La Cámara de Diputados brasileña acelera el tratamiento de la nueva ley sobre fake news

El proyecto no tuvo que pasar por ninguna comisión y se votará directamente en el pleno la semana que viene.

La Cámara de Diputados brasileña aprobó el martes la urgencia del Proyecto de Ley (PL) sobre las fake news. Por decisión de su presidente Arthur Lira del Partido Progresista (PP) la votación, con 238 votos a favor y 192 en contra, no necesitó mayoría absoluta.

Gracias a esta estratagema, el proyecto no tuvo que pasar por ninguna comisión de la Cámara y se votará directamente en el pleno la semana que viene, probablemente ya el martes. Iniciado por el senador Alessandro Vieira, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el PL sobre las fake news había sido aprobado en el Senado en 2020.

Sin embargo, luego sufrió alteraciones significativas en la Cámara con algunos puntos que, si en el proyecto final no serán bien explicitados, plantean dudas sobre la esencia democrática de la propia ley. De hecho, el núcleo de la propuesta es la creación de una agencia “autónoma”, establecida por el Gobierno, con superpoderes. Según la poca información que se filtró del texto, este organismo regulador comprobará que las plataformas cumplen la ley, establecerá procesos administrativos y aplicará sanciones en caso de infracción, pero sin ofrecer ningún detalle sobre el perfil de los nuevos Catones censores, ni sobre los criterios que utilizarán para calificar los contenidos como ilícitos.

Cabe recordar que no existe un mecanismo de este tipo en el mundo, excepto en China, donde plataformas sociales como Facebook, Twitter e Instagram están prohibidas y existen sólo las nacionales, controladas por el Gobierno. En el resto del mundo se utilizan otras leyes, que también existen en Brasil, que ya regulan delitos como la apología del nazismo, la difamación, las amenazas terroristas y las actividades delictivas contra menores.

Además, la última versión del proyecto de ley estipula que los políticos no pueden bloquear seguidores en sus perfiles de redes sociales y que las aplicaciones de mensajería deben limitar la distribución masiva de contenidos. El texto establece una multa de hasta un millón de reales por hora, unos 200.000 dólares, para las empresas que no cumplan las órdenes judiciales de retirada inmediata de “contenidos ilegales”. La difusión de noticias falsas podría castigarse incluso con hasta tres años de cárcel.

En definitiva, si un texto de este tipo se vota en Brasil sin permitir un debate abierto y transparente en el que participen la sociedad civil y los representantes de las propias plataformas – que claman por esta discusión – y si se mantienen las ambigüedades textuales que pueden interpretarse de cualquier manera, se corre el riesgo de normalizar el absurdo que nunca ha llevado a nada bueno en la historia.

Pero, ¿por qué tanta prisa? La urgencia de la votación coincide con un momento muy delicado y de nueva polarización para Brasil, que se prepara para la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los acontecimientos del 8 de enero. Ayer se inauguró la comisión y es probable que los trabajos comiencen ya la próxima semana. La tensión política ya está por las nubes. El líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede, ha hecho saber que no permitirá que “los investigados se conviertan en los investigadores”.

La CPMI estará compuesta por 32 parlamentarios que serán elegidos por los líderes de los partidos, pero el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula teme que la oposición se haga con el control de la comisión y desmonte la versión del gobierno de que las invasiones no fueron infiltradas y que no hubo omisión de las autoridades federales.

La principal acusación es que se permitió la devastación, facilitando en consecuencia el empoderamiento político de Lula en torno a un sentimiento de unidad nacional, ya que casi todos los brasileños, incluso la inmensa mayoría de los que votaron a Bolsonaro el año pasado, el 49,1% del total, sintieron repulsa por la violencia del 8 de enero. También ayer mismo, el ex presidente Jair Messias Bolsonaro fue interrogado sobre los hechos que condujeron a los eventos del 8 de enero. Preguntado por la policía federal sobre un vídeo de terceros que él mismo divulgó en el que se cuestionaba el sistema electoral brasileño, Bolsonaro respondió de forma surrealista: “lo compartí sin darme cuenta porque estaba en el hospital de Orlando bajo los efectos de la morfina”.

Entre los grandes defensores de la urgencia de votar la ley de las fake news está el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral (STE) desde el agosto del año pasado, duramente criticado incluso por un duro editorial del New York Times por sus drásticas decisiones, especialmente durante la campaña presidencial, que llevaron al bloqueo de perfiles y contenidos en las redes sociales.

Famoso ha sido por ejemplo el caso de Telegram, que ignoró una decisión de la justicia brasileña de suspender el canal del diputado más votado del país, el bolsonarista Nikolas Ferreira, juzgada por Telegram “como una decisión indebida, irregular y desproporcionada”. Por ello, la plataforma fundada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov prefirió pagar una multa de 1,2 millones de reales, 232.000 dólares.

Entre las recomendaciones que se añadirán al texto que de Moraes envió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, y al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, está que se eliminen contenidos y perfiles sin que los usuarios sean informados. Además, se hará a las redes sociales “civil y administrativamente responsables” de aquellos contenidos difundidos de forma automática, vía algoritmo o vía contenidos pagados además de perfiles falsos. Esta nueva obligación no tiene en cuenta la dificultad objetiva de identificar perfiles y redes falsas con las que suelen operar dictaduras como China y Rusia para sus campañas de desinformación. Si bien la intención de contrarrestar la desinformación es correcta, al imponer a las redes sociales una relación basada en la punición y no en la cooperación se corre el riesgo de expulsar del país a las principales plataformas con el consiguiente impacto sobre la libertad de expresión.

Ayer, además, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, calentó aún más el debate al afirmar que fue “Satanás quien inventó los grupos de Whatsapp, las fake news y los políticos que creen que Internet es una broma. De vez en cuando me encuentro con alguno y digo que hay que exorcizar a estos seres malignos”. Las declaraciones se produjeron a raíz de la suspensión de Telegram en Brasil, acusada por la justicia brasileña de no cooperar con una investigación sobre grupos neonazis.

Fábio Coelho, presidente de Google Brasil, reaccionó con dureza al proyecto de ley. Entrevistado por la prensa brasileña, lo llamó “draconiano” y añadió: “¿Qué empresa extranjera va a estar interesada en venir a Brasil si el país tiene una de las legislaciones más draconianas e inciertas posibles? ¿Quién va a querer apostar por una empresa brasileña?”. Esta incertidumbre legislativa ya había sido objeto de fuertes polémicas en otros aspectos de la economía, por ejemplo con la introducción en marzo de la tasa de exportación del 9,2% sobre el crudo. Ya entonces se acusó al Gobierno de no respetar las reglas de las subastas de concesiones de yacimientos petrolíferos, que tenían lugar sin este impuesto. Tanto Google como las redes sociales culpan al gobierno por no permitir una discusión más amplia y de abajo hacia arriba sobre el problema. Para Marcelo Lacerda, director de políticas públicas de Google Brasil, “en la forma actual del proyecto, es probable que el resultado sea más desinformación online, no menos”.

En realidad, bastarían algunos artículos de la ley para gestionar mejor el problema de la desinformación, como impedir el anonimato mediante una certificación digital asociada a un código fiscal. También hay que recordar que las principales plataformas ya cuentan con personal interno especializado en moderación de contenidos y fueron ellas las que iniciaron el llamado de Cristchurch Call. Desde el ataque a la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda en 2019, las principales plataformas sociales junto con más de 50 gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han iniciado este plan de acción de la comunidad internacional para eliminar el terrorismo y el extremismo violento de las redes sociales. El gobierno de Brasil nunca ha participado aunque ahora sea precisamente la lucha contra el extremismo en Internet lo que está convirtiendo en su caballo de batalla, entre otras cosas por una serie de atentados o intentos de atentado contra escuelas brasileñas que se han intensificado en los últimos meses. En resumen, lo que está ocurriendo en Brasil es algo verdaderamente excepcional.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de su Constitución que garantiza la libertad de expresión, siempre ha condicionado el debate. En Europa, en cambio, existe la propuesta de ley del Digital Services Act (Norma de servicios digitales), según la cual las plataformas deben revelar información que hoy es secreta, como el funcionamiento de los algoritmos en la moderación y difusión de contenidos falsos. Sin embargo, Europa, a diferencia de Brasil, se centra en la regulación de los procesos, no de los contenidos. Lula pretende llevar el debate a nivel mundial y se ha mostrado dispuesto a discutir el tema en el próximo G20 y con los BRICS que, sin embargo, cuentan entre sus miembros con países como China y Rusia, no precisamente un ejemplo de libertad e información veraz. “No puede ser el problema de un solo país. Tiene que ser una cuestión de todos los países del mundo para regular algo que da tranquilidad al régimen democrático”, dijo Lula.

Por Maria Zuppello / Infobae