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Columnista Invitado: EL INQUIETO
Mediante contrato 2680885 la Secretaría de Salud de Bogotá adquirió kits de extracción automatizada para realizar la detección por biología molecular del COVID 19, junto con el apoyo tecnológico necesario para el procesamiento de dichas pruebas, por un valor total de $7.984.800.000. Dicho suministro se realizaría entre el 13 de agosto de 2021 y el 12 de abril de 2022 y se entregarían, en virtud del contrato enunciado, un número de 1.200.000 pruebas, asumiendo entonces que se utilizarían un promedio de 150.000 por mes en los ocho meses de vigencia del contrato aludido.
El valor unitario calculado para cada prueba era de $6.654
Eran tiempos procelosos, la pandemia rugía con todo su furor y causaba decesos por centenares con cada día que pasaba, por eso en su momento a nadie le pareció exagerado que apenas el 17 de diciembre de 2021, 4 meses después de celebrado ese contrato, la supervisión del mismo ordenará su prórroga y adición por $2.656.170.591 a partir del 13 de Abril de 2022, hasta el 12 de octubre de ese mismo año, para un valor total del contrato de $10.636.898.534,oo y un número adicional de 399.184 pruebas, para un gran total de 1.599.184 pruebas.
Como todo lo acontecido durante la pandemia, cualquier gasto relacionado con la detección, tratamiento y prevención de esa terrible enfermedad era de buen recibo y adicionalmente era publicitado por todos los medios buscando la aprobación de toda la población que exigía de las autoridades celo y diligencia, proactividad e iniciativa en lo referente a la lucha contra el COVID 19.
Sin embargo, empiezan a aparecer señales ominosas. En efecto, interrogada la Secretaría Distrital de Salud en relación con el uso de esas pruebas empieza a notarse que frente al valor proyectado de 150.000 pruebas mensuales el promedio de consumo real mensual de los test adquiridos venía paulatinamente disminuyendo y nunca alcanzó el valor proyectado. Esa tendencia se hizo más evidente desde septiembre de 2021 y apenas alcanzaba en promedio 75.000 pruebas mensuales (El 50% de lo proyectado) con lo que se hacía innecesaria la prórroga y adición del contrato en diciembre de 2021, pues había un stock de pruebas más que suficiente.
Esa situación se hizo más evidente si se tiene en cuenta que, según los datos suministrados por la propia Secretaría de Salud, el promedio de pruebas realizadas desde enero de 2022 no superaba 39.000 mensuales.
Ni siquiera agregando las pruebas que se utilizaron en el procesamiento de controles de calidad (Entre Marzo de 2020 y Octubre de 2022, o sea en un periodo de 30 meses, se realizaron 144.053 pruebas de control, para un promedio mensual de 4.802), tampoco las eventuales repeticiones para aquellos caso en que los resultados iniciales eran no concluyentes (En el mismo periodo señalado se hicieron 108.040 repeticiones, para un promedio mensual de 3.601), mucho menos si sumamos los controles a esas repeticiones que fueron para el mismo periodo de 7.203, para un promedio mensual de 240. O sea que mensualmente en controles de calidad, repeticiones y controles de esas repeticiones se utilizó un promedio de 8.643 pruebas.
Surgen entonces unos interrogantes muy válidos, en especial cuando se conoce que las tales pruebas tenían fechas de vencimiento que iban hasta agosto de 2022.
¿Con base en qué proyecciones epidemiológicas se estableció la cifra promedio de gasto mensual de pruebas de 150.000?
¿Si para agosto de 2021, en pleno furor de la pandemia, ni siquiera se alcanzaba esa cifra y ya en noviembre de 2021 se evidenciaba una cifra muy inferior a la inicialmente contemplada, lo que significaba que con el número inicial de pruebas adquiridas (1.200.000) bastaba y sobraba para cubrir los requerimientos, por qué se generó una adición por 399.184 pruebas más?
¿Si la fecha de expiración de las pruebas adquiridas inicialmente era agosto de 2022 y el gasto planeado de las mismas resultó ser muy superior al gasto real, qué pasó con esas pruebas después de agosto de 2022?
Y esto tan sólo después de un análisis inicial somero de los datos aportados. Adentrándose en detalles, escarbando un poquito más en profundidad empiezan a aflorar otras evidencias muy preocupantes: Lotes de pruebas reportados como adquiridos que no aparecen registrados en el inventario y otras cosillas más que en el contexto de las repetidas denuncias de sobrecostos infames en la compra de elementos tecnológicos, adquisición de ambulancias furgones, etc. generan válidas sospechas y muchos interrogantes adicionales.
No son éstas las únicas evidencias de negligencia y mala planeación durante la gestión de la pandemia en lo que respecta a Bogotá, recientemente en el concejo se han denunciado vencimiento de vacunas por razones que van desde fallas en el proceso de conservación hasta adquisición de biológicos con fechas de vencimiento muy próximas.
No es fácil para un ciudadano cualquiera adentrarse en las profundidades del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública)
Pareciera que esta herramienta, diseñada presuntamente para darle transparencia a la contratación pública y a la que, en ejercicio del derecho de todo ciudadano a conocer cómo se invierten sus impuestos y a recibir información clara y diáfana de la ejecución de la administración pública, debería ser de fácil y detallado acceso en profundidad hasta evidenciar con el máximo rigor la trazabilidad de ese gasto, tiene sus recovecos y sus trucos que opacan y dificultan ese control ciudadano.
Claro, cualquier opacidad es sospechosa, cualquier recodo puede esconder al ingenioso corrupto que depreda el presupuesto y las finanzas públicas. En un país donde las grandes riquezas pertenecen no a empresarios independientes sino a contratistas del estado uno tiene que sospechar de todo. “Hecha la Ley, hecha la Trampa”, es extraño, no le confiaríamos el cuidado de nuestros hijos a personas con cuestionamientos morales, pero elegimos personajes clara y repetidamente cuestionados en cargos de elección popular, comprometiendo con ello el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.
¿Quién nos entiende?
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