FOTO: El Instituto Nacional de Migración fue creado en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. A casi tres décadas, está en análisis su desaparición. (Foto: José Luis González/Reuters)
El incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua que ocasionó la muerte de 40 migrantes mostró las deficiencias con las que opera el Instituto Nacional de Migración (INM). En sus casi 30 años de vida, el organismo ha sido señalado de corrupción, extorsión, tortura, abusos y más, por lo que esta institución a cargo de la Secretaría de Gobernación se perfila a su desaparición y a dar paso al surgimiento de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO).
Por su ubicación geográfica, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. La política migratoria solía enfocarse a la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, sin embargo, en los últimos años, creció el flujo de extranjeros en tierras mexicanas. Guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, haitianos han transitado por alguna de las cuatro rutas hacia Estados Unidos ya sea solos o en caravanas: Golfo de México, Pacífico-Sur, Centro-Pacífico o Pacífico Norte.
En el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se fundó al INM para dar protección y respeto de los derechos humanos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeras. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia serían sus rectores, pero esto no se cumplió.
Víctimas de delincuentes y autoridades
En su trayectoria, los migrantes no solo están vulnerables a ser víctimas del crimen organizado, también sufren extorsión de la autoridad migratoria, pero también malos tratos y abusos. Por años, el INM ha figurado entre las instituciones que más quejas por violaciones a derechos humanos tiene.
“Desde hace bastante tiempo, no es algo de ahorita, en el INM ha predominado la corrupción, condiciones laborales de los agentes de inmigración muy malas, discrecionalidad en las detenciones, perfilamiento en las detenciones, abusos. Desde el 2017 se hicieron recomendaciones al Instituto pero hizo caso omiso”, afirma Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del INM.
El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha reconocido los riesgos que enfrentan los migrantes en su paso por México, pero no los delitos de los que suelen ser objeto por parte de funcionarios.
Óscar Rodríguez Chávez, investigador en la Unidad Ciudad Juárez de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), afirma que los extranjeros son víctimas de criminales y autoridades.
“Las personas migrantes se encuentran expuestas a diversas vulnerabilidades y riesgo por parte de grupos criminales, así como funcionarios de distintas dependencias y niveles de gobierno supuestamente encargados de protegerlos”, afirma.
Migrar no es un delito, sino un derecho. A pesar de ello, los migrantes son tratados como delincuentes. Si en su tránsito por México son interceptados por el INM, son conducidos a una estación provisional, y a pesar de que deben ser detenidos por horas, pueden pasar hasta días en una estancia migratoria.
“Las estancias migratorias se parecen más a cárceles que a estancias de naturaleza administrativa, es una prisión preventiva. En las estancias hay hacinamiento, están mezclados hombres con mujeres, no hay espacios dignos para las personas, no hay calidad en alimentos”, afirma la senadora del PAN, Nadia Navarro, quien presentó una iniciativa para que las estaciones sean dignas.
Lo que sucedió en Ciudad Juárez pudo haber sucedido en cualquier otra estación migratoria. Por ello, son consideradas una bomba de tiempo.
“Cuando entramos a una estación migratoria, es una cárcel. He entrado en Iztapalapa, Tapachula, Acayuca, Reynosa, Tijuana, en todas es lo mismo. Me preguntaban hace poco ¿qué estación migratoria sigue?, la respuesta es cualquiera, cualquier estación migratoria en este momento tiene condiciones de estrés, malas condiciones, son prisiones”, agrega Pérez Bravo.
El investigador de El Colef considera que el incendio del 27 de marzo es resultado de una política que criminaliza a los migrantes.
“Es la consecuencia directa de políticas migratorias que criminaliza, victimizan y tratan de desincentivar la migración internacional y el transito e personas en tránsito por México”, advierte.
Una coordinación, ¿la solución?
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se creará la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.
El director del albergue para migrantes «Hermanos del Camino”, Alejandro Solalinde es quien está detrás del diseño de la nueva instancia que buscará garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Si bien el proyecto tendrá que esperar a que concluyan las investigaciones en torno al incendio del 27 de marzo, prevé un cambio de fondo: al menos 10 reformas a leyes y reglamentos.
“Nos parece adecuado que se pretenda reestructurar al Instituto, no estamos peleados con la idea, pero nos inquieta que va a tomar mucho tiempo porque se necesitan por lo menos 10 reformas”, explica Mauro Pérez.
Un cambio esencial es que los militares dejarían la estructura del Instituto Nacional de Migración. La Sedena y la Marina, instituciones aliadas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están a cargo de más de una docena estaciones estatales del INM.
“En 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto (…) Sin menoscabo de los méritos militares que pudieran tener las personas nombradas, la conducción de las representaciones del Instituto Nacional de Migración en las entidades federativas del país, debe encausarse hacia una perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, más que de seguridad, pues esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”, revela el informe Bajo la Bota realizado por la a Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Los cambios que requiere la política migratoria van más allá del nombre a la institución encargada de la política migratoria.
“Esta coordinación va a tardar va a tardar mucho, no va a ser de la noche a la mañana y no se va a solucionar el problema si nada más le quieren cambiar el nombre, no vamos a llegar a nada”, advierte Mauro Pérez.
Aún sin ser la institución adecuada para atender a los migrantes, el INM lleva 30 años de operación. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fue creada en 1980 para atender los flujos migratorios que buscaban protección. Ambas se han visto rebasadas por el derecho a migrar ejercido por miles de ciudadanos.
El INM no solo se encarga de la migración de extranjeros, sino de mexicanos en retorno. Tiene a su cargo más de 300 delegaciones y subdelegaciones y está a cargo del control migratorio en 191 lugares de tránsito internacional, entre ellos 65 aeropuertos internacionales, 67 puertos y 59 cruces terrestres.
Mientras México discute si asume el reto o no de someter a una transformación profunda a la institución, las víctimas no deben quedar de lado y las responsabilidades a quienes incurrieron en una omisión, deben ser aplicadas.
“Me inquieta que se esté hablando de un cambio al INM, y no de los responsables de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, de la reparación del daño y de las medidas de no repetición”, sentencia el presidente del consejo ciudadano del INM.
LIDIA ARISTA
FUENTE: POLITICA EXPANSIÓN
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