La decisión de avanzar o no quedó en manos del pleno, luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político no lograra aprobar su informe sobre este trámite.
La Asamblea Nacional de Ecuador decidirá este martes si continúa o no con el proceso de juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, acusado del presunto delito de peculado.
El titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, convocó al pleno del Congreso para las 10:45 [hora local] a la sesión número 868 para tratar el tema y resolver al respecto, informó la Asamblea Nacional en una nota de prensa.
La decisión de continuar o no con el proceso quedó en manos de todos los legisladores, luego de que el pasado sábado la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento no lograra aprobar su informe sobre el juicio político, que iba a ser remitido al pleno para su discusión.
A raíz de ello, se aplicó el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece si no se alcanza la votación requerida en las comisiones, «estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución».
Con ello, le corresponde a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional decidir si continúa o no el juicio político en contra del mandatario. Para aprobar la resolución se requiere de una mayoría simple, precisa la convocatoria; es decir, con el voto favorable de la mitad más uno de los presentes en la sesión del pleno (70 votos).
¿Qué pasó en Fiscalización?
El 6 de mayo, la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso ecuatoriano sesionó para conocer y votar su informe sobre el juicio político a Lasso, que luego pasaría al pleno del Parlamento.
Sin embargo, tras seis horas de sesión, los legisladores no aprobaron el informe, debido a que solo recibió cuatro votos a favor, de los nueve miembros de la Comisión.
A favor del informe se pronunciaron los tres legisladores de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya (BAN); así como el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio.
Entretanto, en contra votaron los parlamentarios Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, de Unión por la Esperanza (UNES); Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), y Bruno Segovia, exintegrante del movimiento indigenista Pachakutik.
Ese informe, como ya había adelantado el viernes Villavicencio, no recomendaba juicio político a Lasso, al concluir que el mandatario «no ha incurrido en el presunto delito de peculado» del que se le acusa.
«Los acusadores han sido tan mediocres» que «no han podido presentar una sola prueba», agregó Villavicencio el viernes, en una entrevista televisiva.
El delito
Lasso es acusado del presunto delito de peculado, por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que funciona en las Islas Marshall, considerado un paraíso fiscal, y que es dueña de buques para transporte petrolero.
La cuestión se remonta a 2018, bajo la administración de Lenín Moreno. Ese año, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con el que Amazonas Tanker Pool entró al contrato.
En noviembre de 2021, cuando ya Lasso estaba al frente de la Presidencia, la Contraloría General del Estado emitió un informe en el que señaló que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado, por lo que recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación, según reseñó Primicias, que tuvo acceso al documento.
Jhonny Estupiñán, quien era gerente de Flopec, intentó dar por terminado el contrato, pero habría sido removido de su cargo por esta razón, en marzo de 2022. Él planteó una acción de protección para volver al puesto y la ganó, por lo que fue restituido en junio.
No obstante, según las denuncias, a Estupiñán se le habrían impuesto dos asesores para la gerencia y en julio se firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.
El viernes pasado, Villavicencio comentó que los acusadores no presentaron «ni una sola prueba» de la firma de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool en julio del año pasado, durante la administración de Lasso. «Ese contrato no existe», recalcó. Por tanto, el parlamentario concluye que el mandatario no habría incurrido en ningún delito.
En la solicitud de juicio político, hecha el 16 de marzo, también se acusó a Lasso del supuesto delito de concusión, por la presunta corrupción en empresas públicas, tras unas revelaciones hechas en enero, que incluían la participación del cuñado del mandatario Danilo Carrera. Pero tras un análisis que hizo la Corte Constitucional, esta instancia aprobó un dictamen de admisibilidad parcial, admitiendo la acusación relacionada con el presunto delito de peculado (Flopec), pero no las incriminaciones sobre el otro cargo.
actualidad.rt.com
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