto del poder
En este periplo hubo una serie de cambios en el Estado que ha llamado la atención tanto de medios de comunicación como de políticos locales.
Este martes el diario La República publicó una editorial luego de que Boluarte nombrara como nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario al empresario Álvaro Estrada, quien financió la tesis del supuesto fraude electoral.
“Un gobierno sin bancada y sin respaldo popular ha encontrado una mayoría en el Congreso desprestigiado, que les sirve como fuente de estabilidad mutua y que les garantiza una buena repartija”, afirmó el periódico.
En su texto indicó que allí “se han distribuido los puestos del TC [Tribunal Constitucional], la Defensoría y queda ahora colocar funcionarios que respondan a las eventuales alianzas que sirvan para sobrevivir, para proceder con la gestión de los recursos sin mayores controles políticos”.
Efectivamente en mayo el Parlamento oficializó la designación de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo, a pesar de las críticas porque fue abogado del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Además, Gutiérrez fue captado por el fotoperiodista John Reyes a principios de año en una reunión en un restaurante con el congresista fujimorista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución.
“Repartija: Esta es la votación de la vergüenza. Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos han hecho un pacto infame con Cerrón de Perú Libre”, aseveró el exparlamentario Jorge del Castillo tras la elección.
Incluso en el centenario diario El Comercio, vinculado históricamente al conservadurismo, se difundió un artículo de opinión del columnista Augusto Townsend Klinge titulado ‘Repartijas que destruyen la democracia’.
“¿Existe un acuerdo de voluntades ideológicamente diversas en el Congreso para desplegar una toma de control política de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia o el Jurado Nacional de Elecciones?”, preguntó.
Luego respondió: “Lo que puede afirmarse a estas alturas, sin ningún ápice de duda, es que el Congreso está tomando acciones o considerando aprobar iniciativas que comprometen la autonomía de cada una de las organizaciones mencionadas”.
Irónicamente, este mismo miércoles 7 de junio la presidenta promulgó una ley que permitirá al Parlamento y al Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación del procurador general de la República.
Un proyecto autorizado en el pleno del Legislativo con 62 votos a favor, encabezados por Fuerza Popular (23) y Renovación Popular (9).
“Todos salen ganando con el horizonte puesto en el 2026”, aseveró La República.
actualidad.rt.com
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