Autorizan intervención de archivos de inteligencia colombiana

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia emitió un comunicado el jueves en el que reveló la modificación de las medidas cautelares adoptadas sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

De esta manera se mandata que el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política archivística del país, realice el diagnóstico integral, clasificación, organización e inventario técnico de todos los archivos que tiene bajo su custodia.

De acuerdo con la decisión “es ideal que los documentos sean clasificados de tal manera que se pueda facilitar su consulta, enfocándose en la construcción de un inventario, que no ponga en peligro a las personas relacionadas en aquellos o amenace con violar sus derechos fundamentales”.

En ese mismo sentido, en la decisión judicial la Sala de Reconocimiento autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia para que dé trámite favorable al ingreso de las personas que sean designadas por el Archivo General de la Nación y que procederán con el diagnóstico, clasificación, organización e inventario técnico de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados que tiene en custodia del DAS.

Desde la propia JEP destacan que «la importancia del inventario no solo se relaciona con la posibilidad de preservar los archivos, sino en tener certeza de cuáles corresponden a archivos de derechos humanos, lo que permitirá a su vez garantizar el acceso y consulta a las víctimas y a la sociedad, en aras de proteger los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

​La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP.

La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.

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