Representantes de 20 países estuvieron presentes en la cumbre convocada por el Gobierno de Colombia.
Las delegaciones internacionales que participaron este martes en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela emitieron una declaración con sus recomendaciones para reanudar las conversaciones suspendidas en Ciudad de México, entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la facción radical opositora, conocida como ‘Plataforma Unitaria’.
El canciller colombiano, Álvaro Leyva, se encargó de leer el documento —desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá— en el que los países participantes encontraron «posiciones comunes» en torno a varios temas fundamentales para destrabar el conflicto político.
El primer punto, dijo Leyva, apunta a «establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos». Sobre esto, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.
El segundo aspecto de la declaración indica que «los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones» impuestas contra el Gobierno venezolano.
Mientras que el tercer elemento en el que coincidieron los gobiernos participantes indica que «la confirmación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la celebración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela«.
Este último punto atiende el llamado realizado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien advirtió el lunes que para reanudar el diálogo con la ‘Plataforma Unitaria’, EE.UU. debía devolver y depositar los 3.200 millones de dólares pactados en el acuerdo parcial firmado en noviembre de 2022 en las rondas de conversaciones de Ciudad de México.
Evaluación y seguimiento a los puntos alcanzados
El canciller colombiano agregó que tras el evento, representantes de un grupo de países que hicieron parte de la Conferencia informarán al presidente Maduro, a los partidos, sectores de oposición y a la sociedad civil los resultados del evento «para su evaluación y comentarios».
«Se procederá a convocar prontamente, en una segunda oportunidad, a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro, a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy», dijo.
Leyva agregó que los participantes del encuentro recogieron las palabras ofrecidas por el presidente Petro durante la inauguración de la cita y las tienen como «punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado».
Al inicio de la cumbre, Petro resaltó que los países asistentes analizarían la situación venezolana con base en una balanza de «dos rieles», que por un lado busca dar todas las garantías al próximo proceso electoral, y por otro, la eliminación progresiva de las sanciones unilaterales impuestas a Caracas, para así tratar de destrabar el diálogo y bajar las tensiones entre las partes.
Además, Colombia incluyó como propuesta el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que de esa forma ratifique la Convención Interamericana. No obstante, Petro también abogó por revisar, reformar y actualizar esa normativa para que sea suscrita nuevamente por todos los países del continente americano y así evitar que la región quede envuelta en épocas oscuras de violencia, desapariciones y guerra.
«América no puede ser un espacio de sanciones»
Durante la inauguración del evento, Petro también resaltó que el continente americano no puede ser más un espacio de sanciones sino una región de libertades, para así poder garantizar la paz y una sociedad «más igualitaria y libre», que aspire a vivir en mejores condiciones en su calidad de vida.
«América no puede ser un espacio de sanciones, América tiene que ser un espacio de libertades y América tiene que ser un espacio de democracia», expresó Petro, quien alentó a los participantes de la cumbre en Bogotá, no solo a aportar soluciones para Venezuela, sino también a trabajar para conseguir una ruta que permita el proceso de reconciliación, convivencia, unión y paz para la región.
Para el mandatario colombiano, la región requiere de un proceso urgente y profundo hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina, que ponga fin al camino de la división, el conflicto y la guerra.
Esa renovación, dijo, debe formularse a través de una reforma y actualización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1972 que permita a todos los países del continente renovar sus compromisos democráticos.
Para el mandatario colombiano, la mencionada convención ha sido vulnerada no solo por las dictaduras militares que se instalaron en la región décadas atrás, sino también por los radicalismos políticos que atentan contra la estabilidad de gobiernos electos popularmente, a través del auspicio de golpes de Estado, incluyendo los de tipo parlamentario.
En ese sentido, resaltó que no se trata de un asunto de derechas o izquierdas, porque en la historia reciente se han visto intentos de ambos bandos de propiciar salidas forzadas de gobiernos legítimamente constituidos, como lo sucedido recientemente en Perú y el proceso que se adelanta en Ecuador contra Guillermo Lasso.
Al evento acudieron 20 representantes de distintos gobiernos de América, África y Europa. Además de la delegación colombiana, estuvieron presentes Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, EE.UU., Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
Pronunciamiento de Caracas
Este martes, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado, a través de la Cancillería, en el que señaló que «tomó nota» sobre las deliberaciones realizadas en la conferencia internacional.
En el texto, Caracas reiteró que para avanzar en el diálogo político es imprescindible cumplir con los compromisos alcanzados en México en noviembre del año pasado.
Con especial énfasis, reiteró «la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional, que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país».
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