El Gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mueve fichas en varios tableros ante el desenlace definitivo de su juicio político en la Asamblea Nacional.
En los próximos días se sabrá si el órgano legislativo vota a favor de su destitución como presidente.
Por lo pronto, la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional rechazó un informe técnico elaborado por expertos dirigidos por el diputado oficialista Fernando Villavicencio, que recomendaba que el caso fuese archivado.
Después de este acto, el debate volverá a la plenaria, donde Lasso figura débil y solitario.
Primer tablero: el órgano legislativo
Como vemos, el principal centro de atención se ubica, lógicamente, en el ambiente legislativo donde cada curul cuenta para la votación definitiva.
Más allá de las diatribas administrativas en torno a la redacción del informe, resulta especialmente tirante la situación en el Partido Social Cristiano (PSC), cuyos curules son determinantes para la ejecución del juicio, debido a que dicho partido viene de apoyar a Lasso en las presidenciales de 2021, le salvó en el intento de juicio político en junio de 2022, pero ahora se ha declarado favorable a su destitución.
Esta semana, la asambleísta Karen Noblecillas abandonó la bancada del PSC. Su baja, la tercera de las últimas semanas para el partido, tendrían por objeto desmarcarse del pedimento de destitución de Lasso.
En un comunicado, Marcos Castillo Dávila, presidente de las juventudes socialcristianas, denunció que la mencionada legisladora habría sido «comprada» por el ministro de gobierno de Lasso, Henry Cucalón.
Las denuncias de compras de votos que se han dirigido hacia varias organizaciones políticas, así como el creciente número de asambleístas tránsfugas, eleva la tensión sobre las bancadas legislativas, especialmente las del PSC e Izquierda Democrática (ID), así como las de legisladores que atienden a movimientos regionales o independientes.
La oposición requiere 92 votos (de 137) para llevar adelante el juicio político. El correísmo, representado por Unión por la Esperanza (Unes) posee 49 escaños y Pachakutik cuenta con otros 27. Entre ambos sumarían 76 curules, pero les faltan unos 16 que podrían buscar en el PSC –que poseía 18 antes de unas cuatro bajas–, Izquierda Democrática (ID) que cuenta con 18; además de otros apoyos de movimientos provinciales e independientes.
Así las cosas, es posible que conseguir los dos tercios no sea tarea fácil y que cada voto pueda ser decisivo. Hay que recordar que en el anterior intento de abrir un juicio político a Lasso en la Asamblea Nacional, en junio del año pasado, la oposición obtuvo apenas 80 votos y quedó a 12 de lograr su objetivo. Ahora parece tener más certezas de poder lograrlo, aunque, como vemos, el gobierno también está haciendo su parte.
Es posible que conseguir los dos tercios no sea tarea fácil. Hay que recordar que en el anterior intento de abrir un juicio político a Lasso en la Asamblea Nacional, en junio del año pasado, la oposición obtuvo apenas 80 votos y quedó a 12 de lograr su objetivo.
A pesar de la importancia de este escenario legislativo, no es el único tablero en el que Lasso estaría jugando su futuro.
Segundo tablero: la inseguridad
El aumento de la delincuencia y el narcotráfico, así como la violencia carcelaria, han sido factores clave en la deslegitimación del gobierno actual, que se ha mostrado impotente para revertir el crecimiento desmedido de la inseguridad.
Solo durante el mes de abril, el país sufrió el asesinato de nueve personas durante un ataque en un puerto pesquero, además de un motín carcelario y explosiones en la ciudad de Guayaquil, hechos alimentan la sensación de inseguridad cotidiana.
Para un gobierno de derecha, el aumento exponencial de la violencia es un problema que mina las bases de su legitimidad, especialmente cuando la «mano dura» ha sido parte de su oferta electoral.
Es por ello que la semana pasada, Lasso firmó el decreto ejecutivo 730, que autoriza a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones contra el terrorismo y hacer uso de todas las herramientas a su disposición para enfrentar la incontrolable ola de violencia.
El decreto tiene como objetivo hacer ver que su administración no está paralizada ante el conflicto social y atada de manos por las imputaciones políticas, sino que todavía puede retomar la iniciativa.
Para un gobierno de derecha, el aumento exponencial de la violencia es un problema que mina las bases de su legitimidad, especialmente cuando la «mano dura» ha sido parte de su oferta electoral.
El problema es que la imputación de terrorismo puede tener varias significaciones en la política ecuatoriana.
En un comunicado, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazó el mencionado decreto y denunció que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) apunta a criminalizar las movilizaciones indígenas y declararlas como «terroristas».
Está denuncia no está hecha sobre suposiciones. En las revueltas de junio pasado, el gobierno calificó de «terroristas» a las organizaciones indígenas y campesinas que se lanzaron a las calles para protestar contra las medidas económicas del gobierno. Por esto, las mismas temen que las acusaciones sean utilizadas en su contra.
De ser cierto, el gobierno estaría preparándose para otro escenario: la calle.
Tercer tablero: la calle
Desde hace semanas la Conaie ha amenazado con una insurrección popular si la Asamblea Nacional no termina de deponer al presidente en el juicio político.
Es decir, si el tablero legislativo no produce un desenlace favorable a la destitución presidencial, entonces se espera que el conflicto supere los predios de la Asamblea Nacional y se traslade a las calles, lo que, como se sabe de sobra, en Ecuador puede producir un estruendo social con desenlaces indeterminados.
Desde los años noventa, el movimiento indígena ha producido ingentes procesos de movilización popular que han logrado su objetivo de deponer presidentes, hacerlos renunciar, acorralarlos o revertir decisiones de carácter neoliberal.
Ahora parece que no hay otro objetivo detrás de estas organizaciones que no sea destituir a Lasso, así qué, si la Asamblea Nacional no lo hace y él sobrevive al ‘impeachment’, es probable que la calle se imponga como escenario de conflicto político.
Cuarto tablero: la «muerte cruzada»
Ahora, si la oposición reúne los curules necesarios y el juicio resulta inminente, Lasso aún tendrá otro tablero al que puede acudir: la «muerte cruzada».
Esa es una disposición constitucional con la que el presidente podría convocar a elecciones generales adelantadas, presidenciales y legislativas, que suponen una tabula rasa institucional para barajar las fichas y empezar el juego de cero, lo que es una tentación para el presidente: en dominó, el que está perdiendo es el que tranca el juego.
El problema que tiene Lasso es que, después de las seccionales de febrero, su partido y sus viejos aliados se muestran muy debilitados, mientras que la oposición –tanto el correísmo como el movimiento indígena representado por Pachakutik– resultaron triunfadores en amplios territorios, incluyendo algunos feudos de la derecha, como lo eran la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guayas.
En la actual situación de inseguridad pública y crisis de legitimidad política, convocar unas elecciones puede convertirse en una jugada suicida para el gobierno.
Creo, el movimiento oficialista, podría incluso desaparecer. Por el contrario, el correísmo y el Pachakutik, podrían copar la escena institucional ecuatoriana.
Sin embargo, con la muerte cruzada, Lasso tendría un margen de maniobra de seis meses para convocar el proceso electoral, lo que podría darle tiempo para maniobrar políticamente, intentar cambiar la correlación de fuerzas y ganar algo de legitimidad.
La muerte cruzada es una decisión política arriesgada que seguramente no se tomará de manera unilateral por parte de Lasso, ya que también se mueven otros tableros en los que él mismo estaría ausente.
Último tablero: El vicepresidente en Washington
Llamó la atención del mundo político el viaje del vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Borrero, a Washington durante la primera quincena de abril, por un lapso de diez días. El alto funcionario sería el sucesor de Lasso, de llevarse a cabo el ‘impeachment’.
Por toda la situación planteada, no puede descartarse que ya en Washington se esté preparando el escenario de la transición presidencial, sin la necesidad de adelantar elecciones y, con ello, impedir un triunfo temprano de la oposición izquierdista.
El panorama ecuatoriano se complejiza en varios tableros que se juegan simultáneamente. Está misma semana puede saberse cuál de estos se impondrá y cuál será el desenlace definitivo.
Los cinco tableros donde se juega el futuro político de Ecuador
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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